Ayuntamiento de Salvador Alvarado es señalado por presuntas multas irregulares a empresas de telecomunicaciones
Se afirma que autoridades municipales habrían ordenado el corte de cables de telecomunicaciones, lo que provocó interrupciones en el servicio para la población y que, de confirmarse, podría constituir una violación a la legislación federal en materia de telecomunicaciones.
El municipio de Salvador Alvarado, cuya cabecera es Guamúchil, Sinaloa, enfrenta señalamientos por presuntamente intentar imponer multas millonarias a empresas de telecomunicaciones por infraestructura instalada sobre postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un caso que ya llegó al Poder Legislativo federal.
De acuerdo con los señalamientos, la administración municipal encabezada por la alcaldesa morenista Guadalupe López González habría iniciado procedimientos para exigir alrededor de mil 500 millones de pesos a empresas como Telmex, Megacable y Totalplay, argumentando supuestas irregularidades relacionadas con el tendido de cableado.
Las acusaciones sostienen que el ayuntamiento utiliza a un intermediario, identificado como Pedro Molineros Urías, para negociar con las compañías reducciones de entre 60 y 70 por ciento sobre las sanciones originalmente impuestas, mecanismo que los denunciantes califican como un esquema de presión.
Asimismo, se afirma que autoridades municipales habrían ordenado el corte de cables de telecomunicaciones, lo que provocó interrupciones en el servicio para la población y que, de confirmarse, podría constituir una violación a la legislación federal en materia de telecomunicaciones.
Los críticos del actuar municipal aseguran que el ayuntamiento carece de facultades constitucionales para autorizar o sancionar instalaciones de telecomunicaciones, ya que dicha competencia corresponde al ámbito federal. En ese sentido, argumentan que un reglamento municipal no puede otorgar atribuciones reservadas por la Constitución a la Federación.
También señalan que, mientras el Reglamento de Construcción contempla sanciones cercanas a los 60 mil pesos por obras sin autorización, el municipio estaría cobrando más de 410 mil pesos por cada "coordenada" de cableado, ofreciendo posteriormente descuentos sobre esos montos.
Las denuncias incluyen presuntas irregularidades en los procedimientos administrativos, entre ellas verificaciones realizadas sin la participación de las empresas, notificaciones deficientes, falta de derecho de audiencia y obstáculos para presentar pruebas.
El caso ya fue llevado a la Cámara de Diputados, donde el legislador Mario Zamora presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a las autoridades federales revisar la legalidad de las acciones emprendidas por el municipio y garantizar la protección de la infraestructura estratégica de telecomunicaciones.
Se prevé que el conflicto sea resuelto en tribunales federales, donde existen precedentes sobre los límites de la competencia de los municipios en materia de telecomunicaciones. Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una respuesta pública detallada sobre las acusaciones.