La “calibración” de la propuesta económica de la administración para 2027, como en años anteriores, está realizándose mediante una negociación en directo con los representantes empresariales y el equipo de la SHCP, que encabeza Edgar Amador.
La propia secretaría, al comentar la nota especial emitida por el equipo de Calificaciones Soberanas de Fitch Ratings, que encabeza Todd Martínez, Mexico’s 2027 Budget More Credible, But Medium-Term Risks Persist, señala lo siguiente: “En paralelo, se mantiene abierto el diálogo con los distintos sectores de la sociedad y empresariales. La Secretaría de Hacienda continuará el diálogo técnico sobre disposiciones específicas, incluidos los límites a ciertas deducciones, con el objetivo de evaluar sus efectos y mantener condiciones de certidumbre para la inversión”.
Ese párrafo es clave en la negociación que ha iniciado el CCE, que encabeza José Medina Mora, y que atiende el reclamo de las redes mayoristas, que evidentemente tienen más de cinco años de operación y sus márgenes son bajos, por lo que el límite de 97.6 a las deducciones fiscales incluido en la propuesta de modificación en la Ley del ISR, las pone a parir chayotes.
Subraya una de las debilidades estructurales de las finazas públicas, pues cada año, con la estrategia de robustecimiento fiscal, se tienen ganancias permanentes de 0.4% del PIB en ingresos tributarios mediante acciones de fiscalización, que aumentan multas y auditorías, discrecionalidad de la autoridad y desconfianza en quien contribuye, pero no se pone énfasis en gravar la informalidad. Por el contrario, los mercados ilegales e informales crecen al 2%, mientras la economía formal lo hace a 0.7% y tiene cara de “mercado de pobres”.
Dicho lo anterior, la nota especial de Fitch Ratings resulta relevante por el timing en el contexto de revisión del programa económico, pues para los sectores empresarial, financiero en su conjunto e inversionistas nacionales e internacionales se pone en riesgo la calificación de grado de inversión, que ha perdido ocho escalones de 2019 a 2026.
Fitch ratificó el BBB- en abril pasado, el último escalón de grado de inversión, pero puso la perspectiva en “estable”, lo cual dio confianza de que había margen de tiempo para hacer un esfuerzo adicional y contener la expansión de la deuda. La calificadora fue muy objetiva, pues apunta que el presupuesto se realizó sobre indicadores más realistas (como la estimación de crecimiento económico alcanzable), sin embargo, visibiliza que el riesgo de una rebaja permanece, porque la consolidación fiscal propuesta, en el sentido correcto, será lenta e insuficiente para corregir la trayectoria del endeudamiento público y el déficit fiscal estructural.
Este párrafo es técnico, pero muy entendible: “Fitch proyecta que la deuda pública federal de México alcanzará 58.0% del PIB en 2026, mientras que la deuda del gobierno general llegará al 57.3%, convergiendo con la mediana de la calificación ‘BBB’”.
Según sus estimaciones, se necesitaría un PSBR (necesidades de endeudamiento del sector público) de alrededor de 2.5% para estabilizar la deuda en 1.5 puntos porcentuales por debajo del objetivo presupuestario de 2027 (4.1%). Lograrlo podría requerir un ajuste aún mayor, considerando el crecimiento inercial de las pensiones y otros gastos sociales.
Para Hacienda, hoy, lo importante es mantener y, gradualmente, reducir. Esos requerimientos pueden recortarse si la economía crece por arriba de lo estimado, pero si no se reacomoda la constante expansión del gasto en subsidios o se toma una decisión política como emparejar el cobro de IVA a todas las mercancías (el IVA lo pagamos todos, el ISR sólo los formales y eso si no se exentan por subsidio al salario), difícilmente habrá una corrección estructural en las finanzas públicas. La expansión del gasto público de forma irracional realizada el sexenio pasado, pasa factura.
DE FONDOS A FONDO
#ABM… Una primera lectura de la iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos enviada el fin de semana pasado a la Cámara de Diputados ha sido positiva para los integrantes de la ABM, que encabeza Emilio Romano. Iniciarán diálogo por el tema de sectores específicos, pero un primer vistazo apunta en el sentido correcto para la expansión de pagos digitales.