Correduría Pública, clave en la modernización del campo mexicano
El Colegio Nacional de Corredores Públicos afirma que la reforma a la Ley Agraria agilizará trámites y reducirá costos en más de 32 mil núcleos agrarios.
La iniciativa de reforma a la Ley Agraria, que avanza en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, contribuirá a la modernización del campo mexicano al incorporar a los corredores públicos como fedatarios en el régimen de propiedad social.
Así lo explicó el presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos, Carlos Roberto González, quien detalló que de esta forma se podrán descentralizar los servicios legales, agilizar trámites, reducir costos, ofrecer mejor atención y garantizar la seguridad patrimonial de más de 32 mil núcleos agrarios y comunidades rurales.
Durante la conmemoración del 500 aniversario de la Correduría Pública de México, en el Museo Nacional de Antropología, destacó que la propiedad social abarca más de 50 por ciento del territorio nacional y constituye un pilar fundamental para el sustento económico de la vida en comunidad.
“En ella no solo se realizan actividades primarias, que son el primer eslabón de la cadena productiva, sino que también es el lugar donde se llevan a cabo los principales desarrollos de infraestructura del país. Y es precisamente ahí donde, una vez más, el corredor público adquiere una relevancia especial, al ser un profesional del derecho multidisciplinario que, de forma natural, como agente mediador, tiene la capacidad de asesorar legal y financieramente al ejidatario, al comunero y al núcleo ejidal”, indicó.
Carlos Roberto González argumentó que, de lo contrario, se requeriría de distintos profesionistas para lograr lo que un corredor público puede hacer, al contar, por ejemplo, con la calidad de perito valuador y conocer las metodologías que rigen al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
“De ahí la necesidad de eliminar las interpretaciones administrativas que surgieron y limitaron indebidamente la participación del corredor en materia agraria, incluso pasando por alto lo que consta en el Diario de los Debates para la promulgación de la Ley Agraria, donde se enfatizó la intervención del fedatario público en un sentido amplio y no de una sola figura en particular”, manifestó.
Historia
Carlos Roberto González, presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos, con alrededor de 420 miembros, recordó que el origen de esta figura se remonta a 1526, cuando quedó registrado el primer nombramiento de un corredor en el Libro Primero de Actas de Cabildo de Temixtitán, hoy Ciudad de México.
Señaló que desde entonces la correduría pública ha evolucionado junto con el comercio mexicano, adaptándose a los cambios económicos, tecnológicos y legales sin perder su función principal: brindar confianza, legalidad y certeza jurídica en las relaciones mercantiles.
“Hoy, la correduría pública sigue ahí, muchas veces invisible, pero indispensable”, subrayó.
Un corredor público en México es un profesional del derecho y auxiliar del comercio, habilitado por la Secretaría de Economía (SE), cuya versatilidad radica en sus cinco funciones principales: fedatario, valuador, asesor, mediador y árbitro en materia mercantil.