Unos confundidos

Se generó muchísima confusión luego de que la SCJN desechó la controversia constitucional interpuesta por el Senado de la República en torno al llamado apagón analógico.

De entrada, vale la pena explicar que se requerían ocho ministros para aceptar la controversia constitucional y faltó uno. Aun cuando no quiere decir que esto debilite la resolución, puesto que ya es un hecho jurídico, es necesario clarificar algunas cosas:

Primero. Se trata de una fuerte derrota para la Cofetel y los organismos autónomos, a pesar de que el frívolo presidente de esa comisión, Mony Sacha de Swaan, lo vea como un triunfo. Quizá lo sea para la corriente política dentro del PAN de su patrón (al que medio niega últimamente) Juan Molinar Horcasitas.

Segundo. Es muy posible que algunos concesionarios  inicien procesos de amparo, puesto que no están de acuerdo con un esquema que genera gravísimos problemas de tipo técnico. Esto va en contra de la pregonada seguridad jurídica de la que habla SCT.

De hecho, las televisoras públicas tendrían que recibir cuantiosísimas inyecciones de recursos para estar listos y hacer transmisiones digitales. No sólo piense en Canal 11, sino en la televisión pública de los estados del país. Una muy buena pregunta sería que el gobierno explicara de dónde van a salir estos fondos que, obviamente, no están contemplados en el presupuesto de egresos para el año próximo.

Tercero. Entre que se emitió este decreto y que se dio la resolución de la SCJN pasó un año, es decir, se complica muchísimo cumplir con los tiempos del decreto.

Cuarto. Lo más grave es que parecería que en ciertas instancias del gobierno se tiene una mala interpretación sobre el apagón analógico.

Están mucho más interesados, en pleno año de elección presidencial, en el tema de pasar a la televisión digital, que en hacer lo correcto.

Por un momento imagine que en plena contienda presidencial el gobierno emanado del PAN se ponga a repartir decodificadores. Seguramente el PRI y el PRD lo aplaudirán a rabiar.

Es importante destacar que no se sabe bien a bien cuántos decodificadores se requieren.

Se tomó equivocadamente el censo, se cometió un error fundamental: no es lo mismo una pantalla plana, que es lo que preguntó el INEGI, que una televisión que pueda recibir televisión digital.

La conclusión es lamentable. Se está tomando una medida que es adecuada y va en el sentido correcto, pero quizá por la ruta equivocada.

Un tramposo

El as bajo la manga de Iván Barona, quien de por sí tiene una muy mala reputación empresarial, es Mikhael Shamis, considerado como una fichita en el mundo de los negocios internacionales.

Esta persona tiene procesos jurídicos abiertos en Canadá y Emiratos Árabes por acusaciones que van desde fraude, difamación y hasta portación indebida de armas.

Se trata de un sujeto que siembra más dudas que realidades en cuanto a su vinculación con organizaciones del crimen organizado.

Si estos hombres traen los fondos, como prometieron el viernes pasado, es muy poco probable que sean aceptados, no por como dice el equivocado y mentiroso juez Felipe Consuelo, que la SCT está empecinada en la quiebra de Mexicana de Aviación, sino porque la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen que velar por la transparencia y legalidad de la operación.

El juez Consuelo, quien parecería intoxicado por algún tipo de efluvio, no sólo ha hecho acusaciones falsas e indebidas sobre el abogado de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel (que hicieron que esta dependencia solicitara al Consejo de la Judicatura la remoción de este juez porque perdió la objetividad), sino que ahora culpa al equipo de Dionisio Pérez-Jácome de tener un interés particular en dañar.

Bueno, llega al extremo de reinterpretar el espíritu del legislador al señalar que la ley de concursos mercantiles se creó para evitar que las empresas quebraran.

¿De dónde sacó tal idea? Pues de su pura y gran imaginación.

Esta ley se hizo para que los procesos fueran más rápidos (lo que ya logró que no fuera) y que hubiera mejores condiciones para trabajadores y acreedores. No para que se revivieran muertos.

Una vergüenza

Resulta vergonzoso que un abogado como Santiago Creel diga que la aplicación de la justicia está al servicio del interés electoral de Felipe Calderón. No cabe duda que, si este hombre fuera el candidato, el camino estaría mucho más que allanado para el PRI. Andrés Manuel López Obrador y Creel son peores que medicinas caducas.