La FGR pone en la mira a los mercados del crimen

CIUDAD DE MÉXICO..

Para mejorar el combate a la delincuencia organizado, la FGR plantea un nuevo modelo de investigación criminal que permita analizar los mercados ilícitos, el estudio integral de la oferta y demanda, así como el flujo económico que generan.

De acuerdo con el Plan de Persecución Penal, que la dependencia entregó por primera vez al Senado, y del que Excélsior tiene copia, con esto se busca mejorar las capacidades de inteligencia, periciales y de investigación para facilitar la desarticulación de organizaciones criminales que conforman los mercados ilícitos.

El documento también divide el combate a los delitos entre los que requieren atención prioritaria y aquellos que no. Entre los primeros están corrupción, robo de hidrocarburos, crímenes financieros, electorales, ambientales, cometidos con armas de fuego y narcotráfico, entre otros

Traza la FGR criterios para frenar 10 delitos; ENTREGA MODELO DE EJECUCIÓN AL SENADO

Plantea desarrollar un modelo de investigación criminal que permita analizar mercados ilícitos; proponen atender algunos casos de manera global y no individual

Basada en el criterio de 10 delitos prioritarios, la Fiscalía General de la República (FGR) se prepara para desarrollar “un modelo de investigación criminal que permita analizar mercados ilícitos”, con base en el estudio integral de la demanda, flujo económico y “los fenómenos de macrocriminalidad presentes en distintas zonas geográficas”.

Ayer, la FGR entregó al Senado el Plan de Persecución Penal, que, a lo largo de 70 páginas detalla cómo combatir mejor la criminalidad, a partir de dividir los delitos en dos grandes áreas: los que requieren de atención prioritaria y los que no tienen elementos que impliquen un mayor daño.

Así, el documento, en poder de Excélsior, muestra un listado de los 10 ejes delimitados como atención prioritaria: corrupción, delitos contra el patrimonio nacional, delitos económicos y financieros, delitos cometidos contra los derechos humanos, contra la libertad de las personas, delitos contra el comercio, delitos de armas de fuego, delitos contra el sistema electoral, delitos ambientales y narcotráfico.

Cada uno de ellos tiene la relación de los tipos penales que les corresponden. Por ejemplo, el de corrupción tiene 13 tipos penales; el referente a los delitos contra el patrimonio nacional sólo tiene el de robo de hidrocarburos.

Detalla que esta nueva forma de trabajar requerirá del presupuesto suficiente, pero también de diversos cambios de leyes, a fin de que la Fiscalía tenga una Ventanilla Única, a partir de la cual se canalizarán las denuncias, entre prioritarias y no prioritarias.

Serán canalizadas a alguna de cuatro áreas: de Tramitación Masiva (con detenido); de Atención Temprana (denuncias sin detenido); Equipos de Investigación y Litigación (delitos complejos con detenidos) y a la Unidad de Casos Transversales (delitos complejos sin detenidos).

Recuerda que el crimen ha evolucionado en los últimos años, al grado de aplicar criterios empresariales para generar mayores ganancias, lo cual implica que el Ministerio Público debe contar con grupos especializados que entiendan los llamados mercados criminales y clasifiquen los padrones del delito.

Para combatir las bases criminales, la Fiscalía plantea “desarrollar un modelo de investigación criminal que permita analizar mercados ilícitos, con base en el estudio integral de los procesos de oferta y demanda, así como el flujo económico que generan los fenómenos de macrocriminalidad presentes en distintas zonas del país”.

Plantea la creación de Unidades de Casos Transversales, “que no atenderán casos individuales, sino conjuntos de éstos para articular elementos y situaciones conexas”. Deja claro que, como parte de este proceso de mejora en la atención de los casos que investiga, busca acelerar el tiempo de trabajo y eficientar la procuración de justicia; además, es una prioridad la atención a las víctimas del delito.

5.3% de casos, con sentencia; Hay 280 mil casos pendientes en la Fiscalía

México tiene “un alto nivel de ineficiencia en la procuración de justicia” y la falta de priorización de los delitos considerados de alto impacto “evidencia la carencia institucional en la comprensión de los mercados criminales que hoy en día afectan al país”; hay 280 mil 921 casos pendientes de la desaparecida PGR y, de las 210 mil 920 carpetas de investigación abiertas entre 2018 y 2019, sólo 5.3% tiene sentencia condenatoria.

Así lo establece el Plan Estratégico de Transición de la Fiscalía General de la República, que la propia institución entregó al Senado y donde detalla los retos que enfrenta el Ministerio Público federal, como la “capacidad limitada” para realizar investigación criminal, lo que ha generado que no se cumpla cabalmente con el sistema de justicia acusatorio.

“La PGR no operaba en muchos de los casos bajo el apego idóneo al Sistema de Justicia Penal Adversarial, en términos de la escasa alineación que existía con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“En otras palabras, el nuevo modelo de justicia se contrapone con la limitada capacidad de litigación, de persecución y de investigación —especialmente en delitos de alta complejidad—, así como de la ineficiente gestión de asuntos de menor complejidad y mayor volumen, lo que se traduce en una falta de visión sistemática, así como una inadecuada vinculación de casos”, dice el documento.

Firmado por Alfonso Octavio García de León Olvera, titular de la Unidad de Transición; Francisco Vázquez Gómez Bisogno, titular de la Sub-unidad de clausura de la PGR y por Leticia Catalina Soto Acosta, titular de la Sub-unidad de Diseño e Instalación de la FGR, el Plan Estratégico de Transición detalla todos los pendientes de la otrora PGR, al corte del 31 de diciembre del año pasado, que suman 280 mil 921 casos, entre actas circunstanciadas, averiguaciones previas, carpetas de investigación y mecanismos para saldar controversias. En 2018 y 2019 sumaron un total de 210 mil 920 carpetas de investigación, pero hasta el momento sólo 11 mil 359 cuentan con sentencia condenatoria; es decir, el 5.3 por ciento.

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