Permanente congela Sinaloa y evade solicitudes de extradición
El órgano del Congreso de la Unión concluyó su periodo de trabajo sin dictaminar las 10 iniciativas de la oposición sobre la crisis de seguridad, la desaparición de poderes ni el juicio político contra las autoridades vinculadas con el narcotráfico
Este lunes concluye el segundo periodo de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que silenció el tema de Sinaloa a pesar de instalarse justo en el momento en que estalló la noticia de que el Gobierno de Estados Unidos solicitó la detención de 10 políticos sinaloenses, entre ellos el gobernador Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza, por nexos con el Cártel de Sinaloa.
Parálisis legislativa ante la narcopolítica
Hubo 10 propuestas de panistas, priistas y emecistas para que la Permanente fijara posiciones en torno a la crisis de seguridad de Sinaloa, incluso dos peticiones para que la Permanente convocara al Senado a evaluar las solicitudes de desaparición de poderes en Sinaloa y otras dos para someter a juicio político a Rubén Rocha Moya; sin embargo, la Primera Comisión optó por ignorarlas.
Del total de 92 dictámenes que aprobó, de los cuales 73 fueron avalados por el pleno, ninguno tocó a Sinaloa.
Caso contrario fue el de la gobernadora María Eugenia Campos, de Chihuahua, pues la Primera Comisión sí aprobó un exhorto promovido por el morenista Manuel Huerta para exigirle a la mandataria estatal respeto a la soberanía, como efecto de la presencia de agentes de la CIA en el territorio chihuahuense, pero ese dictamen jamás llegó al pleno de la Permanente.
Iniciativas frenadas en la Primera Comisión
La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estuvo presidida por el morenista Alejandro Murat y le fueron turnadas 317 propuestas; entre los puntos que ignoró respecto a la crisis de Sinaloa hay asuntos promovidos por la oposición.
Los diputados federales emecistas Gibrán Ramírez Reyes y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez propusieron que la Comisión Permanente exhortara al Senado de la República a declarar la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa.
El 21 de mayo, la senadora priista Anabell Ávalos propuso que la Comisión Permanente exhortara a la titular del Ejecutivo Federal, “a fin de que defienda la soberanía nacional para juzgar a las personas que han sido o fueron integrantes del gobierno morenista en Sinaloa que fueron señalados de tener vínculos con el crimen organizado y que están siendo requeridos en un proceso de extradición internacional.
“Garantizar que esas personas se encuentran localizables por la justicia mexicana para evitar su fuga o evitar que esos morenistas se entreguen al extranjero; así como para que se expliquen los motivos por los cuales los morenistas señalados prefirieron entregarse a la justicia extranjera”, planteó la priista.
Exigencias de extradición y juicio político
Como bancada, senadores y diputados panistas pidieron, el 1 de junio, que la presidenta de la República autorizara e instruyera “a las instancias y dependencias competentes a que lleven a cabo el traslado o entrega extraordinaria a las autoridades competentes de Estados Unidos de Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del Estado de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, así como en contra de diversas personas funcionarias y exfuncionarias públicas del estado de Sinaloa”.
El 17 de junio, la panista Lilly Téllez propuso que la Comisión Permanente expresara “su firme rechazo a la narcopolítica y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República a atender, sin dilaciones ni maniobras obstaculizadoras, la solicitud de los Estados Unidos de América en el caso de los funcionarios de Sinaloa acusados por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en pleno apego al Tratado de Extradición vigente, a la Ley de Extradición Internacional, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los principios del derecho internacional en materia de cooperación penal”.
Ese mismo día, la bancada panista solicitó que “la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a las Cámaras de Diputados y Senadores a celebrar un Periodo de Sesiones Extraordinarias, durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura, con el propósito de tramitar el procedimiento de juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, previsto en la Carta Magna”.
Tanto panistas como priistas también pidieron seguridad para la priista Paola Gárate y otros políticos sinaloenses amenazados por criminales.