Reforma judicial: acusaciones de ineficiencia y corrupción confrontan posiciones
Mientras jueces defienden su actuación, legisladores y especialistas los acusan de ineficientes, deshonestos y donde el nepotismo es algo común
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha confrontado posiciones entre quienes lo consideran ineficiente para erradicar la corrupción y el nepotismo entre jueces y magistrados y las voces que refutan que éstos no son males que caractericen al Poder Judicial.
Estos temas han estado presentes en los foros que la Cámara de Diputados realiza para analizar la reforma presidencial, generando una confrontación de señalamientos y de cifras: unos para documentar que el CJF no tiene remedio y otros para mostrar que la reforma judicial de 2021 sigue avanzando.
Al ilustrar el diagnóstico que desde su perspectiva es catastrófico, el senador Ricardo Monreal sostuvo que ese Consejo apenas ha sancionado a 106 servidores públicos con acciones administrativas en el 99.4% de los casos.
Y en materia de corrupción, para abreviar, 0.7% del total del Poder Judicial de la Federación ha tenido algún indicio de corrupción, 0.7 %”, reviró la magistrada Selina Avante Juárez.
Al argumentar que la reforma de 2021 que impulsó el entonces presidente del PJF, Arturo Zaldívar, sigue avanzando en la depuración de las redes familiares en los centros de justicia y en la atención a quejas por fallas de los juzgadores, la magistrada Lilia Mónica López Benítez pidió poner en la balanza los resultados obtenidos.
A la Comisión de Disciplina le corresponde la imposición de sanciones y de 2018 a la fecha se han impuesto 475 entre destituciones, inhabilitaciones, suspensiones, amonestaciones y apercibimientos públicos y privados, así como 108 medidas cautelares”, expuso la consejera de la Judicatura.
CHOQUE DE DIAGNÓSTICOS
Otra acusación recurrente se refiere a que el PJF se encuentra al servicio de las élites, por lo que sus sentencias y resoluciones en una mayoría abrumadora responden más a temas mercantiles, administrativos y fiscales.
Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos, no es una apreciación subjetiva. De cerca de 258 mil tesis aisladas. Y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua”, cuestionó la ministra Lenia Batres.
En contraste, se han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria. Mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano”, enumeró la jueza constitucional.
Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek cuestionó a los legisladores cuando hablaban de un PFJ corrupto se referían a todos sus integrantes: “Somos 55 mil, mil 647 juezas, jueces, magistradas y magistrados, y 30 mil abogados, abogadas de todas las edades que pertenecen al Sistema de Carrera; éste es el Poder Judicial, ¿eso, todo, está podrido? ¿Todo eso es conflicto de interés?”.
Recordó el juez constitucional que, si únicamente se trata de la percepción ciudadana, habrá que asumir que ésta ha reprobado a muchos actores e instituciones.
El ministro admitió que se deben atender y resolver fallas, carencias y problemas, pero pidió tomar nota de que entre los integrantes del PJF están “la jueza de Chihuahua, que otorgó el amparo para reconocer el derecho a la verdad de una menor de edad desaparecida; los jueces en Tijuana que trabajan sin horarios ni descanso para atender los juicios de amparo promovidos ahora por los migrantes, que se duplicaron este año; el juez de Oaxaca que protegió la parcela escolar del ejido como un bien fundamental; la jueza de Tlaxcala, que reconoció el acoso laboral de las trabajadoras”.
Y enfatizó Laynez Potisek: “Ninguno de ellos son corruptos, ninguno de ellos está alejado de la sociedad”.
TE PUEDE INTERESAR: Reforma Judicial: Un debate de números... y más; presentan datos para documentar posturas
“TODO MAL”
Ricardo Monreal caracterizó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como un órgano opaco e ineficiente.
A pesar de que el Congreso de la Unión le ha otorgado un aumento creciente de recursos que se traducen que del 2010 al 2023 se le aumentaron 45 mil millones de pesos al año, repito, de incremento 45 mil millones de pesos, sin que se haya observado mejora significativa en la impartición de justicia”, expuso el jefe de Morena en el Senado.
Reclamó el también futuro líder de esa mayoría en la Cámara de Diputados que el CJF recibe denuncias por faltas administrativas, acoso y abuso, pero que apenas “se ha sancionado a 106 servidores públicos y, si ya esta cifra es baja, se ve empañada con el hecho de que el 0.6 corresponde a sanciones económicas, el 99.4 a sanciones administrativas y más del 30 por ciento fueron sólo amonestaciones”.
La magistrada López Benítez explicó que el Consejo cuenta con la Comisión de Disciplina y su Secretaría Ejecutiva, así como de otro órgano auxiliar, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), que respetando el debido proceso práctica las investigaciones.
A la Comisión de Disciplina le corresponde la imposición de sanciones y de 2018 a la fecha se han impuesto 475 entre destituciones, inhabilitaciones, suspensiones, amonestaciones y apercibimientos públicos y privados, así como 108 medidas cautelares”, informó la integrante del CJF.
Aspiramos a una Judicatura donde la corrupción y el nepotismo estén ausentes y prevalezca el uso racional, eficiente y eficaz de los recursos públicos (…) Para lograrlo es indispensable partir de un diagnóstico apegado a la realidad y con una base metodológica que permita distinguir las problemáticas de la justicia local y de la federal, evaluar los avances de la reforma judicial de 2021 y reconocer, especialmente, el capital humano especializado en la delicada tarea de juzgar”, planteó la magistrada.
“SÍ SANCIONAMOS”
Se expusieron los datos de la Comisión de Disciplina que entre 2018 y 2024 ha sancionado a 264 personas con funciones jurisdiccionales; entre ellos 49 jueces de distrito y 62 magistrados de circuito.
Las sanciones han ido, detalló la funcionaria de la CJF, “desde apercibimientos hasta destitución e inhabilitación, y se presentaron en este periodo ante el Ministerio Público 20 denuncias por diversos hechos con apariencia de delito”.
Recordó López Benítez que la reforma judicial citada lleva apenas tres años de vigencia “y trajo vientos de cambio en el andamiaje judicial, con aspectos relevantes vinculados con el desempeño y responsabilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional”.
Expuso la magistrada que esa reforma de 2021 “garantizó el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, al prohibir los nombramientos de parientes e incluir la paridad de género”.
Y enfatizó que “se han realizado 208 indagatorias realizadas de 2018 a la fecha por la UGIRA, en el marco del combate al nepotismo”.
UN DIAGNóSTICO DEL 2017
Sin embargo, los impulsores de la reforma presidencial que busca sustituir la funciones del CJF por un Tribunal de Disciplina Judicial sustentan sus críticas en el estudio que en 2017 difundió el exmagistrado Felipe Borrego.
Citando ese reporte, Ricardo Monreal destacó que había “un ejemplo de gran circuito del Poder Judicial, es un circuito donde el 66% del personal es de parientes”.
Y definió el líder de la mayoría legislativa en la Cámara alta: “La corrupción asociada al soborno, al peculado de altos funcionarios que poseen parientes en este alto porcentaje”.
En la misma línea, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, citó un caso en el que el Poder Judicial de la Federación liberó a 33 delincuentes en Veracruz, entre ellos estaban 21 homicidas pederastas y secuestradores.
Contó el mandatario estatal haber denunciado esas irregularidades. Pero, dijo, “no se nos escuchó, a los pocos días ese Poder corrompido liberó a otros 11 delincuentes más”.
En contraste, integrantes del PJF explicaron que las quejas se siguen y se resuelven, pero respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.
“En los dictámenes se toman diversas determinaciones, como las 9 mil 284 medidas adoptadas de 2018 a 2023, entre requerimientos, solicitudes, indicaciones preventivas, recomendaciones correctivas y observaciones, lo que también dio lugar a mil 577 quejas y denuncias, atendidas inicialmente por la Visitaduría Judicial”, precisó la magistrada López Benítez.
Carolina Villagrán Salinas, visitadora judicial B del Consejo de la Judicatura Federal, una de los 19 visitadores que se tienen a nivel nacional, contó: “Revisamos la actuación de más de mil 600 jueces y magistrados. Como parte de esta función todos los días del año, más del 98% estoy fuera de casa verificando cómo se comportan nuestros titulares”.
ACOSO Y MALTRATO
El jefe de la diputación de Morena, Ignacio Mier Velazco, señaló que los cambios buscan que el seguimiento al Servicio Profesional de Carrera, a través de la carrera judicial, no sea simulado.
Muchos trabajadores actuarios, secretarios, expresan que después de 20, 25, 30 años y que están inscritos en la carrera judicial, en el momento de la promoción hacia jueces de distrito, finalmente sigue prevaleciendo el régimen de nepotismo y el régimen de corrupción y favoritismo”, relató.
Víctor Flores Nicolás, secretario general del Sindicato en Toluca, expuso que en el Consejo de la Judicatura Federal se quedan sin atender “infinidad de demandas y de quejas por acoso sexual, por acoso laboral, por pagos de horas extras que no son cubiertas”.
Manifestó el sindicalista que “existen jornadas de trabajo de 12, 14, 16 y más horas diarias que no son cubiertas tampoco, no se respeta la integridad de los trabajadores”.
El experto electoral Andrés García Repper Favila habló también de que “hay gente que es maltratada por sus jueces, insultada, sobajada, explotada; compañeras abogadas que son acosadas sexualmente.
Planteó el también consultor y abogado que una vez que realizan los exámenes correspondientes quienes aspiran a ingresar a la carrera judicial, quedan supeditados a la contratación de un juez. “Y cuando los contratan, les dan nombramientos de un mes, después de 15 días, después de 3 meses, después de 6 meses, por lo tanto, cuando les dan la plaza, la lealtad es absoluta y hay una omertá, hay una ley del silencio”.
Al respecto, el consejero José Alfonso Montalvo Martínez expuso: “No es verdad que los jueces federales se designen por dedazo. A nivel federal, desde 1996, es decir, hace casi 30 años, han sido designados 2 mil 595 juzgadores a través de 111 concursos de oposición internos y algunos abiertos a toda la ciudadanía”.
ES INEFICIENTE
Respecto a la descalificación de que el CJF es ineficiente, el abogado y activista en derechos humanos Marco Barrera Vázquez sostuvo: “Si como anuncia el Consejo de la Judicatura Federal, este año se espera que resuelvan o que atiendan 1 millón 300 mil asuntos, y si tienen un presupuesto para este año de 69 mil millones de pesos, ¿saben cuánto nos cuesta cada sentencia a nosotros? Nos cuesta 53 mil pesos”.
Igual planteó el senador electo de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara al citar la cifra de los 45 mil millones de pesos asignados al CJF. “Es un dato brutal para este país que se gaste tanto dinero y que los resultados que nos vengan a presumir, como si fuera un éxito, es que hay el 0.7% de resoluciones en contra de la corrupción, que esto no será que están haciendo un pésimo trabajo en la materia, que no están funcionando”.
La magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, reviró: “A ver, senador, me gustaría que la sociedad se entere que el Poder Judicial de la Federación tiene presencia en 32 circuitos judiciales. Es decir, abarca toda la República mexicana, cuenta con 931 juzgados y tribunales, juzgados de distrito y tribunales de circuito y aproximadamente un promedio de 50 mil empleados a nivel también nacional.
Este presupuesto se ha utilizado para la creación de órganos, que implica generar cercanía con las usuarias y los usuarios del sistema de justicia. Se ha utilizado también para la capacitación; se han implementado salas de justicia oral, se ha capacitado al personal para poder lograr esta justicia y se ha invertido más de 6 mil millones de pesos.
Actualmente estamos en la consolidación de la reforma penal 2008, estamos ya en 2024, más de 6 mil millones de pesos, justo para evitar todo lo que se ha manejado”, enumeró.
Aquí podrás acceder a noticias en tiempo real
Conoce lo más viral en Facebook Trending
Lee a los columnistas de Excélsior Opinión
clm
EL EDITOR RECOMIENDA
