Mayoría absoluta vuelve al Congreso de la Unión

CIUDAD DE MÉXICO.

A 21 años de ser la punta de lanza de la pluralidad política mexicana, el Poder Legislativo federal enfrentará, a partir de hoy, el reto de mantenerse como un poder autónomo del Ejecutivo federal, que fue un órgano de control para cuatro presidentes de la República, o regresar a los tiempos de la aplanadora legislativa al servicio del gobierno en turno.

Protagonista indiscutible de la vida política nacional, reflejo de la pluralidad ideológica de los mexicanos y su afán de alternancia en el poder político, el Congreso de la Unión cierra su etapa de 21 años como la casa de la diversidad partidista para regresar a su antiguo rostro de mayorías absolutas para un solo partido político, frente a una oposición tan minimizada, que en algunos casos es testimonial.

El Poder Legislativo federal inauguró la pluralidad política en 1997 y así se mantuvo 21 años, en los que procesó mil 650 reformas para que México transitara del país de la revolución institucional y el nacionalismo como principio de gobierno, dominado por un presidencialismo metaconstitucional, a un país abierto al mundo, con contrapesos entre los tres poderes de la Unión, la creación de organismos autónomos y de órganos reguladores que se convirtieron en acicate del Ejecutivo federal.

La alternancia en el Poder Legislativo federal permitió al país contar con al menos 60 instrumentos legislativos que acotan el poder metaconstitucional del cual gozó la Presidencia de la República en los tiempos del priismo, que salió de Los Pinos hace 18 años.

Desde ese Poder Legislativo plural, México contó con nuevas leyes que no existían cuando el PRI dejó la Presidencia en 2000 y que permitieron el fortalecimiento de instituciones como necesarias para la defensa de los derechos ciudadanos.

21 años duró la pluralidad en el Congreso, ya que en 1997 la oposición fue mayoría por primera vez

Así, se afianzaron instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el propio Congreso de la Unión, para evitar que sean apéndices del Presidente en turno.

La creación de otras instituciones que buscan fortalecer el poder ciudadano y controlar las decisiones del gobierno federal, con base en una obligación constante de transparencia de sus gastos y decisiones, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, el Instituto Nacional de las Mujeres, que se acompañan de nuevas disposiciones de poder ciudadano, como las Acciones Colectivas o la Comisión Nacional Anticorrupción.

Y la creación de leyes que obligan a la rendición de cuentas constantes ante el Congreso de la Unión, no sólo a todas la secretarías de Estado, sino a organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), el IMSS, el ISSSTE y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la protección a la burocracia federal para que deje de ser carne de cañón de los intereses partidistas de un gobierno federal, a partir de la carrera profesional como servidor público, o la creación de sanciones para evitar corruptelas entre ellos son algunos de los instrumentos jurídicos que existen en México a partir de 2001, primer año del gobierno de la alternancia.

Pero además, hay disposiciones que permitieron un rostro mucho más independiente y de contrapesos en el Poder Legislativo, que acotan las otrora decisiones incuestionables de un Presidente de la República, como el hecho de que no puede ejercer el veto de bolsillo hacia alguna ley; el hecho de que debe transparentar los padrones de los programas sociales; las cuentas que debe aclarar ante organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); el no poder intervenir en un proceso electoral, a partir de someterlo a la veda publicitaria.

A diferencia del priista Ernesto Zedillo, a partir de 2013 un mandatario federal mexicano también está obligado a someter a la consideración del Senado el nombramiento que haga de los titulares de los órganos de control, y tiene la obligación de ajustarse a las restricciones que le impongan las instituciones guardianas de que no exceda sus atribuciones, como la Suprema Corte y el propio Congreso o la Auditoría Superior de la Federación.

Y es que sin importar qué partido tuvo la primera minoría en el Congreso de la Unión, a pesar de las diferencias políticas naturales, en estos 18 años de gobiernos federales panistas y priistas, el Poder Legislativo aprobó mil 650 reformas y nuevas leyes; de ellas, 98 fueron cambios constitucionales y mil 552 instrumentos legales de nueva creación o reformadas.

PEÑA, el de los cambios estructurales

Sin duda alguna, Enrique Peña Nieto, priista que regresó el poder presidencial a su partido, luego de 12 años de panismo, pasará a la historia como el único Presidente de la República que logró los cambios estructurales que durante décadas se buscaron para que el país dejara atrás un modelo nacionalista y diera paso a un modelo de apertura económica y competencia regulada.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con un Congreso de la Unión dominado por el PRI como primera fuerza política, se aprobaron 29 reformas constitucionales y 583 legales, para hacer un total de 612 productos legislativos; entre ellos se aprobaron 105 de las 139 iniciativas presidenciales, lo que significa que Peña Nieto logró el aval a 75.5% de sus propuestas legislativas.

4 leyes y reformas vetó Felipe Calderón durante su sexenio. Después, el Congreso le quitó el poder del llamado veto de bolsillo

El éxito legislativo de Enrique Peña Nieto, registrado principalmente en sus primeros tres años, se debió al Pacto por México, un instrumento político de creación de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los legisladores y líderes de los tres principales partidos políticos, que permitieron los cambios en educación, telecomunicaciones, explotación petrolera, competencia económica, competencia financiera, controles anticorrupción, nuevas reglas electorales y transparencia y rendición de cuentas.

A pesar de que el propio Pacto por México generó divisiones en el PAN y el PRD, porque un grupo crítico de sus dirigencias consideró un error estratégico esa alianza para ayudar al gobierno priista a construir las reformas que estuvieron pendientes durante décadas, Peña Nieto tuvo una relación cordial con el Poder Legislativo, incluso en 2015 tuvo como líderes del Congreso a legisladores de izquierda, como fueron Luis Miguel Barbosa, en el Senado, y Silvano Aureoles, en la Cámara de Diputados.

Peña Nieto jamás vetó ninguna reforma o ley del Congreso, ni siquiera la recién nacida Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que no vetó, pero se negó a promulgar y publicar, por lo que por primera vez el Senado usó su facultad de promulgación de una ley.

El priista no tuvo problemas para tomar posesión de su cargo ni para asistir cada año al Senado para atestiguar la entrega de la medalla Belisario Domínguez, aunque, en febrero de 2013, la oposición del PAN y del PRD le impidió hacer uso de la tribuna del Senado, como parte de los festejos por el centenario de las Fuerzas Armadas.

Zedillo, primero con Congreso opositor

A pesar de su éxito legislativo, Enrique Peña Nieto no fue el Presidente de la República que registró los mayores éxitos legislativos, sino el también priista Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fue el primero en tener un Congreso de la Unión con una mayoría formada por sus opositores y su partido, PRI, lejos del dominio legislativo que tuvo durante décadas.

Zedillo presentó al Congreso de la Unión en su último trienio, ya con un Congreso opositor, un total de 56 propuestas y le aprobaron 49, es decir, 87.5%, en un Poder Legislativo federal que procesó en esos tres años 104 reformas y nuevas leyes; de ellas 13 fueron constitucionales.

Ernesto Zedillo debió renunciar a su propuesta de reforma a la industria eléctrica, porque la oposición en el Congreso le advirtió que no estaba en favor; sin embargo, la relación no fue de tanta tensión, como ocurrió con su sucesor, Vicente Fox.

Calderón, Una ríspida historia con el Congreso

Profuso en el número de propuestas que entregó al Congreso de la Unión, Felipe Calderón usó prácticamente todos los mecanismos legales con el Poder Legislativo en la ríspida historia que tuvieron.

De acuerdo con los registros oficiales del Congreso de la Unión y la Secretaría de Gobernación, de las 126 iniciativas de reforma y decretos de ley que presentó en su sexenio ante un Poder Legislativo dominado por el PRI, logró el respaldo de 102; es decir, su nivel de éxito fue de 80.9 por ciento.

Felipe Calderón llegó a la Presidencia con su entonces partido, el PAN, como primera fuerza política en el Senado y en la Cámara de Diputados. El PRD, su principal adversario en ese momento, se colocó como  la segunda fuerza y el PRI cayó por primera vez hasta la tercera fuerza política en el Congreso.

Y llegó en medio de la tensión política, porque los legisladores del PRD no aceptaron la derrota presidencial y le cerraron incluso con candados los accesos al salón de plenos de San Lázaro para impedir que rindiera protesta como Presidente de la República; gracias al apoyo del PRI ingresó por la zona trasbanderas y, en medio del caos, rindió su protesta de ley.

En las elecciones intermedias de 2009, el PAN perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI se colocó en primer lugar y desplazó al PRD hasta el tercer sitio. Durante el gobierno de Calderón, el Legislativo aprobó 508 leyes y reformas, de las cuales 37 fueron reformas constitucionales y 471 a nivel de leyes.

Calderón Hinojosa tuvo una relación ríspida con el Poder Legislativo. Vetó cuatro leyes y reformas, incluso la Ley General de Víctimas generó una confrontación inédita entre ambos poderes y el Legislativo tuvo que obligarlo a publicar la reforma constitucional que le quitó el poder del llamado veto de bolsillo, consistente en el olvido del Ejecutivo a promulgar y publicar una ley o reforma de ley.

Con motivo del creciente ambiente de inseguridad en el país, Felipe Calderón se confrontó en varias ocasiones con los legisladores priistas; su partido, el PAN, acusó en varias ocasiones a los priistas de ser mezquinos y de frenar propuestas, pero el priismo no las frenó formalmente, sino que las transformó, porque ninguna de las propuestas de Calderón salió sin cambios del Congreso de la Unión.

Fox: El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone

Y el Presidente de la República que está a la zaga del éxito legislativo fue Vicente Fox, el primer mandatario no priista y quien debió trabajar con una Cámara de Diputados con el PAN como primera fuerza, pero sin la mayoría absoluta y un Senado con mayoría priista.

Fox presentó al Poder Legislativo 162 propuestas, pero le aprobaron 121; es decir, sólo 74.6%, aunque en ese sexenio los legisladores federales procesaron un total de 426 productos legislativos, de los cuales 17 fueron reformas constitucionales y 409 reformas legales y nuevas leyes.

El mayor número de confrontaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se registró en el gobierno de Vicente Fox, quien con frecuencia decía que “el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone” para ilustrar la forma en que el Congreso le frenó varias de sus propuestas, principalmente de tipo hacendario, como la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, que no pudo lograr, a pesar de hacer una alianza con la entonces líder de los diputados federales priistas, Elba Esther Gordillo.

Vicente Fox y la Cámara de Diputados protagonizaron en 2004-2005 una controversia constitucional por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, ya que los diputados federales lo cambiaron sustancialmente y el Presidente de la República no lo aceptó; al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la aplicación del esquema presupuestal del año inmediato anterior.

La pugna con el Poder Legislativo se agudizó cuando Felipe Calderón Hinojosa le ganó la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006; los legisladores del PRD impidieron a Vicente Fox ingresar al salón de plenos de San Lázaro para entregar y leer su último informe de gobierno; se quedó en el lobby y desde ese momento ningún mandatario federal pudo llegar a la tribuna para leer su informe anual, con lo que se puso fin al llamado Día del Presidente.

En la era del Congreso de la Unión adverso a un Presidente de la República, el mayor saldo negativo es para el sexenio de Vicente Fox.

Aplanadora o autonomía

Pero después de esta historia de 21 años en que los poderes Ejecutivo y Legislativo han protagonizado diversos desencuentros, pero también trabajo coordinado, México regresa hoy a una etapa en que el Presidente de la República cuenta con la mayoría absoluta en las dos Cámaras; no le alcanza para una reforma constitucional, pero sí para cambiar todas las leyes.

Diversos expertos alertan sobre los riesgos de regresar a la época priista en que los legisladores federales sólo levantaban el dedo para avalar las propuestas presidenciales, sin discusión alguna y sin objeción.

Pero Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, quien fuera priista en los tiempos de las aplanadoras, ha dejado muy en claro que en el gobierno que empieza hoy no se repetirán esos avasallamientos políticos, pero tampoco la aprobación abyecta hacia la Presidencia de la República.

Incluso hace unos días, tras el nerviosismo financiero desatado por la propuesta de eliminar las comisiones bancarias, que llevó a Andrés Manuel López Obrador a ofrecer que durante tres años no habrá cambios legales en materia financiera y bancaria, Monreal y su grupo parlamentario refrendaron su decisión de trabajar por esos cambios.

Nosotros no nos vamos a detener en nuestro trabajo legislativo, somos un poder autónomo, independiente, donde las decisiones se toman por mayoría y así se va a hacer en la Cámara de Senadores”, aseguró.

cva