De manicomio

Televisa anunció que estudiará la resolución de la CFC, con respecto a su inversión en Iusacell

La resolución de la Comisión Federal de Competencia de autorizar condicionadamente la inversión de Televisa en Iusacell ha despertado cualquier cantidad de calificativos por parte de los expertos, quienes lo menos que dicen es que es de manicomio o que muerde en lo ridículo.

La empresa que encabeza Emilio Azcárraga Jean anunció oficialmente que revisará la resolución y determinará si la acepta o la impugna. Es importante destacar que, según el organismo que preside Eduardo Pérez Motta, si en cinco días no aceptan sus términos, se negará la inversión.

Grupo Salinas, presidido por Ricardo Salinas Pliego, concentró su opinión en señalar que revisarán los alcances de la resolución y determinarán si conviene o no a sus intereses. Lo que sí dejaron claro en sus comunicados es que están a favor de una mayor y mejor competencia en todos los ámbitos de la vida nacional y en contra de los monopolios.

Ambas empresas reiteran que esta alianza le da a Iusacell una mayor capacidad de competir en contra de Telcel, que prácticamente tiene todo el mercado de la telefonía móvil, más de 70%; seguida de Movistar con algo así como 20% y Iusacell con poco más de cuatro por ciento.

Como ya es público, el miércoles las telefónicas que encabezan Francisco Gil Díaz y Adrián Steckel anunciaron un acuerdo a través del cual compartirán infraestructura para dar mayor y mejor cobertura a sus bases de clientes. Los críticos oficiosos rápidamente dijeron que se trataba de una alianza para luchar en contra de Telcel y que eso no era competitivo. Bueno, allá ellos y sus opiniones sobre la competencia.

Lo que tienen que determinar ambas empresas con celeridad es qué tan onerosas y legales son las condiciones que pretende aplicar la CFC, puesto que algunas de ellas están fuera de su control y otras no tienen nada que ver con la alianza telefónica. De acuerdo con expertos consultados por este columnista, algunas de las condiciones son frívolas y otras rayan en la estupidez, puesto que no sólo es dudosa su legalidad sino, también, su aplicación.

Condiciones

Una de las condiciones, que le señalamos ayer en exclusiva, es que sea exitosa la licitación de las 306 frecuencias de televisión abierta. La pregunta desde el primer momento es: ¿cómo se determina que la licitación sea exitosa?

No debe perderse de vista que los comisionados de la Cofetel no han tenido una visión homogénea, lo que podría retrasar el proceso. Si no es “exitosa” la licitación (que no es de dos cadenas, como insisten muchos, sino de 153 cadenas analógicas y sus espejos digitales), ¿sería por culpa de las dos televisoras o quizá porque no haya postores?

Carlos Slim, que algunos veían como el gran tirador, anunció oficialmente que no participará en este proceso.

Televisión

Otra de las condiciones absurdas es que acepten a todos los anunciantes de telecomunicaciones en las televisoras de Televisa y Azteca. ¿Alguno de los comisionados pensó en que esto podría implicar que algún anunciante de telecomunicaciones tratara de establecer precios ridículos por salir en esas pantallas y que los otros los tuvieran que aceptar?

La salida de las empresas de Carlos Slim, contrariamente a la leyenda popular, de la pantalla, se debió a diferencias sobre el precio y no a la guerra que algunos inflan con gravísima falta de información.

Ante estas condiciones que poco o nada tienen que ver con la competencia en telefonía móvil, un mercado diez veces más grande e importante que el de la televisión abierta, algunos analistas consideran que se trató de una suerte de venganza de la CFC o, en el peor de los casos, mantener la disparidad que existe en el sector en contra de los consumidores.

Negarían

En la entrega de ayer, cuando le dábamos a conocer en exclusiva la notificación y sus puntos principales, ya anticipábamos que muy posiblemente Televisa y Iusacell no aceptarán e impugnarán en tribunales, pues existen graves dudas no sólo de la legalidad sino de la pertinencia económica y de negocios de aceptar condicionamientos que van en contra de la competencia.

A varios días de que se venza el plazo, la realidad es que se ven pocas posibilidades de que ambos grupos acepten estas condiciones que, en el menos malo de los casos, son muy vagas.

Juguete

El juguete se le está agotando a Gerardo Badín. El síndico conciliador del concurso de Mexicana de Aviación ha hecho todo lo que está a su alcance para impedir que haya transparencia de su gestión.

Se le acusa, entre otras cosas, de tener en la nómina a familiares, amigos y estar disponiendo de los bienes del concurso mercantil como si se tratara de su patrimonio.

Este hombre, junto con los vividores de Med Atlántica, no está ni remotamente cerca de tener un acuerdo con los acreedores. De hecho, con los de mayor monto ni siquiera tiene conversaciones, puesto que no les parece una persona seria y, el grupo de Christian Cadenas, una partida de vividores.

Badín se ha dedicado a grillar con toda su fuerza la entrada de White and Case como auditor, tal y como lo marca la ley, puesto que, según él, ve conflictos de interés, pero no lo hay cuando él se opone a que auditen su gestión. Es evidente que este caso está a punto de llegar a un fondo, pues los acreedores y el despacho de Vicente Corta están a punto de establecer recursos en contra de Badín.

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