Nuevo Aztlán, el otro cártel inmobiliario; habitantes acusan despojo, amenazas y robos

La organización Nuevo Aztlán A.C., afiliada al Frente Popular Francisco Villa (FPFV), impide que las familias que habitan cientos de departamentos en al menos seis unidades habitacionales en la Ciudad de México se conviertan en sus legítimos propietarios.

La situación que enfrentan miles de personas en estas unidades habitacionales ha generado una problemática legal y social; y es una muestra de la falta de certeza jurídica que afecta a más de 2.5 millones de viviendas en el país, según la Central Unitaria de Vivienda.

Denuncias de los habitantes de las unidades habitacionales en poder de los Pancho Villa desde hace 20 años, de las cuales Excélsior tiene copia, muestran cómo la organización que surgió al amparo político del PRD —como invasores de predios—, sigue siendo utilizada ahora por la estructura de Morena.

Quienes viven en esas unidades están obligados a repartir propaganda, asistir a mítines y concentraciones (de lo contrario deben pagar por no ir), aportar económicamente en las campañas y votar de forma corporativa por los candidatos que Nuevo Aztlán apoye.

El FPFV reivindica su presencia a nivel nacional en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quinta Roo, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

Los líderes de Nuevo Aztlán actúan en estas unidades como si fuera su propiedad privada. Mantienen una administración, equipo de seguridad vecinal con características de guardias blancas, incluso blanden bordones en los desalojos violentos. En las unidades bajo su control está prohibida la entrada a la policía o a cualquier otra autoridad. Es como un gobierno autónomo.

Bajo presiones y amenazas impiden que las familias que ocupan los departamentos desde hace más de 20 años obtengan la titularidad de los inmuebles. Cobran rentas mensuales de 4 mil pesos. Además, reciben rentas de accesorias, en 6 mil pesos, y de locales para tiendas dentro de las unidades, en 12 mil pesos.

El dinero del que se apoderan de forma irregular, según las denuncias, es incuantificable, dado que en las seis unidades habitacionales controlan 970 departamentos, muchos de ellos en pugna legal —civil y penal—, y otros, los menos, con procesos para obtener la propiedad en condominio, uno de los fundamentos por la que se creó el FPFV.

CONTROL FÉRREO

El Frente Popular Francisco Villa fue fundado en 1989, con una amalgama de cooperativas y asociaciones que buscaban, para toda su gente, una vivienda digna y propia. Surgió como mecanismo de presión al gobierno priista de la época ante la falta de vivienda que se agudizó después de los sismos del 19 de septiembre de 1985.

Los Pancho Villa se dedicaron a la invasión de predios en Tláhuac. Su poderío territorial lo expandieron por distintas partes de la capital, primordialmente en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco, Iztacalco y Coyoacán. En 1994 lograron la obtención del primer predio.

A través de un decreto presidencial, del 17 de junio de 1994, el entonces mandatario, Carlos Salinas de Gortari, cedió a Nueva Aztlán sus primeros casi nueve mil metros cuadrados en la calle Luvia de Oro, colonia Los Ángeles Apanoaya, en Iztapalapa.

Desde hace años, habitantes de las distintas unidades habitacionales que controla Nueva Aztlán han denunciado a los líderes por diferentes hechos como despojo, amenazas y robo. Hay una lista de carpetas de investigación sobre estos hechos, prácticamente varadas.

Las denuncias penales más recientes son del 19 de enero de 2025. Rubí Avilés Terrón denunció ante el Ministerio Público porque, por órdenes del dirigente Alejandro López Villanueva, y Javier Gutiérrez Domínguez, alias El Toluco, no podía pasar a su departamento, el 402 del edifico 12.

Una turba llegó, algunas con cuchillo, para impedir el paso de las mujeres que fueron amenazadas de muerte. “Me dijeron que me iban a matar a mí y a mi mamá”, declaró Rubí Avilés ante el MP y agregó que El Toluco les dijo que había desalojado los departamentos de sus hermanas. También se burlaron de la autoridad. “Nos dijeron que en la Fiscalía llegaban las denuncias y eran unos pendejos, que no les hacen nada; se reían y decían burlonamente jaja, ellos ya saben, aquí no pueden entrar, estamos con Morena y están informados de todo”, se lee en la carpeta.

La otra es de Socorro Terrón Albarrán, una adulta mayor con discapacidad, quien no pudo entrar a su departamento, el 301 del edificio 13 de la unidad Noche Buena.

Otra denuncia por despojo se levantó en el MP el 3 de enero de 2025, en agravio de Betxi Priscila Avilés Terrón. López Villanueva ordenó impedirle la entrada a su domicilio, en el departamento 401 del edificio 14. Declaró a López Villanueva se le pagan por las faenas, los carros, como si fuera una mafia.

Esmeralda Avilés Terrón, integrante del frente desde 1993, denunció penalmente el 1 de septiembre a Nueva Aztlán, ya que ese día fue allanado y robado su departamento, el 201 del edifico 13, de la unidad Noche Buena, después de que había sido desalojada en agosto de 2023. En la acción de septiembre de 2024 los líderes permitieron que vecinos de lugar saquearan el departamento.

Otros habitantes de la unidad conocida como Noche Buena, en Iztapalapa, han denunciado que, al acudir al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi) para intentar individualizar su crédito hipotecario, les informan que el trámite no se ha completado debido a que la organización (los Pancho Villa) no ha realizado los procedimientos necesarios.

Las unidades bajo control de los Pancho Villa no están inscritas ante la Procuraduría Social ni presentan sus estados de cuenta ante el SAT, como lo establece la ley en función de las propiedades en condominio.

Excélsior tiene copia de las denuncias que, por despojo, amenazas y robo, habitantes de la unidad Noche Buena han realizado contra los liderazgos de Nueva Aztlán. También videos de cómo operan los grupos de seguridad vecinal y pruebas de cómo, a manera de puerta, colocan estructuras para impedir el paso de los habitantes de los departamentos por desalojar.

El hecho denunciado los convierte, de facto, en propietarios de los inmuebles.

COBRAN POR TODO

Imponen cuotas irregulares por mantenimiento de áreas comunes, vigilancia; privan a los ocupantes de servicios básicos como agua y energía eléctrica, como medida de presión para quienes no cumplen con los pagos o desafían sus decisiones. Y, cuando lo deciden, desalojan a las familias y otorgan la vivienda a otras personas.

Entre los líderes acusados está Alejandro López Villanueva, fundador de los taxis Los Pantera y relacionado con el asesinato del magistrado Abraham Polo Uscanga, en junio de 1995. López Villanueva es acusado de enriquecerse con recursos de los habitantes —se habla de que es propietario de media docena de casas, que tiene abultadas cuentas de banco, incluso fuera del país—, así como de violencia y amenazas.

Jaime Lagunes, abogado que litiga los casos de distintos habitantes de las unidades, señaló que los hechos son constitutivos de un impacto en los derechos humanos: la situación ha vulnerado derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, certeza jurídica y seguridad personal.

María de la Luz Ibarra Martínez, fundadora —desde 1993— del Frente Francisco Villa, y José Alberto González Guzmán, que fue por años el encargado de la operación de la unidad Noche Buena, fueron desalojados de su departamento de 60 metros cuadrados el 7 de agosto de 2021.

Ya no eres viable para el proyecto”, le dijo directamente López Villanueva a la mujer que fue desalojada simultáneamente con sus tres hijos adultos que ocupaban cada uno un departamento en la misma unidad.

El desalojo de la familia de María de la Luz Ibarra lo encabezó López Villanueva. Formó gente con bordones, tanque de gas con la idea de usarlos como lanza llamas y mostraron, según Ibarra Martínez, bombas molotov.

Relató que no les permitieron sacar nada de sus departamentos y que su ropa, zapatos y demás enceres fueron repartidos entre la gente de la unidad una vez que los saquearon.

Ibarra Martínez denunció que el arquitecto de las unidades, Luis Asiain Ramírez, que está casado con la hermana de Alejandro López, Ruth López Villanueva, también arquitecta, tienen en propiedad dos departamentos, que fueron unidos por una perforación en uno de los departamentos de la planta baja hacia otro en el primer piso.

También mencionó que interpuso una denuncia por la asamblea a la que convocó ilegalmente Alejandro López para apoderarse de la asociación civil, el mismo día que la gente del líder entró al departamento de la lideresa defenestrada, bajo el argumento de que había una bomba.

Todo se debió a que mi esposo y yo estábamos por regularizar las propiedades y Alejandro no quería”, dijo la mujer que fue perseguida, incluso con carteles de sus caras en un radio de varias cuadras de la unidad, acusándola de defraudadora.

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cva