Suman 490 cámaras del crimen organizado retiradas en Tamaulipas

Durante 2025 y lo que va de 2026, autoridades estatales han desmantelado 490 cámaras de videovigilancia en diversos municipios de Tamaulipas.

Las cámaras de videovigilancia eran utilizados por el crimen organizado para fines ilícitos.

Willy Zúñiga Castillo, titular de la vocería de seguridad del estado, explicó que los aseguramientos y desinstalaciones se han realizado mediante recorridos de vigilancia —para disuadir el delito— y operativos de supervisión en colonias, centros comerciales y otros espacios estratégicos.

Agregó que las denuncias ciudadanas a través de los números de emergencia han permitido localizar y retirar muchos de estos equipos con rapidez.

La mayoría de las cámaras se encontraban instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), algunas incluso fueron colocadas en antenas de gran altura.

Aunque no precisó una cifra por municipio, Zúñiga Castillo indicó que la mayor parte de los equipos decomisados provienen de localidades fronterizas del norte del estado, como Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Río Bravo, entre otras.

Estos dispositivos eran empleados por grupos delictivos para vigilar los movimientos de las autoridades estatales, federales y militares.

Vinculan a dos por extorsión en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, obtuvo la vinculación a proceso de Guillermo Enrique “G” y José Israel “G” por el delito de Extorsión Agravada.

El Agente del Ministerio Público presentó ante un Juez de Control elementos de prueba que implican a los acusados en el citado delito, registrado el pasado 26 de enero de 2026 en la Zona Centro de este municipio, cuando fueron detenidos en flagrancia por elementos de Guardia Estatal al momento de solicitar dinero a la víctima.

Guillermo Enrique “G” y José Israel “G” permanecerán en Prisión Preventiva Oficiosa, como medida cautelar por el tiempo que dure el proceso; además de establecerse cuatro meses de plazo para la investigación complementaria por parte de la autoridad judicial.

JCS