Por adjudicar contratos por $60 millones vinculan a proceso a alcalde de Tula

El alcalde de Tula, Hidalgo, está relacionado con el caso la Estafa Siniestra.

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Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especial encargada del maxiproceso de la Estafa Siniestra consiguieron la vinculación a proceso del alcalde de Tula de Allende, M. H. B., por uso ilícito de facultades y atribuciones, agravado, en agravio de la administración pública del ayuntamiento.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), las indagatorias contra el alcalde se dan a partir de una denuncia por haber autorizado en 2021, a nombre del ayuntamiento de Tula de Allende, la adjudicación directa ilícita de por lo menos tres contratos que en suma representan un gasto superior a los 60 millones de pesos.

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Dichos contratos, informó la autoridad judicial, se firmaron con la finalidad de adquirir servicios y equipo médico, paquetes alimentarios, servicios de mantenimiento y limpieza de fumigación domiciliaria para evitar la proliferación de la larva mosco culex, así como por el control mecánico del lirio acuático, lo anterior para atender las consecuencias de la inundación que sufrió el municipio.

Con base en lo anterior, el Ministerio Público se allegó de datos de prueba contra M. H. B., y solicitó la orden de aprehensión, misma que fue otorgada por la autoridad judicial y posteriormente ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, el pasado lunes 14 de agosto.

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Luego de su aprehensión, el alcalde fue puesto a disposición de un juez de control, autoridad ante la que, en audiencia inicial, esta representación social formuló imputación por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de facultades y atribuciones, agravado, sin embargo, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para que se resolviera su situación legal.

En la continuación de la audiencia, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso para M. H. B., e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y estableció un periodo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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