Veracruz propone eliminar fuero a autoridades municipales

El Gobierno de Veracruz propone eliminar el fuero de presidentes municipales, concejos municipales y síndicos con la modificación a la Constitución estatal y busca que estas autoridades puedan ser investigadas penalmente sin necesidad de una declaración de procedencia del Congreso, como ocurre en la actualidad.

La propuesta, enviada al Congreso local por la gobernadora Rocío Nahle, en el oficio NGNR/GOBVER-192/ 2026, modifica el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución local. El argumento esgrimido es que el fuero municipal dejó de cumplir su función histórica de proteger el ejercicio independiente del cargo y se convirtió en un obstáculo para la rendición de cuentas.

El documento afirma que “el ejercicio de una función pública constituye una responsabilidad frente a la sociedad y no una condición que deba colocar a quien la desempeña por encima de la aplicación ordinaria de la ley”. La iniciativa sostiene que el sistema penal acusatorio, la presunción de inocencia y el debido proceso ya ofrecen garantías suficientes para evitar persecuciones políticas.

La reforma mantiene la declaración de procedencia para diputados, titulares del Ejecutivo, secretarios de despacho, fiscal general, magistrados, jueces y autoridades electorales y de derechos humanos, pero excluye expresamente a las autoridades municipales. Según el texto, “eliminar la declaración de procedencia… no significa dejarlas desprotegidas ni disminuir los derechos que les corresponden frente a una investigación penal”, sino sujetarlas al mismo régimen procesal que cualquier ciudadano.

Cabe mencionar que recientemente dos alcaldes, Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván y Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, fueron sometidos a un procedimiento para eliminar el fuero, por presuntos actos delictivos.

En el caso de del primero por delitos relacionados con la desaparición de un empresario y su chofer; por su parte, a González Martínez lo señalan de estar involucrado en el caso de la desaparición y posteriormente de la muerte de la periodista Roxana Guzmán, ocurrido en junio de este año. 

De aprobarse, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial y obligaría al Congreso a armonizar la legislación secundaria en un plazo de 60 días.