En el grupo de Carlos Slim tienen una gran cantidad de motivos para estar feliz: evitó una multa de casi 12 mil millones de pesos a cambio de que le impongan las condiciones que propuso a la autoridad. Todo esto redunda en que logró cerrar el expediente de dominancia sin dar nada a cambio y se hiciera a un lado un tema fundamental como es el cobro de facturación y cobranza. Difícilmente le pudo ir mejor.
Telcel usó todos los medios a su alcance para defender sus intereses y logró consolidar su posición como la empresa que, bajo estas condiciones, mantendrá 70% del mercado de telefonía móvil durante mucho tiempo.
Explicaciones
Quienes tienen que dar muchísimas más explicaciones son los miembros de la Comisión Federal de Competencia (CFC), comenzando por su presidente, Eduardo Pérez Motta, quien fue recusado de este tema por sus afanes protagónicos.
¿Por qué eliminan la multa y la fijación de reglas de dominancia si no se presentaron pruebas adicionales? Una pista está en el boletín de prensa donde se asegura: “CFC cierra el expediente porque restauran la competencia en beneficio de los consumidores; ése –y no el cobro de multas– es el objetivo de la Ley de Competencia”.
Independientemente de que durante muchos años la CFC dijo que el espíritu de las multas eran los dientes que requerían y que aumentar su monto tenía como principio inhibir las prácticas monopólicas (quizá sólo es la opinión de Pérez Motta) como sucede en casi en todo el mundo; ahora dan un giro de 180 grados.
Más allá, no existe una explicación clara y suficiente sobre las razones por las cuales una autoridad como es la CFC decide no utilizar los medios que le da la Ley de Competencia. De hecho, Pérez Motta declaró lo obvio al señalar que el establecer una serie de compromisos es una forma de reconocer que sí cometió prácticas monopólicas, aun cuando no lo reconozcan públicamente.
En este caso la CFC dice que si Telcel incumple el acuerdo que, no sólo propuso la telefónica sino que, en los hechos se cumple con los temas que a ellos les interesan, fijará una multa de hasta 8% de sus ingresos anuales.
El incentivo está puesto ahora para que una empresa con poder monopólico cometa violaciones y cuando sea sancionada pueda ofrecer un plan de buen comportamiento a cambio de evadir la sanción. ¿Dónde se hace pagar por el daño ocasionado durante el tiempo en que se registró la práctica?
Desconfianza
Hay una lectura mucho más preocupante. La CFC festeja que “por primera vez Telcel se allana a una decisión de interconexión y se compromete a entregar información para verificar el cumplimiento de los compromisos”.
Esa afirmación difícilmente no puede significar que en la CFC dudan no sólo de su equipo jurídico sino del Poder Judicial y que prefieren aceptar un programa de corrección, sin que haya reparación del daño que se habría causado durante el tiempo en el que se realizó la práctica anticompetitiva, a tratar de hacer valer la ley.
Sería un abominación que una autoridad, en los hechos, muestre un desdén tan grande a las decisiones de la autoridad. Por lo demás, es lógico que Telcel se allanará a la resolución, pues los compromisos, que según la CFC le impuso, ésta los propuso y algunos, incluso, ya los cumplen derivado de la acción de otras autoridades como la Cofetel. Telcel aceptó la disminución de la tarifa de interconexión decidida por Cofetel a cambio de que le permitieran mantener el cobro de gastos de facturación y cobranza que son más redituables. Forma parte de los compromisos que según la CFC le impuso.
La telefónica móvil no se ha allanado al Plan Técnico de Interconexión de Cofetel y mantiene juicios abiertos a pesar de que aceptó publicar su oferta pública de interconexión entre las reglas que le habrían impuesto. Tendría que retirar estos procesos jurídicos.
Emparejamiento
Ahora hay quienes aseguran dentro del sector de las telecomunicaciones que la CFC buscará un emparejamiento que, en esas condiciones, sólo desprestigiaría más a esa autoridad.
Como recordará, Televisa, presidida por Emilio Azcárraga, tiene un recurso de reconsideración ante la CFC para que se le permita invertir en Iusacell, de Ricardo Salinas.
La autoridad negó la concentración bajo un principio, altamente cuestionable, que ser accionistas comunes en una empresa implicaría canales de comunicación oficial entre las dos televisoras abiertas y eso podría implicar prácticas monopólicas. Vamos, como si eso fuera necesario. Más allá, como si lo que se sancionara fuera la inversión y no las prácticas monopólicas.
Hay quienes aseguran que jugando al Salomón bizarro, darán autorización para que se realice esta concentración, a pesar de que existen elementos objetivos para darle luz verde.
La CFC no debe tomar decisiones de cara a un cálculo político sino a determinaciones apegadas a la Ley de Competencia y confiando en las autoridades.
Desprestigio
La decisión de los legisladores de quitarle la facultad al presidente de la CFC de llevar temas al pleno, no sólo es producto del desprestigio en el que está cayendo esta autoridad sino que se aplicará también en otras comisiones.