Síndica de Chiapas habría encabezado fraude a pobladores, despojo y robo de ganado
La síndica del municipio y sus familiares son señalados de defraudar a 40 familias con la promesa falsa de hacerse de sus tierras.
Un presunto despojo de tierras y el robo de cientos de cabezas de ganado terminaron con la confianza de habitantes de Solosuchiapa, al norte de Chiapas, donde hasta hace unos meses la palabra de los pobladores parecía tener más peso que los contratos y los cargos públicos.
Alrededor de 40 familias de este municipio ganadero se asentaron a orillas de un arroyo colindante con el rancho “El Edén”, luego de que familiares de la síndica municipal, Jenny Zacarías Pérez, presuntamente simularan la venta de lotes sin autorización del verdadero propietario.
Los habitantes aseguran que pagaron por los terrenos y recibieron documentos que aparentaban acreditar las operaciones. Sin embargo, hoy permanecen en esos predios sin certeza jurídica sobre su derecho a permanecer ahí.
Sinvergüenzas, eso fue un robo, lo que hicieron fue un fraude. Y si en mí estuviera hacerlos pagar, no dudaría en apoyar que los agarren, que paguen, porque uno es humilde y piensan que pueden hacer todo con uno”, dijo a Excélsior Diluviana de la Cruz.
La mujer asegura que pagó casi 100 mil pesos al esposo de la funcionaria, Tomás “N”, por un terreno que, posteriormente, descubrió que no le pertenecía.
“Es lo único que tengo. Vendí mi casita para ampliarme y ahora me salen con esto, no es justo”, relató entre lágrimas, mientras permanecía frente a los cimientos de la vivienda que comenzó a construir hace un año.
Recibos, contratos y un croquis
Algunos pobladores mostraron a Excélsior recibos elaborados y firmados a mano, en los que aparecen los nombres y firmas de Tomás “N” y Felipe “N”, esposo y padre de la síndica, respectivamente.
De acuerdo con los afectados, ambos habrían recibido pagos de manera mensual desde 2024.
Los pobladores también señalan a la síndica de estar presuntamente involucrada, debido a que desde el Ayuntamiento se habrían emitido contratos de compraventa y un croquis en el que se especifica la división de los lotes y los nombres de las personas a quienes serían vendidos.
“Tomás andaba con un croquis, el cual supuestamente ya había sido autorizado”, relató uno de los pobladores, quien pidió permanecer en el anonimato.
Reinel Rueda, otro de los afectados, asegura que pagó hasta 40 mil pesos por un terreno antes de descubrir que la operación no era legítima.
“No entendemos, porque ella era parte del Ayuntamiento”, señaló.
“Somos defraudados, pues, nos acabó, pues. Pero, ¿qué hacemos? Estamos a brazos cruzados”, agregó, resignado ante la posibilidad de no recuperar su dinero.
Órdenes de aprehensión contra síndica y familiares
El conflicto por los terrenos salió a la luz a principios de febrero, cuando Ricardo Zacarías, propietario de los ranchos, regresó al lugar y encontró a varias personas ocupando sus tierras.
Yo vine y había unas gentes ahí. Les dije: ‘¿Qué pasó, señores?’. ‘No, pues aquí compramos este terreno’. ‘¿A poco?’. ‘¿Quién se lo vendió?’. ‘El dueño de aquí’. ‘No puede ser, si el dueño soy yo’”, recordó en entrevista.
El ganadero, quien es pariente lejano de la funcionaria, asegura que los señalados aprovecharon que permaneció alejado de sus ranchos durante casi un año debido a problemas de salud.
Cuando regresó, descubrió que, además del presunto despojo de sus tierras, había desaparecido buena parte del ganado que acumuló durante más de cuatro décadas.
“Me robaron más de 400 reses entre los tres ranchos, que es lo que tenemos documentado, aparte de lo que no alcancé a aretar. (…) A mí me dio bastante coraje, la neta, o sea, una impotencia, una rabia, yo qué sé, y afectó un poco mi salud”, relató.
En abril, la Fiscalía General de Justicia de Chiapas giró tres órdenes de aprehensión contra Felipe “N”, padre de la síndica; Tomás “N”, su esposo; y la propia Jenny Zacarías Pérez, por el presunto delito de robo de ganado, conocido como abigeato.
De acuerdo con testimonios incorporados a la investigación, testigos protegidos aseguraron haber observado a los tres involucrados durante el presunto saqueo de las reses.
Felipe “N” fue detenido, pero Tomás “N” permanece prófugo. En el caso de Jenny Zacarías Pérez, la orden de aprehensión no puede ejecutarse debido al fuero que mantiene por su cargo.
A seis meses de la presentación de las denuncias y de la emisión de las órdenes de aprehensión, Excélsior documentó que la Fiscalía aún no ha presentado ante el Congreso local una solicitud de desafuero contra la síndica.
El abigeato, un problema persistente en la región
En Chiapas, el robo de ganado puede castigarse con hasta 15 años de prisión cuando involucra más de 10 cabezas.
Pese a ello, ganaderos de la región aseguran que el abigeato continúa siendo frecuente, debido al valor que alcanza el ganado en el mercado. Un bovino adulto puede venderse hasta en 30 mil pesos.
La gente se las ingenia para poder robar, la verdad es que es una situación muy crítica aquí en la región”, dijo a Excélsior Carlos Aparicio, presidente de la Ganadera Río de la Sierra.
Excélsior buscó a la síndica Jenny Zacarías Pérez y a su esposo, Tomás “N”, a través de WhatsApp, pero ninguno respondió. Los números proporcionados aparecen desconectados.
Durante una visita al Ayuntamiento de Solosuchiapa, funcionarios municipales señalaron que Zacarías Pérez lleva meses sin acudir al Palacio Municipal, aunque continúa formalmente en funciones.
El municipio es gobernado por Fernando Aparicio Gómez, del partido Redes Sociales Progresistas de Chiapas.
Excélsior solicitó una entrevista con el presidente municipal, pero en su lugar atendió Miguel Ramírez, secretario del Ayuntamiento, quien aseguró que la administración desconoce los señalamientos contra la síndica por los presuntos delitos de fraude, despojo y abigeato.
También afirmó que Zacarías Pérez continúa en funciones y que, hasta ese momento, no había sido requerida por las autoridades municipales.
El abogado Santiago Quevedo, quien encabeza la defensa de Ricardo Zacarías, sostiene una versión distinta.
Pues obviamente que el alcalde conoce a todas las autoridades de la región y lo han venido cobijando y les pusieron los obstáculos a las víctimas”, acusó.
Aunque el delito de abigeato es investigado por la Fiscalía especializada, las autoridades municipales y estatales consultadas por Excélsior aseguraron no tener conocimiento del presunto fraude cometido contra los pobladores.
Esto ocurre pese a que los afectados cuentan, según mostraron a este diario, con decenas de recibos firmados a mano, contratos de compraventa que llevan el sello del Ayuntamiento de Solosuchiapa y un croquis con la división de los lotes, presuntamente elaborado dentro del propio Palacio Municipal.
Mientras tanto, las familias que pagaron por los terrenos permanecen en una situación de incertidumbre y sin garantías sobre su patrimonio.