La decisión tomada por el gobierno de Mark Carney fue suspender las conversaciones entre Canadá y Estados Unidos al no estar de acuerdo en los nuevos términos, sobre todo lo que tiene que ver con vehículos pesados, alineación contra terceros países en aranceles y temas de seguridad.
Traían desde hace mes y medio amenazada la 338, la que les aplicaron desde el domingo.
Lo demandado por EU fue un acto de fuerza y demostración de poder inaceptable. ¿Greer cerró el acuerdo sin que Navarro y Lutnick lo revisaran y por eso demandó lo impensable? Hay versiones probables de que todo reventó por la 232 y, particularmente, heavy trucks.
Mire, el equipo de Trump y su gabinete piensan distinto y no se soportan entre ellos; eso ha trascendido y se sabe que es parte de lo que abona a negociaciones complicadas.
Carney es un hombre con capacidades de negociación irreprochables, entiende cómo lidiar con riesgos globales, sabe qué decisión podría tomar y qué consecuencias tendría, pero el Carney didn’t chicken out! les va a costar.
Por el lado de México, supongo que en la breve conversación telefónica que tuvieron el primer ministro canadiense y la presidenta Claudia Sheinbaum el jueves en la tarde de la semana pasada, el primero le detalló en qué quedó con Greer. En ese momento se daba por hecho que se cerraría el acuerdo.
Por la mañana del viernes, Trump dio a conocer un acuerdo con ventaja para EU y la sorpresa ocurrió cuando Carney anunció la suspensión de las negociaciones. En su discurso comentó que habían avanzado razonablemente, pero lo que se puso sobre la mesa los llevó al punto de no retorno.
“Estados Unidos no quiere un acuerdo de largo plazo, sino hacer negocios de corto plazo donde la ventaja la toman ellos”. Esta declaración lo dice todo.
Los eventos en serie que ocurrieron entre el regreso, por sus fueros, de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa y su salida, por la misma vía, el fast track de la licencia, hicieron que la noticia del retiro de la mesa de negociaciones de Canadá no se viralizara como un evento crítico para la negociación entre México y Estados Unidos y para el futuro del T-MEC. Pero Donald Trump esbozó que va a empujar el acuerdo con México. Esto último hay que tomarlo en cuenta.
El secretario Marcelo Ebrard, con más de un año negociando en la mesa de la USTR, lo tiene claro: el foco es México, pero cada vez que se sientan a la mesa piden más, o cambian los términos de lo negociado y, el mensaje que envían es “terminamos ya la negociación no del T-MEC, la bilateral, pero queremos saber qué están dispuestos a dar”. Mezclan todo, y todos los días salen con algo más. El último golpe fue la pretendida imposición de temporalidades agrícolas.
México no va a imitar a Canadá ni arriesgar a que se imponga en fila la Sección 338 de la Ley Arancelaria de la época de la Gran Depresión (por primera vez utilizada en su guerra arancelaria reciente) que permite a la Casa Blanca sancionar a los países que discriminan contra los productos estadunidenses.
En el caso de Canadá, los aranceles se dirigen al país por restringir las importaciones de automóviles, alcohol y productos lácteos estadunidenses, principalmente y, en todo lo exportado, el impacto inicial se estima que supere los 20 mil millones de dólares y que afecte de manera importante a BC, Ontario, Quebec y Nueva Scotia, principales centros industriales y urbanos de Canadá.
¿Qué decisión tomará México? Seguir en la mesa, negociando. Hoy temprano estará Marcelo Ebrard en Washington para conversar con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y seguir la negociación comercial con el equipo de Greer. En el primer caso, la prioridad está centrada en resolver el arancel de la 232 sobre acero y aluminio, eliminar la zozobra que aumenta cada seis semanas sobre cables para electricidad y negociar que México salga de la amenaza arancelaria de la 301 por sobrecapacidad de exportación y trabajo forzado.
¿Tiene futuro el T-MEC?, sí, porque para el mismo Trump hay ventaja y hoy todos los que quieran levantarse de la mesa saben que la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 será una herramienta legal adicional utilizada por su gobierno.