Hace unos días Pemex informó que habían cambiado el procedimiento para comprar gas LP para los dos siguientes años, en lo que es un tácito reconocimiento de que lo denunciado en este espacio era cierto: Estaban pagando un sobreprecio en esas compras lo que podría dar pie a actos de corrupción o sanciones de la Secretaría de la Función Pública.
Preocupa que a pesar del reconocimiento de la situación, la paraestatal que dirige Juan José Suárez Coppel siga operando a través de MGI de una forma que parecería altamente sospechosa.
La dependencia que encabeza Salvador Vega Casillas abrió expedientes que tienen que ver con PMI Comercio Internacional con la presunción de actos indebidos en la compra de hidrocarburos; sin embargo, esta división de Pemex no es la encargada de adquirir hidrocarburos en el extranjero.
Si bien es cierto que en el pasado sí tenía este encargo, de una manera bastante oscura, se le entregó la responsabilidad a MGI y, a decir de fuentes vinculadas con estas operaciones, se presentan mayores despilfarros y errores que van en contra del patrimonio de los mexicanos.
MGI, dirigida por Blanca Estela Coeto, es culpada por adquirir gas LP hasta 50 centavos más caros por galón que los precios internacionales debido a una mala estrategia y la selección de empresas que resultan más onerosas para los mexicanos. Los que pretenden defender a Coeto dicen que le falta experiencia y que si ha cometido errores no son por corrupción. La realidad es que parece muy grave cualquiera de las dos posibilidades.
No olvide que el ahora secretario de Energía, Jordy Herrera, era director de Pemex Gas y Petroquímica Básica y había quienes lo señalaban a él y respondía en términos de conspiración.
Buscan imponerse
El subsecretario de Turismo, Rafael Anaya, está logrando exactamente lo contrario de lo que pretende con la actitud que tiene en contra de los grupos de iniciativa privada que se dedican al sector turístico. Por lo menos dos líderes de iniciativa privada han comentado a este columnista que Anaya confunde el diálogo y la buena voluntad o lo que algunos le llaman jalar parejo con la imposición. No son, en ningún momento lo han sido, empleados del gobierno federal ni lo señalado por la Ley de Cámaras debe interpretarse como que son el brazo armado del gobierno federal. Como se sabe, esa ley establece que funcionan como organismos expertos que ayudan al gobierno federal con base en opiniones. En ningún momento se establece que estén a las órdenes del gobierno federal y, mucho menos, al capricho de algunos funcionarios. Es claro que las empresas turísticas coinciden con la Secretaría de Hacienda, encabezada por José Antonio Meade, en que no se debe incrementar el Derecho de No Inmigrante como lo exige la Secretaría de Turismo que, de una extraña manera, pretende que las cúpulas de iniciativa privada vayan en contra de lo que piensan sus agremiados y apoyen a Sectur en lo que ellos quieren. Lo recaudado con el DNI se utiliza para promover a México en el extranjero y en la dependencia que encabeza Gloria Guevara se quiere ese dinero. La batalla, dicen los empresarios turísticos, la debió haber dado Sectur al interior del gabinete y no pretender usar a las empresas para algo en lo que no están de acuerdo.
Mony Sacha
El presidente de Cofetel y sus colaboradores más cercanos no sólo no escuchan consejos sino parecería que están empeñados en seguir cometiendo violaciones a las leyes y las normas. Resulta que ahora lanzaron un nuevo portal llamado Mi Cofetel que, junto con la cuenta Twitter de la dependencia, tienen como principal objetivo ser el órgano oficial de Mony Sacha de Swaan, quien simple y sencillamente no comprende que él no es la Cofetel y, lo más importante, que es un órgano de gobierno dependiente de la SCT. Mony Sacha está filtrando explicaciones que resultan ridículas a sus dichos sobre que Nextel está sentado en el espectro y que debería ser sancionado; así como defender un derecho, que él mismo se abrogó, de opinar sobre procedimientos abiertos. Como lo ha dejado claro, Cablevisión en su denuncia, este funcionario habría violado la ley sino los manuales de ética a los que debe ceñirse todo funcionario público. El presidente de Cofetel quiere hacer cosas que no le corresponden. Sería tan escandaloso como que un ministro de la SCJN utilizara las redes sociales para dar sus opiniones personales sobre diversos juicios y opinara sobre culpabilidades o inocencias. La denuncia presentada por la cablera sólo es la primera, pues algunas otras empresas afectadas lo están analizando; así que resulta ridículo que trate de justificar una inocencia diciendo que ha opinado sobre otros procesos y nadie se ha inconformado. A todos estos problemas debe sumársele otro. Es un hecho que Nextel no está utilizando el espectro que le fue asignado y que, en el extremo, amerita que se le retire la concesión; sin embargo, algunos comisionados de Cofetel, molestos por la frivolidad del presidente (que no es su jefe sino su par jerárquico) dicen que lo que procede es una sanción. Decida lo que decida el pleno de Cofetel ya quedó enviciado por los gravísimos errores de Mony Sacha.