Extranjera asegura que es dueña de una playa en Xcalacoco; ‘pagué casi 28 mil pesos’
Según publicaciones de usuarios, la mujer sería de origen estadounidense y llevaría más de tres décadas viviendo en Playa del Carmen.

“Yo pagué por la playa casi 28 mil pesos”. La frase, atribuida a una mujer extranjera identificada como Rose, comenzó a circular en redes sociales y abrió una discusión que va mucho más allá de la polémica por quién puede entrar a una playa de Xcalacoco, en Playa del Carmen, Quintana Roo.
En el centro del conflicto se encuentra un acceso hacia la zona costera, una malla colocada para impedir el paso de prestadores de servicios de motos acuáticas, varias embarcaciones retiradas por autoridades y una disputa entre propietarios de predios que sostienen que el terreno continúa siendo privado y quienes utilizan el lugar para llegar a la playa y desarrollar actividades turísticas.
La mujer que aparece en las imágenes asegura haber pagado por el uso de la zona y, a partir de esa declaración, usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionar la situación.
Sin embargo, decir que una persona es propietaria de una playa no equivale a acreditar jurídicamente la propiedad sobre la zona federal marítimo-terrestre. En este caso, el conflicto descrito por los involucrados se concentra precisamente en determinar la situación legal de los terrenos y del acceso.
El video en el que aparece Rose tomó notoriedad por una afirmación concreta: “Yo pagué por la playa casi 28 mil pesos”.
Según publicaciones de usuarios, la mujer sería de origen estadounidense y llevaría más de tres décadas viviendo en Playa del Carmen.
En redes también aparecieron acusaciones sobre su comportamiento y su supuesto trato hacia trabajadores y mexicanos. Esos señalamientos, difundidos por particulares, no han sido acreditados con documentación en los datos disponibles, por lo que no pueden presentarse como hechos comprobados.
Lo que sí tiene un contexto identificable es la disputa que días antes provocó la intervención de autoridades en Xcalacoco.
Una malla, motos acuáticas y un acceso en disputa
El conflicto escaló el sábado, cuando se produjo un altercado entre propietarios de predios de la zona y personas dedicadas a ofrecer servicios de motos acuáticas.
La diferencia principal está en el carácter del terreno utilizado para llegar a la costa.
Por un lado, propietarios de predios sostienen que el espacio continúa siendo propiedad privada y que su utilización corresponde a una especie de “servidumbre de paso”.
Por otro, ese mismo punto ha sido utilizado como acceso hacia la playa y para desarrollar actividades relacionadas con embarcaciones y motos acuáticas.
La colocación de una malla terminó por hacer visible una disputa que llevaba tiempo acumulándose.
Ante la situación, elementos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Playa del Carmen intervinieron para liberar el paso.
Durante las acciones fueron retiradas tres motos acuáticas y dos lanchas, que quedaron bajo resguardo mientras se determina su situación mediante el procedimiento correspondiente.
“No hay una calle definida”
Miguel Ricardo Novelo Cárdenas, quien se identificó como propietario de uno de los predios ubicados en la zona costera, sostuvo que el punto en disputa no corresponde actualmente a una calle formalmente definida por las autoridades municipales.
Hasta el momento no hay ninguna calle definida por las autoridades municipales y el gobierno de Playa del Carmen tiene conocimiento”, afirmó.
Según su versión, incluso el director de Zofemat conoce que ese espacio no está formalmente establecido como una vialidad y que los terrenos mantienen un régimen de propiedad privada.
Novelo Cárdenas explicó que parte de los predios pertenece a la familia de Mario Alberto Pazos Moguel, mientras otros terrenos de Xcalacoco permanecen en manos de familias que, asegura, cuentan con derechos sobre ellos desde hace décadas.
En su caso, afirmó que su familia posee documentación relacionada con terrenos adquiridos desde 1942.
Una parte del espacio, añadió, se ha conservado como una “ventana al mar”, con la intención de que eventualmente pueda funcionar como acceso público.
¿Entonces quién puede utilizar el acceso?
Ahí está el verdadero fondo de la controversia.
La colocación de la malla habría impedido que los prestadores de servicios acuáticos utilizaran el punto como lo habían hecho anteriormente. La intervención de Zofemat buscó liberar el paso, pero el operativo también derivó en el retiro de las embarcaciones.
Novelo Cárdenas sostuvo que algunas de las motos acuáticas y lanchas pertenecen a su grupo y que deberá esperar a que concluya el procedimiento legal correspondiente para recuperarlas.
El propietario también cuestionó que las personas que ofrecen los servicios turísticos cuenten con las autorizaciones necesarias para permanecer en ese punto y realizar sus actividades.
Por ello, señaló que serán las autoridades competentes las que deberán determinar quién tiene autorización para operar en la zona y bajo qué condiciones.