La Presidenta firmó hace unos días la iniciativa que homologa el feminicidio en todo el país, con una pena de hasta 70 años y 19 agravantes que la elevan aún más. Casi al mismo tiempo avanza en el Senado una propuesta para juzgar como adultos a los adolescentes de 15 a 17 años que cometan delitos graves, entre ellos el feminicidio, y lo notable es que no la impulsa un solo partido. La respaldan un senador panista, un diputado de Morena y un gobernador morenista, cada uno detonado por un caso distinto. Cuando una misma receta atraviesa colores partidistas opuestos conviene sospechar que responde menos a una convicción que a la certeza compartida de que endurecer el castigo equivale por sí mismo a hacer justicia. Eugenio Raúl Zaffaroni lo describió desde la criminología como un ejercicio de problema, reacción y solución, en el que se anuncia una sociedad desbordada por el crimen, se detona el miedo y se ofrece como remedio la pena máxima, sin preguntar si esa pena disuade efectivamente algo.
Conviene entender las razones detrás de cada decisión antes de sumarlas al mismo diagnóstico. La pena actúa sobre una arquitectura de incentivos que un agresor calcula, aunque sea de manera intuitiva, antes de decidir cuánto daño causar. La economía del derecho lo llama disuasión marginal, la idea de que las penas deben escalar según la gravedad del delito para que el criminal conserve razones para detenerse antes del peor desenlace posible. Cuando dos delitos distintos terminan costando lo mismo, esa razón desaparece; un estudio reciente sobre las leyes estadunidenses de sentencia mínima para abuso sexual infantil reveló que donde la condena por violación quedó equiparada a la de homicidio, los asesinatos de menores aumentaron hasta 200% tras la reforma. El Código Penal Federal vigente castiga la tentativa hasta con 40 años y el feminicidio consumado desde 40, ambos podían costar lo mismo. La nueva ley, al subir el rango abre una brecha de casi tres años entre ambas figuras. Haya sido un cálculo deliberado o un efecto colateral de subir ambos pisos por igual, el resultado corrige, de forma modesta, una falla real que existía antes.
Con los adolescentes se trata de otro eje. La Suprema Corte ya estableció que un menor no puede ser sujeto del derecho penal tradicional ni por los delitos más graves, de modo que la propuesta necesitaría antes reformar el artículo 18 constitucional, trámite que podría tardar tanto como tardó la tipificación misma del feminicidio en todo el país: casi dos décadas. La evidencia comparada tampoco acompaña la promesa, porque México y Brasil tienen algunas de las edades de imputabilidad más bajas del continente y, a la vez, de las tasas más altas de homicidio juvenil, lo que sugiere que la edad penal por sí sola nunca ha modificado los niveles de violencia. En EU, donde ya se juzga a adolescentes como adultos, la reincidencia resulta mayor, porque la exposición temprana a una cárcel de adultos agrava justo lo que la reforma dice querer corregir.
Lo que ninguna de las dos reformas atiende es lo que la evidencia señala como eficaz. En el feminicidio, la impunidad nace de investigaciones mal integradas desde el primer momento, agravadas por fiscalías que durante años prefirieron clasificar el delito como suicidio en lugar de aplicar protocolos con perspectiva de género, un origen institucional que ninguna pena corrige por sí sola. Con el reclutamiento de menores por el crimen organizado ocurre algo similar, las puertas de entrada siguen abiertas, y los programas de justicia restaurativa muestran mejores resultados en reincidencia que el encierro temprano en cárceles diseñadas para adultos.
Endurecer la pena ofrece una ventaja política que ninguna de esas soluciones puede igualar, cabe en una mañanera y en un encabezado, y no exige sostener presupuesto ni voluntad institucional durante los años que toma investigar bien un delito o reconstruir la vida de un adolescente ya reclutado. El populismo punitivo atrae aplausos apelando a la herida común más punzante; es el mismo mecanismo detrás de las cárceles que prometía Xóchitl Gálvez o el modelo Bukele. Que la propuesta sobre menores cruce todo el espectro partidista prueba que es el encuentro fácil, la salida que cualquiera toma cuando conviene ofrecer una cifra en lugar de una política sostenida.