¿Quién es Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena acusado por EU de narcotráfico?

Enrique Inzunza Cázarez nació en Badiraguato, Sinaloa, en 1972. Se formó como abogado en la Universidad Autónoma de Sinaloa y posteriormente cursó estudios de posgrado en derecho constitucional y amparo en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Más tarde, amplió su preparación en España con un posgrado en derecho penal y criminología en la Universidad de Salamanca.

Está casado con Claudia Yuridia Meza Avendaño, magistrada del Poder Judicial de Sinaloa desde 2021. 

Trayectoria en el Poder Judicial

Su carrera profesional inició en el Poder Judicial de Sinaloa, donde fue director del Instituto de Capacitación Judicial y más tarde magistrado. 

En 2016 asumió la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del estado, cargo que ocupó hasta 2021. Durante su gestión impulsó la profesionalización de jueces y magistrados, además de promover reformas internas para modernizar la administración de justicia. 

Ingreso a la política

En octubre de 2021 dejó la judicatura para integrarse al gabinete de Rubén Rocha Moya como secretario general de Gobierno de Sinaloa. 

Desde esa posición se convirtió en operador político del Ejecutivo estatal, con un papel relevante en la relación con el Congreso local y en la resolución de conflictos institucionales. Su estilo se caracterizó por la negociación y la búsqueda de acuerdos en un entorno político plural. 

Etapa legislativa en el Senado

En 2024 fue electo senador por Morena en fórmula con Imelda Castro, obteniendo más de 645 mil votos. Desde septiembre de ese año ocupa un escaño en la Cámara Alta, donde preside la Comisión de Estudios Legislativos y participa en comisiones clave como Puntos Constitucionales, Justicia, Gobernación y Derechos Humanos.

Rubén Rocha Moya, señalado en EU por vínculos con Los Chapitos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos nexos con el cártel de Los Chapitos. De acuerdo con documentos judiciales, su relación con la organización criminal habría sido determinante para su llegada al poder y para consolidar el control territorial del grupo en la región.

Las imputaciones sostienen que Rocha Moya habría recibido apoyo electoral ilícito en las elecciones de noviembre de 2021, cuando integrantes del cártel intervinieron mediante secuestros e intimidación de adversarios políticos. También se le atribuyen reuniones con líderes del narcotráfico tanto en campaña como ya en funciones, además de un pacto de impunidad que permitió el tráfico masivo de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

La justicia estadounidense lo acusa de tres cargos graves: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos. De ser procesado en ese país, el gobernador podría enfrentar una condena mínima de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua.

Las acusaciones fueron presentadas en una corte federal de Nueva York y forman parte de una investigación que apunta a la infiltración del narcotráfico en las estructuras gubernamentales de Sinaloa. 

Una red institucional bajo sospecha

El expediente no se limita al gobernador. Según la fiscalía, una red de funcionarios y cuerpos de seguridad estatales y municipales habría recibido millones de dólares en sobornos para proteger a los líderes del cártel. 

Los funcionarios que particuparon en la red de protección de líderes del Cártel de Sinaloa se encuentran: 

• Enrique Inzunza Cázarez 
• Enrique Díaz Vega
• Dámaso Castro Zaavedra
• Marco Antonio Almanza Avilés 
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”
• Gerardo Mérida Sánchez 
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”
• Juan de Dios Gámez Mendívil 
• Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”

Entre las acciones señaladas figuran la filtración de información militar y policial para frustrar operativos, así como el despliegue de fuerzas estatales y municipales para custodiar cargamentos de droga y tolerar actos de violencia sin consecuencias legales.