Sopesan cambios en mandos de seguridad; tras semanas de protestas en UNAM

A casi dos semanas de la muerte por estrangulamiento de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul que fue sometido por personal de vigilancia al término de un partido en el Estadio Olímpico Universitario, fuentes universitarias confirmaron a Excélsior que se evalúan cambios en los mandos medios de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU).

De acuerdo con la información recabada, los posibles ajustes buscan “refrescar y mejorar la operación del área” y fortalecer la coordinación con el personal de vigilancia sindicalizado, luego de semanas marcadas por desconfianza, reclamos internos y protestas laborales.

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Tensión y reclamos

El 28 de octubre, Excélsior constató que Ciudad Universitaria operó sin patrullas de seguridad, en medio de un contexto de temor, amenazas y tensión laboral derivado del caso del Estadio Olímpico.

Para el 30 de octubre, personal de vigilancia se manifestó para exigir la destitución de mandos de la DGAPSU: Gerardo Loyo Martínez, José Felipe Romero Pérez, Guillermo Campos García y Edgar Durán.

Al día siguiente hubo una manifestación frente a la Rectoría, con las mismas demandas.

Revisión interna

Fuentes universitarias consultadas por este diario señalaron que, ante este panorama, la Universidad analiza una reestructuración interna en el área de seguridad. Los movimientos, añadieron, aún no se concretan, pero forman parte de un proceso de revisión encaminado a mejorar la relación entre mandos y base trabajadora.

Piden vaya el rector

Profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo entregaron el jueves una carta a la Junta de Gobierno de la UNAM para exigir que el rector visite personalmente cada plantel y escuche de frente los problemas que atraviesa la comunidad universitaria.

El documento —firmado por 423 estudiantes, docentes y trabajadores— se presenta en medio de la crisis por la agresión a una alumna y el mantenimiento de clases en línea en el plantel.

En la misiva, advierten un “deterioro progresivo del ambiente social, académico y de convivencia” en la Universidad y denuncian la presencia de grupos porriles, venta irregular de productos y consumo de drogas dentro de los planteles, lo que califican como un clima de violencia e impunidad incompatible con el espíritu universitario.

También rechazan las medidas de seguridad adoptadas, como detectores de metales y revisiones de mochilas, al considerar que vigilan a la comunidad en lugar de atender las causas estructurales de la violencia.

Sólo a través de un diálogo abierto, franco y horizontal podrá la Universidad enfrentar los desafíos que hoy amenazan su integridad y espíritu público”, señala la carta.

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