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Nacional

Hacienda niega dinero a INE para revocación de mandato

La Secretaría de Hacienda explicó que jurídicamente no le puede dar recursos al INE porque los diputados no contemplaron en ninguna parte del presupuesto la posibilidad de otorgar una ampliación presupuestal.

Aurora Zepeda | 01-02-2022
El INE dijo que Hacienda reiteró al Instituto que tendrá que decidir las adecuaciones presupuestales que requiera para realizar la consulta de revocación de mandato.
Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda respondió al INE que “no es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales a dicho Instituto, pues se reitera que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2O22, aprobado por la Cámara de Diputados, no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral u otorgar excepcionalmente recursos adicionales”.

La dependencia reitera al Instituto que tendrá que decidir las adecuaciones presupuestales que requiera para realizar la consulta.

En adición, pone a disposición del INE, oficinas de las dependencias de la administración federal para participar “en los trabajos de resguardo de la documentación e instalaciones, acompañamiento de personal, auxilio mediante equipo altamente cualificado que vela por la salvaguarda de las ciudadanas y los ciudadanos que participan en los ejercicios organizados por ese Instituto, entre otras tareas, y que estamos seguros de que coadyuvarán en la realización del proceso de revocación de mandato”.

El consejero presidente pidió al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo dar lectura de las conclusiones del escrito enviado por Hacienda, durante la sesión que se realizó la noche de ayer.

Por la mañana, Lorenzo Córdova, había dicho que si la Secretaría no aportaba los mil 738 millones de pesos faltantes para organizar la revocación de mandato “lo único que está en duda es la cantidad de mesas de votación que podremos instalar, si no recibimos la ampliación presupuestal el INE sólo podrá instalar un monto cercano a la tercera parte de las mesas de votación que se podrían instalar si contáramos por el contrario con el presupuesto solicitado”.

Esto significa que se instalarían unas 53 mil casillas en lugar de las 161 mil mesas de votación que se tenían planeadas en principio.

Los consejeros manifestaron su preocupación durante la sesión.

Por ejemplo, la consejera Carla Humphrey resaltó que fue el nivel jerárquico número cinco de la secretaría, quien firmó la carta de respuesta (el procurador fiscal Félix Arturo Medina, en ausencia del secretario y tres subsecretarios) por lo que dijo que el INE no merecía ese trato.

El consejero Uuk-Kib Espadas consideró “grave” la respuesta de la Secretaría, pues creyó que se le exige lo imposible al instituto ya que “no tiene los recursos” para organizar ese ejercicio.

“No hay en el estrangulamiento económico, que hoy reitera la Secretaria de Hacienda, que aporte nada a la construcción de un México democrático y de un México en donde la administración pública sea pulcra y eficaz para las necesidades de la sociedad”, comentó.

Los funcionarios electorales mencionaron que ahora será la Suprema Corte quien tendrá que definir que sucede en el diferendo entre el INE y el Poder Ejecutivo, con respecto a los recursos solicitados para cumplir un mandato constitucional.

Rebasan requisitos para consulta

El Consejo General del INE consideró colmados los requisitos establecidos por la ley para realizar la consulta de revocación de mandato, por lo que en la próxima sesión del 4 de febrero expedirá la convocatoria con las reglas de participación para que este ejercicio que se lleve a cabo el 10 de abril.

Lo anterior, a pesar de que los ciudadanos que no apoyaron este ejercicio y cuyos datos personales fueron utilizados sin su consentimiento podrían llegar a 2.7 millones, explicó el consejero Ciro Murayama.

El consejero explicó que el INE hizo una visita muestral a ciudadanos registrados como participantes con su apoyo.

En ese ejercicio muestral, resultó que, de 850 personas sorteadas, 25% expresó que no había dado sus datos para apoyar la revocación de mandato.

“Es una muestra aleatoria y representativa; ello quiere decir que, si se extrapola de los 11 millones 140 mil apoyos recibidos, 25% es equivalente a 2 millones 758 mil que podrían ser apócrifos, es decir, más del 3% exigido por la Constitución. La ley Federal de revocación de mandato no dice qué ocurre cuando se encuentran estas irregularidades; de hecho el resultado de la visita muestral no tiene efectos vinculantes sobre la validez de las demás firmas y por eso la revocación sigue”, expresó Murayama Rendón.

Durante la sesión, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo que los datos entregados por el Registro Federal de Electores “confirman que se han cumplido los requisitos Constitucionales para la convocatoria y celebración del primer proceso de revocación de mandato del titular del poder ejecutivo federal, tanto por el número de firmas requeridas, que efectivamente superan con creces el 3% de la lista nominal de electores como por número de entidades donde se dio ese mismo porcentaje, que son más de las 17 que establece el artículo 35 constitucional”.

Postergan decisión

La Suprema Corte de Justicia postergó la discusión sobre la revocación de mandato, ya que a 10 minutos de iniciada la sesión se suscitó “humo” en la Corte, lo que obligó al ministro presidente, Arturo Zaldívar, a suspender los trabajos y postergar la discusión.

Atalo Mata

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