Resulta reconfortante constatar que, cuando se lo propone, la Fiscalía General del Estado de Morelos es capaz de actuar con notable celeridad. El reciente avance en la investigación del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española brutalmente asesinada en Cuautla, demuestra que la efectividad institucional no es una quimera inalcanzable.
En cuestión de cuatro días, las autoridades lograron identificar a un presunto implicado, obtener la respectiva orden de aprehensión y desplegar una ficha de búsqueda para dar con su paradero. Qué bueno que sea así; que la procuración de justicia dé muestras de trabajo intenso ante una tragedia que ha sacudido a la sociedad.
Por la tarde de ayer se capturó al presunto homicida Francisco Javier “N”, El Trompas, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el hecho a través de su cuenta en X, a la par que lamentó el feminicidio de Claudia, y se solidarizó con su familia “ante esta dolorosa e irreparable pérdida”.
Sin embargo, ese atisbo de eficiencia deja un amargo sabor de boca. Resulta imposible ahuyentar un pensamiento molesto: no quisiera imaginar que esa diligencia casi inédita encuentra su explicación en el origen de la víctima. Sería desolador asumir que el aparato de justicia sólo se activa con vigor cuando el crimen provoca la atención de embajadas o titulares en la prensa internacional, mientras que la apatía y el olvido son la respuesta sistemática cuando las víctimas son jóvenes mexicanas sin reflectores globales.
Para comprender la magnitud de este sesgo, basta repasar la dolorosa lista de tragedias recientes dentro de la misma comunidad universitaria. Antes de Claudia, cuatro jóvenes vinculadas a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron asesinadas en circunstancias que exigen respuestas claras. Está el caso de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, hallada sin vida tras días de búsqueda en Chamilpa; el de Karol Toledo Gómez, también de 18 años, localizada muerta en una carretera tras desaparecer en Mazatepec; el de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, una adolescente de tan sólo 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en Tepoztlán, y el de Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de psicología ultimada en Jiutepec. Salvo contadas excepciones, donde hay algún procesado, el patrón predominante en la entidad ha sido el estancamiento, la dilación procesal y el silencio oficial frente a la desesperación de sus familias.
Esta disparidad de atención no es un asunto menor en una entidad azotada por la violencia de género. Morelos ocupa el vergonzoso segundo lugar nacional en tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes, un dato estadístico trágico que retrata la vulnerabilidad cotidiana en la que viven miles de mujeres. En este contexto de emergencia, cada vida arrebatada importa exactamente lo mismo. Todos y cada uno de estos crímenes tendrían que investigarse con la misma celeridad, la misma rigurosidad técnica y los mismos recursos, al margen de la nacionalidad de la víctima y de la magnitud del escándalo mediático que rodee su caso.
Es indispensable abatir de una vez por todas la lacerante impunidad que envuelve a los asesinatos en general, y a los feminicidios en particular, tanto en el territorio morelense como en el resto del país. La justicia selectiva no es justicia; es apenas una maniobra de contención de daños frente a la opinión pública.
Mientras la respuesta del Estado dependa de la presión exterior o de la relevancia del nombre en las noticias, el mensaje para los agresores seguirá siendo de permisividad. Sin una justicia ciega a los privilegios, pero atenta al dolor humano, no sólo resulta imposible la indispensable reparación del daño a las familias de las víctimas, sino que se alienta directamente la repetición de estos horrores en nuestras calles.