México vs. Brasil

El gobierno brasileño está tratando de extorsionar al gobierno mexicano.

Con la amenaza de romper el Acuerdo de Complementación Económica 55 buscan quedarse con las ventajas de la apertura comercial y están jugando a la posición timorata que tradicionalmente tienen las armadoras de automóviles en México.

Acostumbrados a no defenderse por sí mismos, sino a pedirle a papá gobierno que dé la cara por ellos, organizaciones como AMDA y AMIA no sólo han guardado silencio sino que, además, parecería que este asunto es exclusivamente un problema de

Bruno Ferrari y la Secretaría de Economía.

Es necesario poner claros algunos puntos. El ACE 55 no sólo es entre Brasil y México, sino que incluye también a Uruguay, Paraguay y Argentina. Así, que la nación gobernada por

Dilma Rousseff no puede, tan fácilmente romper el acuerdo comercial. Lo que están buscando es una renegociación con México. Piden que en esta renegociación se tomen datos del último año. La posición de México es que se consideren los últimos tres años.

En el fondo la realidad es pura y llana. Cuando se firmó este convenio era muy favorable para la nación sudamericana en buena medida porque vivían la cresta de una ola de recuperación económica; sin embargo, la solidez de la economía mexicana, construida en mucho más de una década de medidas económicas correctas ha cambiado radicalmente al situación y hoy los términos del acuerdo son favorables para México, que tiene la sexta industria automotriz más poderosa del mundo.

La Secretaría de Economía no sólo le pide a los brasileños que vengan a negociar a México, sino que ha mostrado claramente que no se dejará intimidar, puesto que dentro del comercio internacional y dentro del sector automotriz no implica un peso especialmente grande.

Otra de las preocupaciones del gobierno, evidentemente, es mostrar debilidad en la defensa de los intereses nacionales, puesto que no se puede ceder ante una nación que, dicho sea de paso, está operando con una gran soberbia.

Empeñados

Algunas de las más poderosas casas de empeño están tratando de hacer todo lo posible por impedir que se les impongan normas esenciales, como el tener registro ante Profeco y dar a conocer claramente cuánto le están cobrando a sus clientes.

Hace unos años los legisladores lanzaron todas sus baterías en contra de la banca y llegaron a extremos tan absurdos como pretender que Banco de México fijara las tasas de interés.

Este debate llevó a establecer normas como el Costo Anual Total (conocido como CAT), la publicación del contrato y que el cliente pueda ver claramente cuál es la tasa de interés que se le cobra.

Sin embargo, también generó el reconocimiento público de que hay otros otorgantes de crédito, como son tiendas departamentales o las propias casas de empeño.

Ante la intención, total y absolutamente correcta de los legisladores, algunas casas de empeño buscan esconderse tras la figura de instituciones de asistencia privada; sin embargo, es lamentable que instituciones que supuestamente tienen como finalidad el beneficio social, no quieran ser transparentes.

Tienen un doble carácter. En un lado son instituciones de asistencia y, en el otro, son un otorgante de crédito. El negarse a transparentar sus cifras sólo puede ser visto como algo muy preocupante.

Habrá que ver cuál es su capacidad de cabildeo frente a la intención de aumentar la información para la toma de decisiones a favor de los usuarios. Se trata ni más ni menos que un tema de cultura financiera.

A modo

Los hermanos Vargas de MVS están buscando una rebajota. De acuerdo con la explicación pública que dan sobre la banda de 2.5 Ghz, ellos sólo están dispuestos a pagarle al gobierno 700 millones de dólares, puesto que su modelo de negocios sólo eso les permite. Obviamente no consideran modificar su plan de negocios.

No se trata de ninguna clase de complot de Televisa, aliado con el gobierno de Felipe Calderón. Es un asunto de pesos y centavos. A la luz de los cambios tecnológicos esta banda subió de precio y la Secretaría de Hacienda, encabezada por José Antonio Meade, pide una contraprestación de mil 700 millones de dólares.

La obligación del gobierno es maximizar los ingresos para el Estado aprovechando un bien escaso como es esta banda. Hay una gran cantidad de empresas que están dispuestas a pagar esa cantidad o más para una red que encontró una nueva utilidad.

Hasta el momento todo se ha concentrado en una empresa que se dice víctima de un complot, pero poco se ha visto la obligación que tiene el gobierno.

Desconsuelo

Así como en su momento el principal enemigo de los trabajadores de Mexicana de Aviación fueron Gastón Azcárraga, Manuel Borja Chico y algunos otros quienes llevaron a la empresa a Concurso Mercantil, ahora el enemigo son Felipe Consuelo y Gerardo Badín.

Los grupos de “inversionistas” que supuestamente han aparecido no tienen la culpa. Sólo están buscando aprovechar las circunstancias para quedarse con una concesión aérea sin pagar por ella. En el menos malo de los casos son unos vividores, hasta que no demostraran lo contrario.

Como hemos señalado en reiteradas ocasiones los trabajadores de CMA estarían menos mal si ya se hubiera decretado la quiebra, se pagaran las liquidaciones y se buscara vender como un negocio en marcha. Ha llegado el momento que se den cuenta.

Por cierto, dónde está el dinero que Consuelo dice haber visto de Med Atlántica. Todavía no llega y ya se les terminaron todos los pretextos.