Reforma impulsada por el PVEM cobra vigencia tras caso de agresión sexual en Tijuana

La reforma impulsada por el Partido Verde y aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2024 para crear y fortalecer fiscalías especializadas en la investigación de delitos contra las mujeres por razones de género en todo el país cobró especial relevancia ante la denuncia ciudadana de Daniela. La joven denunciante señaló haber sido víctima de agresión sexual por parte del regidor de Tijuana, Miguel Loza, y manifestó haber enfrentado más de diez meses de amenazas, hostigamiento, así como medidas de protección que resultaron insuficientes para garantizar su integridad.

Ante esta situación, el Partido Verde Ecologista de México señaló que este caso evidencia de manera contundente la necesidad urgente de contar con instituciones especializadas que operen con personal formalmente capacitado y protocolos estrictos con perspectiva de género. El instituto político subrayó la importancia de garantizar investigaciones totalmente imparciales, de forma primordial en aquellos escenarios donde las denuncias involucran a servidores públicos o personas que ostentan posiciones de poder dentro de la estructura gubernamental.

La denuncia formal interpuesta por la víctima expuso presuntas irregularidades en el desarrollo de la investigación, la falta de un seguimiento adecuado a las medidas de protección asignadas y la negativa recurrente de las autoridades para solicitar una orden de restricción en contra del funcionario público denunciado. De acuerdo con el posicionamiento del partido, esta problemática refleja con claridad los profundos retos estructurales que el sistema de procuración de justicia mexicano todavía enfrenta para brindar esquemas de protección que resulten verdaderamente efectivos.

Finalmente, se recordó que la reforma constitucional busca robustecer integralmente las fiscalías especializadas para asegurar intervenciones oportunas y evitar la revictimización de las denunciantes. El marco legal pretende blindar los procesos jurídicos a fin de que ninguna denuncia por violencia sexual o de género quede rezagada debido a deficiencias en la capacidad técnica de los Ministerios Públicos o por posibles presiones externas derivadas del influyentismo.