Quedan impunes los asesinatos políticos; las fiscalías locales desdeñan casos

La impunidad que enfrenta México para castigar los homicidios engloba los asesinatos de candidatos y precandidatos. 

En el proceso electoral de 2021 fueron asesinados 36 aspirantes, crímenes que no han sido resueltos. En la elección de 2018 sumaron 52 casos. De acuerdo con la organización Impunidad Cero, en los últimos tres años la ausencia de castigo en homicidios dolosos se ha mantenido en 89 por ciento. 

Ninguna legislación en México contempla que el asesinato de algún ciudadano registrado como candidato a un puesto de elección popular pudiera tener alguna condición distinta a la de cualquier otro. 

 Las fiscalías estatales son las encargadas de investigar estos crímenes, pero el rezago, la falta de personal y de presupuesto provocan que los asesinatos políticos tengan trato como cualquier otro homicidio doloso. 

 Especialistas consultados por Excélsior coincidieron en que, pese a que hay arrestos, la impunidad es la norma en la violencia política. Alertaron que los asesinatos políticos siempre tienen el efecto de inhibir la participación de un partido o un individuo. 

 Para Sandra Ley Gutiérrez, investigadora del CIDE, otro efecto es que el crimen incide así en la creación o limitación de políticas públicas, en el erario, puede extorsionar a los presidentes municipales, delimitar la participación ciudadana o la rendición de cuentas. 

Sin resolver, los crímenes de candidatos políticos 

En el proceso electoral de 2021 fueron asesinados 36 aspirantes; ninguno de esos casos ha sido resuelto; los delitos forman parte de las estadísticas de impunidad en México de 89% en homicidios dolosos. 

La dinámica que prevalece en el índice de impunidad de los asesinatos dolosos en México, engulle también a los asesinatos de candidatos y precandidatos a puestos de elección popular, que se acumulan por decenas —52 ocurridos en 2018 y 36 en 2021—, abultando las estadísticas de crímenes no resueltos por la procuración de justicia. 

Ninguna legislación en México contempla que el asesinato de algún ciudadano registrado como candidato a un puesto de elección popular pudiera tener alguna condición distinta a la de cualquier otro, por lo que la investigación corre a cargo de las fiscalías locales, como cualquier otra indagatoria. 

 La organización Impunidad Cero registra que en los últimos tres años la impunidad en homicidios dolosos se ha mantenido en el rango de 89 por ciento; significa que de cada 100 homicidios intencionales que suceden en México, únicamente alrededor de 11 cuentan con una sentencia condenatoria. 

14 ASESINATOS de candidatos con registro ocurrieron en el proceso electoral de 2021. 

 Los departamentos jurídicos de los partidos políticos a los que esos candidatos representarían en los respectivos comicios no llevan un seguimiento de cómo va los procesos de sus excandidatos. 

 En las respectivas fiscalías locales, donde se lleva cada uno de los casos, el rezago, la falta de personal y presupuesto provocan que los asesinatos producto de la violencia política tengan trato como cualquier otro asesinato, y muchas veces sin ningún criterio de prioridad se preferencia de resolución a otros delitos, como el robo de un celular. 

 En todo caso, los únicos interesados en conocer quién o quiénes asesinaron a un candidato son los familiares de estos ciudadanos víctimas de la violencia política. 

En el caso específico de los 36 asesinatos registrados durante el proceso electoral del año pasado, que inició con el asesinato de Alejandro Toledo, en Acapulco, Guerrero, el 9 de septiembre de 2020, y que cerró la estadística con el homicidio de René Tovar, el 4 de junio de 2021 en Cazones, Veracruz, siguen en la impunidad. 

El asesinato de Tovar, quien competía para ser presidente municipal de Cazones, tuvo resonancia a nivel nacional por el hecho de que la fiscalía de Veracruz inculpó y arrestó y mantiene en la cárcel a José Manuel del Río Virgen, cercano colaborador del senador Ricardo Monreal, por este hecho. 

El exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, lleva en prisión más de 140 días, sin que aún se le haya podido comprobar su participación en el delito. 

 Otro de estos asesinatos de alto impacto mediático que no ha sido esclarecido es el del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, quien en los pasados comicios estaba inscrito como candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

 El homicidio de Sandoval se registró en Puerto Vallarta, el 18 de diciembre de 2020. A mediados de marzo de 2022, la fiscalía de Jalisco logró que se vinculara a proceso a José Manuel S. por los delitos de homicidio calificado y encubrimiento, relacionados con el asesinato de Sandoval. 

José Manuel S. es señalado de haber autorizado y ordenado diversas acciones al interior del lugar en donde fue asesinado el exmandatario estatal mismas que facilitaron el accionar de los autores materiales de los hechos y la alteración de la escena del crimen. 

Fuentes consultados por Excélsior, señalan que la agilización de este caso, que no obstante no está legalmente resulto, se debió a la información que se tiene en Jalisco sobare el asesinato del candidato a diputado federal. 

 Según las fuentes consultadas Sandoval, había estado haciendo proselitismo entre los grupos sociales y políticos, donde personal del Cártel Jalisco Nueva Generación también estaba tratando de convencer a los mismos grupos. Señalan las fuentes que ese grupo delictivo se sintió “amenazado” por el trabajo y carisma del ex gobernador de Jalisco y en razón de eso fue que lo habrían asesinado. 

 Excélsior contactó con distintos consultores y especialistas en el tema de la violencia política para saber si conocían el estatus de los crímenes que se registraron en los pasados procesos electorales. 

Carlos Rodríguez Ulloa, integrante de Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia (CASEDE), que durante los comicios electorales llevan un registro de los candidatos y precandidatos asesinados o agredidos dijo: 

 “En el tema de asesinatos a candidatos, la impunidad es la norma, la situación de ellos no está distantes de la situación nacional; tenemos 97 por ciento de impunidad a nivel nacional, ni en el tema de los periodistas asesinados se resuelve, menos en estos personajes”, dijo Rodríguez Ulloa. 

 De acuerdo con el integrante de CASEDE, “la situación se complica más porque muchos de estos asesinatos o amenazas, tuvieron el efecto deseado: inhibir la participación de un partido o un individuo y que ganara el opuesto; evidentemente si la autoridad no le pone interés al tema no va pasar absolutamente nada”, aseguró. 

Señaló Carlos Rodríguez que “Estamos en una coyuntura donde a los grupos de la delincuencia organizada les es más fácil o más barato matar, y el fenómeno subyacente a la violencia política es que ya identificaron que tener una participación más proactiva en el campo político les es rentable; la operación de los grupos delincuencia responde mucho a dinámicas locales, y eso mezclado con el gran mensaje replicado desde Presidencia, abrazos no balazos es la mejor bandera de permiso para matar”. 

Rubén Salazar, de Etellekt Consultores, aseguró “realmente puedo decir que no se ha resuelto ni uno solo; se habla de investigaciones, de arrestos, pero no hay sentencias. De esos 36 asesinatos de proceso electoral del 2021, había 14 personas con registro más de 22 que eran precandidatos a la hora de su asesinato”. 

 Salazar, incluso mencionó el caso de una candidata que ni siquiera fue tomado en cuenta en las estadísticas de asesinatos. 

 Se trata de Guanely Pérez Ramírez, una joven de 24 años, que se había registrado como candidata suplente a una regiduría por el municipio de Cuapiaxtla de Madero, estado de Puebla. 

Después de su registro, el 31 de marzo de 2021, salió de la sede de Movimiento Ciudadana y desapareció. 

 La encontraron muerta el 22 de abril siguiente en un canal de aguas negras, junto con otra joven. 

 Fernando Morales Martínez de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano exigió en su Twitter el esclarecimiento del homicidio, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. 

Por su parte, la doctora Sandra Ley Gutiérrez, Investigadora del CIDE, sobre el tema de la impunidad en que permanecen los asesinatos de candidatos electorales dijo: 

“La gran tragedia es que hay una acumulación de todos esos casos que no se resuelven, tampoco es que podamos observar que se resuelva algunos de esos casos, que son de alto perfil, quedan impunes. Me parece que es un milagro que en México se puedan seguir haciendo elecciones cuando hay un candidato que se le asesina a días de la elección”. 

Explicó la investigadora que las elecciones ocurren, a pesar de los asesinato, “porque esos delitos tienen efectos muy importantes en la política local; desde el crimen organizado pudiendo incidir en la creación de políticas públicas o las limitaciones en la instrumentación de la política pública; poder incidir como lo sabemos, en el erario, poder extorsionar a los mismos presidentes municipales, delimitar la participación de los ciudadanos que tiene un efecto importante en la rendición de cuentas y en la posibilidad de contener la violencia, si perdemos ese eslabón ciudadano; lo que me parece que no debemos perder de viste es ese cúmulo de violencia contra autoridades, candidatos, funcionarios, lo vemos en años electorales, precisamente porque es ahí el punto de entrada del crimen organizado para incidir en todos estas dimensiones políticas, económicas y sociales. 

“Porque es cuando están enfrentando la posible inestabilidad del mercado y de poder establecer estas redes de protección de las cuales dependen, si es en particular esas redes de proteccióan a nivel local; en 2018 no se nos debe olvidar que vimos esa impresionante explosión de violencia política; en 2021 también, no porque fueran federales, sino porque tuvimos un amplio número de estados que tuvieron elecciones locales concurrentes, es ahí donde quiere intervenir el crimen organizado y es ahí donde vemos esa expresión de violencia”. 

 La investigadora del CIDE mencionó que para las elecciones del próximo 5 de junio, “tal vez no veamos el nivel de violencia del 2018 o del 2021, porque son seis estados, pero no debemos perder de vista que son estados como Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, con una historia detrás en donde esta violencia se recrudece y persiste la presencia del crímen organizado. Tal vez hay estados donde hay grupos más afianzados y en ese sentido no quiere decir que no haya tanta violencia, eso no significa que no hayan ya enraizado esos controles, esa es la parte preocupante”.