Buen Gobierno logra dos vinculaciones a proceso por enriquecimiento ilícito

Derivado de una investigación administrativa consistente en la evolución y verificación del patrimonio de un servidor público, entonces adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, se determinó un incremento injustificable en su patrimonio durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 30 de abril de 2017 por un monto de 7 millones 268 mil 750 pesos.

Por dichos hechos se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y, en el marco de la investigación inicial, el juez de Control con sede en Ensenada, Baja California, resolvió vincular a proceso al exservidor público Ramón “N”, subdirector adscrito al centro referido, por el hecho que la ley señala como delito de enriquecimiento ilícito.

Con motivo de una investigación administrativa relacionada con la evolución y verificación del patrimonio de un exservidor público adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se determinó un incremento injustificable en su patrimonio por un monto de 6 millones 500 mil 496 pesos durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 15 de mayo de 2017.

Por lo anterior, se presentó denuncia penal ante la FGR y, en el marco de la investigación inicial, el juez de Control con sede en la Ciudad de México resolvió vincular a proceso a Armando “N”, jefe de departamento en el IMSS, por el delito de enriquecimiento ilícito, imponiéndole como medida cautelar la presentación periódica ante la unidad responsable.

Se reitera el compromiso con el debido proceso. Las personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación aplicable. En este sentido, se conducirá el proceso con estricto apego a la ley, aportando los elementos y pruebas que resulten pertinentes.

Otras investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de esta Secretaría permitieron acreditar que personas servidoras públicas del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) incurrieron en la comisión de faltas administrativas catalogadas como graves.

Como resultado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso las siguientes sanciones a dos personas servidoras públicas que abusaron de sus funciones y realizaron actos para la asignación de recursos financieros:

• Hilda M., directora adjunta de Administración: inhabilitación por 10 años y sanción económica por 10 millones 909 mil 784 pesos.

• Carlos R., gerente de Consultoría de Negocio: inhabilitación por 20 años y sanción económica por 10 millones 909 mil 784 pesos.

Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar; si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos.

El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno. Denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos. Se invita a denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: denuncias.gob.mx.

Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar las consecuencias. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el servicio público.