Felipe Consuelo se torció. El juez que lleva el concurso mercantil de Mexicana de Aviación olvidó cuál es su papel como impartidor de justicia y, sujeto a la presión de los sindicatos, las ganas de ser un héroe o intereses mucho peores, le hicieron convertirse en una suerte de empleado de los inversionistas que supuestamente van a rescatar a la línea aérea.
La carta, publicada el viernes en diversos medios, sólo confirma que este juez perdió total y absolutamente el piso. Ha perdido la objetividad mínima para seguir adelante con este proceso, puesto que abiertamente está en contra de las autoridades y, mucho más allá, se hundió lamentablemente en el fango de la fantasía y la mentira.
De hecho, Gerardo Sánchez Henkel ha solicitado al Consejo de la Judicatura que retire a Consuelo como responsable de este proceso. Lo más probable es que la petición del director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le sea concedida después de la carta. En la misiva acusa a Sánchez Henkel de intentar intimidar a Iván Barona y, con una gran verborrea, dice algo que se interpreta como que no trató con el debido respeto a ese hombre a quien hace ver como una suerte de salvador de la humanidad o algo así.
Lo que hizo el funcionario público fue pedirle a Barona que, bajo protesta de decir verdad y apercibiéndolo de que si mentía estaría cometiendo un delito que manifestara si tenía o no los fondos para el rescate de Mexicana de Aviación.
Llama la atención que sea un juez al que le parezca mal una advertencia de este tipo que está en la ley, que es una práctica común y, mucho más allá, que el propio Consuelo debe utilizar con gran frecuencia en su práctica diaria, le parezca ofensiva cuando se refiere a un posible inversionista del que parece su empleado.
El viernes, después de muchísimas semanas, finalmente anunció que ya había depositado el millón de dólares como garantía de seriedad y que a partir del lunes tendría 48 horas para traer el dinero a México… Hasta no ver no creer. Este hombre ha puesto más pretextos que dinero hasta el momento y no hay razones para creer que cambiarán las cosas.
Sin embargo, en la carta empeora muchísimo más cuando, recurriendo al lugar común de fuentes que prefirieron mantener el anonimato por temor, dice que algunos inversionistas se han retirado porque han recibido amenazas anónimas (eso sí, de parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ¿no que eran anónimas?) con respecto a que, aunque pongan el dinero, la línea aérea no volvería a volar.
Seamos claros. Carece de cualquier lógica suponer que alguien que plantea invertir por lo menos 250 millones de dólares se raje por amenazas anónimas. Más allá, por qué no presentan una denuncia por amenazas y simplemente pierden el interés en un negocio de tantos millones de dólares.
Habría que preguntarle al juez Consuelo por qué si tiene conocimiento de un delito como amenazas no lo denuncia ante las autoridades competentes.
Es evidente que se trata de una ridícula farsa del juez Consuelo que está tratando de encontrar un pretexto o realmente dispuesto a descarrilar un proceso que parecería que es un manual de locuras y absurdos.
Un juez debería ser el primero en proteger la ley y no convertirse en parte de una cadena de especulaciones y teorías de la conspiración. Realmente se trata de una vergüenza y es necesario que el Consejo de la Judicatura tome cartas en el asunto porque es inaceptable que un juez se dedique a propalar rumores y mentiras.
El colmo
Las calificadoras de valores están en una carrera para demostrar la poca seriedad con la que operan y que, en algunos casos, parecería francamente corrupta. La semana pasada, según ellos por un error, Standard and Poor’s filtró un documento según el cual bajarían la calificación de la deuda de Francia, lo que evidentemente dio información privilegiada. Las calificadoras de valores (Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch) llevan más de una década demostrando que su utilidad para proteger a los inversionistas es prácticamente nula. Presentan intereses distorsionados, puesto que tienen una relación económica con el calificado, lo que, desgraciadamente, las convierte en un verdadero problema. En este entorno hay un grupo que, con la ayuda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está trabajando en la creación de una calificadora de valores. Mucho antes de autorizar otra empresa de ese tipo es indispensable que ese organismo actúe de una manera congruente y comience a establecer mecanismos que protejan a los inversionistas.
Buen fin
Parecería que el proyecto del Buen Fin sigue atorándose por el deseo de protagonismo de algunos líderes de la iniciativa privada quienes creen que les servirá para algún fin personal. Ahí está Salomón Presburger, quien parecería estar aferrado en buscar una carrera política, quedándose con banderas que no le corresponden y, mucho peor, a las que terminan haciéndoles daño. El Buen Fin no fue su idea sino de Iniciativa México, y sus principales problemas surgieron de las ganas de hacer anuncios de algunos.
Mony Sacha
El frívolo Mony Sacha debería tener mucho cuidado cuando organiza sus grillas para atorar los asuntos que, según él, está impulsando.