Los municipios del narco

Eric Ramírez fue detenido en un operativo de fuerzas federales cuando viajaba de Morelos a Guerrero con Adán Casarrubias, alias El Tomate, sucesor de su hermano Sidronio en el liderazgo de Guerreros Unidos, la banda de narcotraficantes que, con el apoyo de las autoridades y la policía de Iguala, secuestró y asesinó a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Podría ser uno más de los muchos episodios de la oscura, infame e interminable narcotrama de estos años. Pero no es así. Se trata del nuevo presidente municipal de Cocula, postulado por el PRD y respaldado por el voto de la mayoría tan sólo unos meses después de los terribles hechos ocurridos en septiembre de 2014 en el basurero de ese municipio del estado de Guerrero. El caso es inaudito.

¿Nadie tenía información sobre este sujeto y sus vínculos con el narco? ¿Las circunstancias no ameritaban un cuidado extraordinario en la selección de los candidatos de todos los partidos en ése y otros municipios de la región? ¿La población no lo conocía? ¿No había indicios públicos de su relación con Guerreros Unidos? En Cocula, como en todos los municipios pequeños del país dominados por narcotraficantes, la gente sabe quién es quién. Haya sido por simpatía o miedo, por las buenas o por las malas, el punto es que lo hicieron presidente municipal, reflejo elocuente e inquietante del control político, social y territorial del narco en esas poblaciones.   

Pero seamos claros y justos. El problema en este caso atañe directamente al PRD y, por ello, es inaceptable que eluda su responsabilidad; pero a la vez lo trasciende, pues los casos de infiltración de organizaciones criminales en gobiernos y policías municipales —sin excluir otros niveles gubernamentales— se ha convertido en una constante en las regiones y entidades donde ejercen su dominio. Se trata de un problema estructural que hoy se manifiesta de forma acentuada en el frente de la seguridad pública, pero que también afecta el debido cumplimiento de otras funciones básicas. Me refiero a la extrema debilidad y evidente incapacidad institucional de buena parte de los 2 mil 445 ayuntamientos del país. La mayoría, sencillamente, no tiene las condiciones para garantizar seguridad, generar las infraestructuras necesarias, brindar servicios públicos de calidad y, en suma, ofrecer un ejercicio de gobierno eficiente. Por si fuera poco, la corrupción en la esfera municipal —aunque no sea la más cuantiosa— es la que más afecta a la población en su vida cotidiana.

El ideal del ayuntamiento como el espacio del poder público más cercano a la sociedad y más abierto a la participación ciudadana, cuya realización se alcanzaría con un ejercicio de gobierno democrático, legal, eficaz y transparente, con prácticas e instrumentos directos de consulta y control ciudadanos, no ha dejado de ser eso, un ideal. Si bien algunas administraciones municipales, sobre todo en ciudades grandes y medianas, han logrado profesionalizar y modernizar el desempeño de sus funciones, lo cierto es que la gran mayoría de los municipios del país no tiene, ni tendrá pronto, las condiciones para hacerlo, porque la única vía para la realización de ese ideal  pasa por la construcción de ciudadanía y la formación de cuadros profesionales para los ayuntamientos —y eso lleva tiempo—, antes que por la dotación de mayores recursos financieros. La cuestión, nada sencilla, consiste en decidir qué hacer con todos los ayuntamientos que, hoy por hoy, no tienen la capacidad para garantizar seguridad y gobernabilidad, en tanto se resuelve esa doble exigencia de capital humano, ciudadanos y funcionarios, para darle sustancia y soporte a los municipios sometidos al poder del narco. Eludir este debate implica abandonar a millones de mexicanos a la suerte de la barbarie.