Otro periodo

Gonzalo Martínez Pous es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes expertos gubernamentales en la regulación del sector de las telecomunicaciones. Antes de mayo deberá ser confirmado en su cargo por el presidente de la República, Felipe Calderón.

A diferencia de otros miembros de la junta de gobierno de Cofetel, él ha seguido todo un proceso de conocimiento y aprendizaje en el sector.

Egresado de la Escuela Libre de Derecho construyó una buena parte de su carrera en la Secretaría de Hacienda y llegó a la SCT cuando el entonces titular de esa dependencia, Carlos Ruiz Sacristán, formó un equipo jurídico para abrir diversos sectores como los de las telecomunicaciones o los satélites durante la administración de Ernesto Zedillo.

Como abogado de la SCT no sólo participó en la creación de la Cofetel sino que fue el responsable jurídico.

Cuando cambió la Ley Federal de Telecomunicaciones fue nombrado comisionado de Cofetel por Vicente Fox; sin embargo, tuvo que recurrir a los tribunales junto con Rafael del Villar para garantizar su derecho al trabajo, puesto que el Senado vetó su nombramiento por cuestiones políticas jamás aclaradas.

Durante su gestión se ha distinguido por ser un hombre verdaderamente comprometido con el desarrollo del sector de las telecomunicaciones desde la posición del gobierno. En un terreno donde son fáciles los odios personales tiene una buena relación con los regulados, pues siempre ha mantenido una posición altamente profesional y defendiendo los intereses del gobierno.

Cuenta con excelentes puentes de comunicación, ya que gente como Gerardo Sánchez Henkel, abogado de la SCT, o el propio Dionisio Pérez-Jácome no sólo lo ven como un compañero de muchos años sino como un hombre serio, buen negociador y que siempre pone por encima los intereses del gobierno. Sus muy largos años como abogado del gobierno en el sector de las telecomunicaciones lo hacen, incluso, una de las personalidades más conocidas a escala internacional, puesto que es reconocido por empresas y reguladores de prácticamente todo el mundo.

Es un hombre, quien como se ve en su hoja de vida, ha trabajado para diferentes gobiernos.

En ningún momento ha tomado una posición personal, grupal o de empresas. Se trata, simple y llanamente de un funcionario público de carrera.

De ésos que tienen una verdadera vocación de servicio.

Hace unos meses su nombre llegó a sonar como uno de los posibles miembros de la junta de gobierno de la Comisión Federal de Competencia, pues se veía como un excelente contrapeso ante los abusos de Eduardo Pérez Motta; no obstante, fueron muchas las voces que dijeron que estaba mejor en su cargo.

Atrás de muchas de las resoluciones que han resultado en fortalecimiento de la Cofetel y en la independencia que han tomado los comisionados respecto a Mony Sacha de Swaan está Martínez Pous.

Si por alguna razón el gobierno no lo nombre para otro periodo, se estaría cometiendo no sólo un grave error sino que se daría al sector privado un abogado experto en comunicaciones formado en el sector público.

Dos cabezas

Cuando se habla de la brecha digital o el grave retraso que tiene el sector de las telecomunicaciones en México, necesariamente se tiene que hablar de concesionarios, quienes acaparan espectro esperando obtener alguna rentabilidad futura o, simplemente, impiden el crecimiento de sus competidores.

La Ley Federal de Telecomunicaciones es sumamente clara. Se trata de concesiones no de regalos o transferencia de propiedad hacia privados. La misión del gobierno es maximizar la rentabilidad del espectro no sólo desde un punto de prestación de servicios sino económico.

Es fácil comprender la molestia de la familia Vargas ante la no renovación de concesiones de la banda de 2.5 Ghz. Ella tienen prácticamente la mitad del espectro disponible y éste es fundamental para dar servicios de banda ancha móvil.

La SCT, como lo adelantó desde hace ya más de un mes, no renovará las concesiones a MVS. La Secretaría de Hacienda, encabezada por José Antonio Meade, ha establecido que si desea mantener las concesiones tiene que pagar un valor real, que ronda entre 4 mil y 5 mil millones de dólares.

MVS ha tratado de mantener estas concesiones a través de una larga lista de amparos, porque  les parece cara la contraprestación.

¿Y la lana?

El calendario sigue corriendo sin que Felipe Consuelo, Gerardo Badín y quienes quiera que sean los de Med Atlántica muestren que existe el dinero o un acuerdo de acreedores. Parecería que los líderes sindicales están comprendiendo que se encuentran en el peor de los mundos.

Preocupados

Los acreedores de Vitro tienen preocupados a los hermanos Federico y Adrián Sada, puesto que por más y más que prometan que ya está amarrado el convenio concursal, la realidad es que no es cierto y que la furia de los acreedores, especialmente de los internacionales está creciendo exponencialmente.

De hecho, habría que estar pendientes ya que se está llegando a un punto de verdadero quiebre.