¿Usted perdone?
Como parte de la reestructuración en los organismos autónomos es necesario que se hagan públicas las discusiones de los comisionados
Tradicionalmente se ha dicho que una de las grandes debilidades del sistema de impartición de justicia en México es el usted perdone, que se refiere a cuando las autoridades se equivocan en el cumplimiento de la justicia.
Los órganos autónomos, como hemos reiterado en este espacio, tienen que ser redefinidos, nuevamente están dando señales de que no se puede aplicar ese principio, pues debilitan la seguridad jurídica y, lo más grave, dañan a terceros indefensos.
No nos detendremos en los abusos y exceso del IFE, encabezado por Leonardo Valdés, que en gran medida tiende a ser parte de las grandes dudas democráticas que afectan al país. Sin embargo, sí vale la pena analizar dos casos recientes en otros órganos autónomos como son las comisión federales de Competencia (CFC) y de Telecomunicaciones (Cofetel).
Primero. El pleno de la CFC retiró la multa por prácticamente 12,000 millones de pesos a Telcel bajo principios como que decir que no es su función cobrar multas (aun cuando está especificada en la ley) y que prefieren un mal arreglo en lugar a un buen pleito, lo que habla de la poca confianza que tienen en cómo se administra la justicia en el país.
Según los dichos del presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, la empresa que dirige Daniel Hajj reconoció implícitamente que había cometido acciones monopólicas y que por lo tanto ofreció la aplicación de un programa de corrección a cambio del cual le fue condonada la multa más elevada de la historia. En el expediente de poco más de 70 fojas del pleno de la CFC alcanza a quedar claro que no dieron marcha atrás a la multa porque hubieran encontrado elementos que les exculparan sino porque prometieron enmendarse.
Otra vez siguiendo la voz de Pérez Motta el cerrar el expediente aseguró que de acuerdo con un estudio realizado por la OCDE y la propia CFC el consumidor ahorraría seis mil millones de dólares anuales que eran el monto de la práctica nociva.
La investigación comenzó en 2006, así que nada más haga cuentas de cuánto dinero le costó a los consumidores durante este lapso. El Congreso analiza en comisiones llamar a comparecer a los comisionados de la CFC para que expliquen, pues suponen que se negoció la aplicación de la ley.
Desde antes que se diera a conocer esta decisión, señalamos que como parte de la reestructuración necesaria en los organismos autónomos es necesario que, entre otras cosas, se hagan públicas las discusiones de los comisionados, tal y como la hace la junta de gobierno de Banco de México, para que se eliminen suspicacias y los participantes en los mercados puedan saber cómo se construye el pensamiento.
Otro punto relevante sería establecer coordinación entre organismos como CFC y Cofetel. La primera no consultó a la segunda comisión porque no tenía obligación legal de hacerlo; pero una de las condiciones que se autoimpuso Telcel es un acuerdo que ya habían aceptado del pleno del organismo que preside Mony Sacha de Swaan.
Pisotones
Ayer le informamos que la SCJN había amparado a Televisora del Valle de México ante la decisión jurídicamente equivocada de la SCT de prohibir la operación de HiTV y decomisar sus equipos.
El principio es que la dependencia, en aquel momento encabezada por Juan Molinar Horcasitas, no tenía facultades para opinar sobre un tema que corresponde a Cofetel.
Unas declaraciones de Mony Sacha de Swaan han generado confusión sobre el alcance de la decisión judicial, puesto que dijo que ahora HiTV tendría que solicitar permiso a Cofetel.
La realidad es que ya lo hizo y obtuvo la autorización desde 2009. Fue en un pleno polémico puesto que los comisionados Ernesto Gil Elorduy, José Luis Peralta y Gonzalo Martínez Pous autorizaron la operación de HiTV. El entonces presidente de Cofetel, Héctor Osuna, originalmente también había votado a favor; sin embargo, cambió el sentido de su voto ante la fuerte presión que ejercieron sobre él Molinar Horcasitas, De Swaan y en menor medida la entonces subsecretaria Gabriela Hernández.
Como lo publicamos ayer mismo, la propia resolución judicial deja zanjado que no se requeriría un nuevo permiso, sólo deja claro que la SCT no tenía capacidad jurídica para opinar puesto que no era un servicio de telecomunicaciones sino de radiodifusión.
No habría que descartar que los afectados por esta determinación pudieran presentar juicios de daños en contra de los funcionarios que participaron en esta decisión equivocada.
Incultura
Desde por lo menos la década de los ochenta la inmensa mayoría de los participantes en el sector asegurador han aprendido una serie de respuestas ante la falta de penetración del seguro entre la población, las cuales fueron repetidas por Fernando Solís y Manuel Aguilera (presidentes de la AMIS y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, respectivamente) y algunos otros. Dicen que cuando se logre la estabilidad económica y el crecimiento, pues se dará una mayor penetración de los seguros entre la población.
La penetración del seguro, que se mantiene en aproximadamente 2% del PIB, se mantiene más o menos igual porque la mayoría de las aseguradoras se encuentran en una zona de confort que les permite tener elevadas utilidades más por manejos financieros que del crecimiento orgánico del negocio.
La gran equivocación de los aseguradores es apostar a la estabilidad económica, puesto que desde finales de la década de los noventa el país ha tenido crecimiento sostenido con baja inflación.
Sería bueno que comprendieran que el problema no está en la estabilidad macroeconómica, puesto que no explican a partir de cuánto crecimiento comenzaría el repunte del seguro, sino en la falta de cultura financiera.
