Lo que se ha podido conocer sobre la decisión de los tres integrantes de la Comisión Federal de Competencia (CFC) que votaron en contra de la inversión de Televisa en Iusacell confirma, por un lado, que mezclaron indebidamente mercados diferentes y que tienen un miedo increíble a su propia capacidad como reguladores.
Primero. El mercado de la telefonía móvil es muchísimo más grande que el de la televisión abierta. Sus posibilidades de crecimiento son total y absolutamente diferentes, puesto que el primero tiene un gran potencial en la medida en que mejore y aumente la competencia (lo que no ha sido posible en gran medida por frenos como los que impone el organismo que preside Eduardo Pérez Motta) y el segundo está en una franca transición hacia la televisión de paga, lo que no sólo genera la entrada de nuevos participantes a través de diversos medios, sino que plantea la posibilidad de un gran cambio tecnológico.
Con mayor claridad, mientras que la televisión abierta es un mercado que tiende a disminuir, el de la telefonía plantea una gran expansión, la cual se ha dado a pesar de la muy poca competencia que existe en el sector. Mientras que Telcel y Movistar tienen 90% del mercado, el resto de las telefónicas móviles tienen muy pocas posibilidades de crecer si no es con grandes inyecciones de capital y decisiones valientes por parte de la autoridad como bien podría ser siguiendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en las cuales se habla, entre otras cosas, de compartir infraestructura y abrir efectivamente la competencia a favor de los consumidores.
Es importante destacar que en materia de televisión abierta la Cofetel está analizando diversos modelos para licitar frecuencias de radiocomunicación. Primero están realizando estudios sobre la existencia de frecuencias, sus posibilidades de mercado reales y, después, si serán licitadas en un paquete o, como proponen los comisionados, Gonzalo Martínez Pous y Alexis Milo, de una por una para que sean los propios concesionarios quienes determinen si se alían por razones de mercado y no por imposición de la autoridad. Este proceso iría sustancialmente mejor si no fuera por las ganas de inmolarse de Mony Sacha de Swaan para cubrir no sólo sus incapacidades sino actos como contratar a sus cuates de fin de semana como asesores personales.
Es claro que hay más mercado potencial en la telefonía móvil que en la televisión abierta.
Cobardía
Segundo. No permitieron la alianza porque temen que si Televisa y Iusacell intercambian acciones incurrirán en prácticas monopólicas que los comisionados de la CFC no podrían impedir. Parecería que en la mente de estos reguladores en lugar de autorizar una inversión están tratando de frenar algún matrimonio de Lucrecia Borgia. Si se trata de proteger la competencia, se deben sancionar las acciones y no impedir las alianzas que, efectivamente, darían fuerza a una compañía para poder competir por un mercado. El poder financiero que da la inyección de mil 600 millones no es para “comprar” a Televisión Azteca y que deje de competir. La empresa de Ricardo Salinas Pliego no sólo ha pasado de una participación de mercado cercana a 2% de la televisión abierta a cerca de 30%, sino que no está entre sus planes dejar de seguir dando la batalla por la televisión abierta. Más allá, si se cometen actos en contra de la competencia y, por lo tanto, de los consumidores, deben ser sancionados en términos de la ley y no impidiendo que se desarrollen otros mercados. Para acabar pronto, si Televisa y Televisión Azteca quisieran cometer actos monopólicos no requerirían un intercambio accionario. Emilio Azcárraga ha tenido intención de entrar a la telefonía. Si la alianza con Nextel, de Peter Foyo, fracasó, no fue por la presión de Grupo Salinas sino por los gravísimos errores que se dieron durante la licitación por parte del gobierno.
Antecedentes
A quienes están muy preocupados por la inversión de Televisa en Iusacell habría que darles algunos datos para que se despreocupen. Se trata de una inversión en obligaciones que no deben convertirse en acciones antes de 2015, es decir, dentro de tres largos años, donde ya habrán pasado una buena parte de los recursos jurídicos. Hay un caso similar que bien puede servir como referencia con otras inversiones de facto. Hace cinco años Ferromex, de Germán Larrea, y Ferrosur, de Carlos Slim, decidieron fusionarse. La CFC negó su permiso a la fusión que ya se había dado. Incluso multó a las empresas con casi 440 millones de pesos y tras una larguísima serie de juicios de amparo, en los cuales participó muy activamente Kansas City Southern, que se sentía afectada, hace prácticamente un año la operación logró validez jurídica. La moraleja bien puede ser que la alianza Televisa-Iusacell va...
Espérame
Como era muy previsible, ya iniciaron los “espérame tantito” de los supuestos inversionistas que rescatarán a Mexicana de Aviación. Nuevamente reviven todos los pretextos entre los que se cuenta decir que, según ellos, no existen todas las condiciones y no hay puntos claros. Vamos, la misma historia. En el mejor de los mundos el juez Felipe Consuelo y el conciliador Gerardo Badín tienen las mejores intenciones del mundo y pretenden lo mejor para la línea aérea; sin embargo, la realidad es muy clara. O se trata de un par de charlatanes que actúan guiados por un pequeño interés personal o no tienen el control del proceso. Tal vez una mezcla de ambas.