En Nayarit gobernador usa la justicia contra sus detractores
Al gobernador lo acusan de utilizar a la Fiscalía estatal para perseguir a trabajadores, periodistas, activistas y ciudadanos críticos de su administración
En el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, una publicación de Facebook puede pesar más que una denuncia sustentada con documentos, especialmente cuando la Fiscalía General del Estado recibe la consigna de perseguir judicialmente a quienes desafían o exhiben al mandatario.
De acuerdo con Óscar Flavio Cedano Saucedo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), aseguró en entrevista con Excélsior que el mandatario utiliza a la Fiscalía General del Estado como un instrumento de persecución contra trabajadores, periodistas, activistas y ciudadanos que cuestionan su administración.
El dirigente sindical sostiene que la fiscal general, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, recibe instrucciones directas de Navarro Quintero, pese a que la institución que encabeza debe actuar con autonomía técnica y de gestión.
“En la Fiscalía depende totalmente del gobernador, y él esa institución que debería de procurar la justicia, más que institución parece un cartel criminal operando en contra de la sociedad Nayarit, porque ellos se extorsionan despojan, amedrentan, Te inventa en carpetas de investigación te inventan delitos”.
Hace unos días Cedano Saucedo presentó ante el Congreso de Nayarit una solicitud de juicio político contra Heredia Verdugo, el exfiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano, dos jueces de control y el presidente del Poder Legislativo estatal. Los promoventes los señalan por presuntas violaciones a derechos humanos, abuso de poder y omisiones frente a los procedimientos iniciados contra trabajadores sindicalizados.
La presentación ocurrió el 7 de julio de 2026 y reunió a integrantes del SUTSEM, activistas, empresarios y familiares de personas que aseguran haber sido afectadas por actuaciones de la Fiscalía y del Poder Judicial.
El origen del conflicto se encuentra en las movilizaciones realizadas por trabajadores para exigir la entrega de la denominada "toma de nota", documento administrativo que reconoce formalmente a una dirigencia sindical y le permite ejercer representación jurídica.
Ante la falta de respuesta del gobierno estatal, los inconformes organizaron bloqueos, cierres de vialidades y protestas públicas. La reacción de las autoridades, fue no abrir una mesa de diálogo, sino integrar carpetas de investigación.
La Fiscalía General del Estado no habría iniciado sus diligencias para determinar primero si existía un delito. En cambio, incorporó a la carpeta publicaciones de Facebook, notas periodísticas, fotografías y capturas de pantalla de medios informativos, materiales con los que posteriormente llevó ante un juez a cinco manifestantes.
La acusación no estuvo acompañada de peritajes que acreditaran actos violentos, testimonios que identificaran de manera individual a los presuntos responsables ni documentos que demostraran daños. Las pruebas presentadas mostraban, principalmente, las protestas realizadas contra el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero.
A partir de esos elementos, los cinco trabajadores fueron imputados, vinculados a proceso y sometidos a diversas medidas cautelares. Algunos debían presentarse periódicamente ante la autoridad, tenían prohibido abandonar Nayarit y enfrentaban restricciones para acudir a sus centros de trabajo o comunicarse con otros integrantes del sindicato.
Además, se ordenó retener hasta 60 por ciento del salario de algunos de los procesados, lo que afecta directamente la economía familiar