Van contra cadeneros de antros; ‘no pueden seguir esas prácticas que humillan’

El diputado local Jesús Alberto Elizondo, presentó ante el Congreso del Estado de Nuevo León una propuesta para prohibir que haya “cadeneros” resguardando clubes nocturnos, bares, centros recreativos y demás establecimientos privados abiertos al público.

Esto, como iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Ley de Alcoholes y la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo.

De acuerdo con el legislador morenista, esta propuesta legislativa busca poner fin a una práctica implementada por personal de seguridad, quienes se caracterizan por negar el acceso a personas a estos centros nocturnos basándose en criterios arbitrarios como la apariencia física, forma de vestir, color de piel, complexión, edad o condición social.

“No podemos seguir tolerando que en pleno 2025 existan prácticas que humillan y discriminan a personas por cómo se ven o cómo visten. Esta iniciativa reconoce que la dignidad humana está por encima de cualquier criterio subjetivo. En Nuevo León, todos deben tener derecho a divertirse con libertad y respeto”, declaró el diputado en tribuna.

Puntos contemplados por la iniciativa

• La prohibición expresa de la figura del “cadenero”, entendida como el personal encargado de seleccionar discrecionalmente quién puede ingresar a un establecimiento.
• La obligación de contar con políticas de acceso claras, objetivas y visibles, que respeten los derechos humanos.
• Y la inclusión de esta disposición dentro de los requisitos para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

Elizondo afirmó que esta no es una medida contra los negocios, sino a favor de una convivencia social más justa e incluyente.

“Queremos espacios seguros y respetuosos, donde la discriminación no tenga cabida. Esta no es una iniciativa contra nadie, sino a favor de todos”, puntualizó.

Esta propuesta incorpora experiencias legislativas de entidades como Ciudad de México y Jalisco, así como prácticas internacionales en países como España y Colombia, en donde ya se han adoptado normas para garantizar el acceso equitativo a espacios de convivencia.

jcp