Algo extraño

Algo muy extraño está pasando en la CFC puesto que un proceso que debe ser transparente y a favor de los consumidores, nuevamente, se ha convertido en un espacio para una sospecha y victimización que van en contra de la aplicación de la ley y de la seguridad jurídica, indispensables para una mayor y mejor competencia.

Desde que el comisionado Miguel Flores Barnés convocó a un pleno de la Comisión Federal de Competencia para el lunes 30 de abril, la información dejó de ser un secreto, de ahí que resulten sumamente extraños los comunicados de prensa que ha emitido al respecto el organismo que encabeza Eduardo Pérez Motta.

El objetivo es confirmar que sí se realizará la reunión del pleno y que tendrá como único punto del orden del día tratar el tema que se conoce públicamente como la megamulta a Telcel y que no estará el presidente del organismo puesto que fue recusado por los otros comisionados.

Sin embargo, hablan de “información oficiosa” que se ha difundido. ¿Qué está mal en hacer públicos estos hechos, como asegura el comunicado de prensa, se trata de una sesión convocada siguiendo todas las normas del organismo? ¿Qué se pretende esconder si como dice el comunicado de prensa “el pleno de la CFC tomará una decisión basada estrictamente en los méritos técnicos y jurídicos del caso, con el objetivo de proteger el proceso de competencia y asegurar el bienestar de los consumidores. Ése es su mandato legal”?

Tiene razón la CFC, sin embargo, la reacción otra vez visceral va en contra del mejor interés de la competencia y establece incentivos para que decidan lo que decidan haya un malestar fundado en estas operaciones.

Se trata de una discusión pública en la que no sólo se tienen que conocer las fechas sino que sería deseable que se dieran a conocer las minutas o, en un extremo, que fuera pública.

Banco de México, gobernado por Agustín Carstens, da a conocer las minutas de su Junta de Gobierno, no sólo como una medida de transparencia sino como un vehículo para que los interesados sepan cómo se va construyendo el pensamiento en ese órgano colegiado.

Quizá es anecdótico que se vayan a reunir en medio de un puente vacacional antes del Día del Trabajo o que normalmente los plenos se realicen en viernes. Lo que no es anecdótico es el fondo de esa resolución.

También podría serlo que dos comisionados se opusieran. Lamentablemente, la CFC se prestó a un juego ridículo y peligroso de sentir que todo lo que pasa en su entorno es producto de una conspiración de los malditos monopolios.

Trascendencia

Hace unas semanas le informamos en esta columna que esta reunión del pleno de CFC contrasta dos posiciones y su reto será determinar qué es lo mejor para la competencia.

Un recuento de lo publicado el 18 de abril. Algunos comisionados están a favor de no cobrar la megamulta impuesta por este organismo a Telcel, toda vez que la telefónica ha ofrecido una serie de acciones que, aseguran, corrigen las acciones que motivaron la sanción.

Quienes sostienen esta posición aseguran, entre otras cosas, que es prácticamente imposible cobrar la multa puesto que la empresa utilizara todos los medios que tenga a su alcance y que el espíritu de la CFC es evitar prácticas que dañen a la competencia.

Si como resultado del proceso, dicen, se eliminan las prácticas nocivas, pues entonces habrían cumplido con su cometido.

En la otra cara de la moneda están los comisionados que están a favor de la multa, puesto que señalan que la experiencia internacional demuestra que las muy grandes multas son un elemento fundamental para inhibir las prácticas monopólicas.

Que se tiene que cobrar la multa y, además, exigir que no se repita. Los que están a favor de esta corriente de pensamiento señalan que la mejor herramienta que han tenido los organismos de competencia en el mundo es cobrar multas que, efectivamente, son tan elevadas que evitan que las empresas cometan actos en contra de los consumidores puesto que el precio que deben pagar es sustancialmente superior al beneficio que obtendrían.

Ciertamente se trata de un asunto sumamente polémico puesto que implica la sanción más grande de la historia nacional y, por el otro lado, marcará una línea de acción en los tiempos por venir para los consumidores. Así, se debe exigir en un país democrático que no se oculte la información y que las actuaciones de los comisionados se hagan a la luz pública y no la oscuridad de un puente.

Miedosos

Algunos políticos, de esos de colas muy largas, se aprestan para decir que si la Secretaría de la Función Pública les señala por haber recibido sobornos a cambio de agilizar inversiones tan importantes y deseables para el país como las de Walmart, se tratará de un complot que pretende dañar a su candidato.

La realidad es que, como hemos reiterado en este espacio, desgraciadamente en muchos gobiernos estatales y municipales se exigen dádivas para aceitar la maquinaria. Lo deseable es que el asunto no pare en la investigación de una empresa sino de un movimiento determinado en contra de estos actos que van en contra de la generación de empleos.

Los candidatos, que en su mayoría parecen ciegos a la realidad, no han tocado el tema porque, como si fueran lemmings, todos están ocupados en estos días en debatir sobre la educación y sus partidos en discutir sandeces de cara al debate como si de ello dependiera la gobernabilidad del país.