Oposición liga su denuncia de 2021 en EU a solicitudes de extradición de Sinaloa

¿Existe una conexión entre la denuncia presentada en 2021 por la oposición en Washington y la solicitud de los 10 extraditables de Sinaloa que el Departamento de Justicia le hizo al gobierno de México?

Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes entonces del PAN, PRI y PRD, responden afirmativamente.

Y, en entrevistas por separado, aseguran que el expediente sobre lo sucedido hace cinco años contiene evidencias de la infiltración del crimen organizado en las elecciones de esa y otras entidades.

“No tengo la menor duda, porque además de acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fuimos al Departamento de Estado de Estados Unidos, el símil de la Secretaría de Gobernación en México, a decirles, ‘Oigan, denunciamos ante el INE, el Tribunal Electoral, las fiscalías de delitos electorales y es importante que ustedes sepan, porque somos socios comerciales, vecinos, lo que está pasando en nuestro país”, afirma Marko Cortés, senador de la República.

“Y yo no tengo la menor duda de que lo que ahí aportamos son parte del todo, porque para que un gran jurado de Nueva York tenga los elementos de culpabilidad debe confirmarlos por varias vías: testigos protegidos, delincuentes. Y, cuando todo cuadra es que hay pruebas”.

Jesús Zambrano, fundador y dirigente del PRD, se describe convencido de que, en la denuncia presentada en la capital estadounidense “están las pruebas que aquí dicen que no existen y forman parte del engrosamiento del pliego acusatorio que hace el Departamento de Justicia, avalado por un gran jurado de Nueva York”.

Punto de inflexión

El ex legislador de izquierda sostiene que “el tiempo ha terminado dándonos la razón, cuando se pensaba que lo nuestro era una cosa pasajera, que no iba a tener ningún impacto. Porque aquí no nos escucharon, nadie hizo caso a la denuncia que con decenas de testimonios reiteramos”.

Para el presidente del PRI, Alejandro Moreno, lo que hizo la coalición opositora “fue un paso fundamental en la historia política en nuestro país, un punto de inflexión, porque lo construimos desde los hechos, desde lo que se vivió en la elección”.

El también senador califica de potente y poderosa aquella determinación. “Gracias a esa denuncia de lo que estaba sucediendo, hoy se han puesto los ojos sobre México. Porque la elección del 21 fue un parteaguas al documentar algo de lo que había antecedentes desde 2018, incluso reportajes, trabajos periodísticos valientes de lo sucedido en 2012 y 2006”.

Y es que 77 días después de la elección federal de 2021, los dirigentes de la extinta coalición Va por México llevaron a Washington con el expediente de lo que dijeron había sido “una narcoelección”.

Portando los infaltables cubrebocas de los meses de la pandemia, Cortés, Zambrano y Moreno sostuvieron ante Luis Almagro, secretario general de la OEA, que la infiltración del crimen organizado se había presentado en las urnas del pacífico de la República.

El recorrido inició el 23 de agosto, subrayando desde entonces que la intervención de mayor gravedad se había presentado en Sinaloa, Michoacán, Baja California Sur y Sonora.

Las malas señales

En el expediente de más de 50 páginas se registran los acontecimientos que antecedieron a la elección, lo ocurrido en las horas previas al 6 de junio y durante la jornada electoral.

Marko Cortés se refiere al amedrentamiento que en mayo recibió la candidata a alcaldesa de Valle de Bravo, a quien los mensajeros de los grupos delincuenciales de la región le notificaron que no podía salir a hacer campaña.

“Cinco días antes de la elección, en Tamaulipas hubo cinco municipios en los que ni siquiera pudimos tener representantes de casilla; el crimen los amenazó.

“Y al mismo tiempo, llega el grupo de La Barredora a Baja California Sur y empezaron a amenazar a través de motos tipo Uber. Nos avisaron: ‘anda con todo el crimen organizado’, buscando que nuestra gente no saliera a votar, que nuestros operadores se quedaran en su casa por temor. Era como amarrarles las manos en una elección en la que, en todas las encuestas estábamos 8 o 9 puntos arriba”, relata el senador panista.

“Un día antes, en Múgica, parte del como el corazón de Tierra Caliente, más conocido por Nueva Italia, hubo el cinismo de camionetas del crimen organizado, armadas con perifoneo, diciéndole a la gente se le recuerda que el día de mañana hay elecciones y hay que votar por Morena”, narra el dirigente del PAN.

Jesús Zambrano recibió desde Concordia, al sur de Sinaloa, el mensaje del abanderado opositor: se retiraría de la contienda tras del amago de que, de lo contrario, debía atenerse a las consecuencias. “Porque ahí sólo iban a ganar los de Morena”, precisa.

Crimen corrrió a los representantes

El dirigente perredista subió un tuit denunciando el hecho, pero pronto sus compañeros de aquel municipio le rogaron que lo quitara de X porque temía por su familia.

Rememora Zambrano que en Michoacán personas armadas, identificadas por los pobladores como integrantes de grupos criminales, corrieron de las casillas a los representantes de la coalición. "Váyanse. Aquí nosotros vamos a llenar las actas porque aquí va a ganar Morena, les dijeron. Eso sucedió en pueblos donde la gente los identifica hasta por sus nombres”.

Sostiene el exlíder guerrillero que en Sonora igualmente hubo intervención del crimen organizado para frenar la tendencia ganadora que en las encuestas tenía el representante de Vamos México Ernesto Gándara.

“Nos llamaban para decirnos ¡Aquí está del carajo!, sobre todo en el sur del estado, en el Yaqui, el Mayo, Obregón, Navojoa, Huatabampo. Esa no solo fue una elección de Estado; fue una narco elección de Estado.

“Alrededor de 1000 personas operadores, cuidadores de casilla, fueron secuestrados, levantados, amenazados, algunos muertos incluso, desde un día antes de la elección y con evidencias de cómo hasta carros del Ejército, en Culiacán, llegaron a la desfachatez de decirle a la gente Moya va a ganar”, reseña Zambrano.

Lo peor fue Sinaloa

El dirigente nacional priista asumió, desde las horas previas de la elección, la defensa de los sinaloenses que fueron abandonados por la cúpula estatal,

“Levantaron a la actual diputada Paola Gárate y al que entonces era secretario de organización del PRI; obligaron a candidatos a declinar públicamente. Y fueron los cárteles del crimen organizado coaccionando, orientando el voto a favor de Morena”, sostiene Alejandro Moreno.

Sostiene el líder del PRI que desde la llegada de López Obrador al gobierno se hablaba de pactos con el crimen organizado, y que éstos se comprobaron, dice, en 2021.

“Fue el colofón cuando, en Sinaloa, detuvieron a operadores políticos nuestros y levantaron candidatos. Por eso decidimos documentarlo todo y asumir el riesgo de denunciarlo. Porque no era fácil”, acusa Alito Moreno.

“No hubo un solo abogado que le hubiera querido firmar la impugnación al entonces candidato de nuestra coalición, PAN, PRI, PRD, Mario Zamora”, recuerda el dirigente priista.

Narra cómo los priistas sinaloenses que estaban por saltar a Morena le dijeron al abanderado que no respaldarían sus inconformidades y que había que darle vuelta a la página.

“Mario me habló y yo le dije, yo voy a apoyarte. ¿Y sabes quién fue la que tomó la decisión de elaborar un dictamen de que no era procedente nada de la impugnación?, La hermana del entonces secretario general de gobierno, hoy senador, imputado y señalado (Enrique) Inzunza, junto con el narco gobernador Rubén Rocha Moya”.

El expediente

Habíamos afrontado, afirma el senador Cortés, la ley de plata o plomo, porque en las urnas “ganaron, en complicidad, el gobierno morenista con el crimen organizado, financiados por éste”.

“El INE en su momento supo. Pero qué podía hacer ante un tema de armas, de balas. Lo que tenía que haber ocurrido es que se anularan esas elecciones”.

Demostraron que, en Tierra Caliente, en Michoacán, la gente no pudo votar. “Tocaban puertas y le iban diciendo a la gente tienen que votar por Morena, so pena de ser tableados. ¡Y cuando se dice tableados por parte del crimen es realmente tableados! Hay gente que ha perdido la movilidad por la brutalidad”, relata el panista.

Esas pruebas en las entidades nacionales apenas alcanzaron para anular casillas. Y aunque se admitió que hubo injerencia indebida de grupos criminales, y la diferencia de 60 mil votos a favor de Morena se redujo a 15 mil votos, los magistrados electorales de la entidad y de la Sala Superior resolvieron que, recuerda irónico Zambrano, "pues sí pasó así, pero eso no fue determinante para el resultado de la elección”.

Señala el exdirigente del PRD que lo mismo pasó con Los Mochis, donde se anularon casillas correspondientes a paquetes electorales en conflicto por irregularidades probadas.

Con todos esos testimonios, recuerda Zambrano, versiones periodísticas, estadísticas electorales, encuestas que en su mayoría daban por ganadora a la coalición en Sinaloa, Michoacán, Sonora y Baja Sur, se armó el expediente de la denuncia que se llevó a Estados Unidos.

Mostrar la confabulación

“Sería bueno que se escalara este fraude grotesco a nivel internacional. Así nos lo recomendaron voces amigas. Nos ayudó mucho en articular todo y organizar los datos Santiago Creel y destacados periodistas, expertos en seguridad, abogados”, enumera el político de izquierda.

“Nos organizamos y dijimos, hay que denunciar esto porque es la confirmación de que el crimen organizado participaba en la elección. Ocurrió en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero, en prácticamente todas las entidades de la República, pero nadie quería declarar”, refiere el dirigente del PRI.

“Presentamos testimonios, los hechos de que había sido una narcoelección, porque los cárteles del crimen organizado habían participado, había dinero ilícito del crimen organizado patrocinando campañas de los narcopolíticos de Morena y que era la confabulación de una estructura criminal, no un hecho aislado”

Puntualiza el dirigente del PRI que el expediente da cuenta de que las instituciones proporcionaron nombres y direcciones de militantes y operadores de la coalición, así como de sus familias, a cárteles del crimen organizado para que se encargaran de intimidarlos. “Por eso levantaron a hermanos de quienes estaban de candidatos y los presionaron”, ejemplifica.

Y ante la imposibilidad de obtener justicia aquí, después de varias reuniones, consultas jurídicas, ordenamiento de la información, exposición de los hechos, gestionaron las citas y prepararon el viaje.

Pendientes y resultados

Explica Marko Cortes que acudieron a la OEA y a la CIDH porque son dos organismos internacionales a los que México pertenece y tienen como misión velar por la democracia, el respeto a las libertades, al voto y a la pluralidad, a los contrapesos y a los derechos humanos.

Pero en 2021, en México no se garantizó la libertad de poder ser candidato, porque a muchos los bajaron de la contienda; ni de hacer campaña, contar los votos y llenar las actas. “Tampoco hubo libertad para impugnar si te hicieron trampa”, resume el panista.

Fue con esos argumentos que llegaron a esos organismos y con las autoridades del Departamento de Estado.

Confía el senador Cortés en que pronto saldrá la resolución, todavía pendiente, que la OEA debe presentar sobre el expediente que le entregaron a Almagro.

Revela haber tocado la puerta con algunos integrantes del Consejo de la Comisión Interamericana, solicitándoles que retomen y resuelvan respecto a la denuncia, “más ahora que ya se cuenta con los elementos probatorios que tiene la fiscalía de Estados Unidos”, y a los cuales pueden recurrir.

Exhibir para inhibir

Zambrano pondera la tardanza comentando estos litigios internacionales tardan hasta 10 años en procesarse, por lo que, en la práctica, el expediente entregado hace 58 meses en Washington prosperó rápido, en tanto el caso ha derivado en el juicio contra los 10 extraditables de Sinaloa.

Lo importante, concluye el luchador de izquierda, es que actuamos y el caso avanza. “Lo peor que uno puede hacer en estos casos es quedarse callado, de brazos cruzados y aceptarlo como algo inexorable. Había que sentar el precedente, para que esto no se vuelva a presentar. Hoy el riesgo es todavía mayor, por lo que se requiere de un fenómeno de inhibición política para evitar la comisión de actos delictivos como los del 21.

Optimista, Alejandro Moreno afirma: “Lo que nosotros les dijimos (a las autoridades del Departamento de Estado) es lo que confirmaron. con los hechos sucedidos después en Sinaloa, pero sobre todo en Chihuahua. Porque (en el gobierno mexicano) no querían que se investigara, no querían que se supiera”, dice en referencia a la supuesta colaboración estadunidense en la localización y destrucción de laboratorios de fentanilo.