Extorsión se dispara 114% en Morelos

Morelos cerró el primer semestre de 2026 con indicadores que ponen bajo presión la estrategia de seguridad del gobierno de Margarita González Saravia, particularmente por el comportamiento de la extorsión, delito en el que se reporta la participación tanto de grupos del crimen organizado como de funcionarios municipales y estatales.

Entre enero y junio se contabilizaron 388 víctimas de extorsión, lo que representa un incremento anual de 114.4 por ciento, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública retomada por el Monitor de Seguridad de Coparmex.

La entidad alcanzó una tasa de 18.77 víctimas por cada 100 mil habitantes, la más elevada del país. El dato no sólo refleja el crecimiento de las denuncias. También muestra que las medidas aplicadas por la administración estatal no han contenido un delito que afecta directamente a comerciantes, empresarios, transportistas y familias.

El foco rojo se extiende a los municipios. Cuautla registró una tasa de 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes, con lo que se convirtió en el municipio con mayor incidencia de extorsión en México, entre aquellos con más de 100 mil habitantes. Yautepec apareció en el tercer lugar nacional, con una tasa de 34.5.

La presencia de dos municipios morelenses en los primeros lugares evidencia que el problema no puede reducirse a llamadas aisladas o intentos de fraude. La extorsión se ha consolidado como una amenaza para las actividades económicas y para la vida cotidiana en distintas zonas del estado.

El Índice de Extorsión Coparmex ubicó a Morelos con 74.2 puntos, el resultado más alto entre las entidades federativas. La medición considera la incidencia registrada por las autoridades, el porcentaje de delitos que no llega a una carpeta de investigación y la percepción de inseguridad.

En Morelos, la cifra oculta estimada para la extorsión es de 96 por ciento. Esto significa que las 388 víctimas registradas representarían sólo una parte del fenómeno. El temor a represalias, la desconfianza en las instituciones y la percepción de que denunciar no producirá resultados mantienen numerosos casos fuera de las estadísticas oficiales.

La percepción de inseguridad en la entidad llegó a 56.2 por ciento, otro indicador que debería obligar al gobierno estatal a explicar qué resultados han generado sus operativos, cuántas investigaciones derivaron en detenciones y cuántas personas fueron procesadas por este delito.

Lo cierto, es que mientras la administración de González Saravia sostiene su política de seguridad, la extorsión aumenta, Morelos ocupa el primer lugar por tasa de víctimas y Cuautla encabeza la incidencia municipal.

Aunque Morelos ya incorporó en su Código Penal disposiciones encaminadas a homologar la legislación en materia de extorsión, su aplicación efectiva sigue siendo un punto débil. La existencia de normas, por sí sola, no garantiza resultados: hasta ahora no se advierte una implementación capaz de traducirse en una respuesta institucional contundente frente a un delito que mantiene bajo presión a autoridades y víctimas.

Otro pendiente es verificar la instalación, funcionamiento y eficacia de los inhibidores de señal en los centros penitenciarios, como establece la legislación general en la materia.

A su vez, la falta de efectividad de los equipos inhibidores de señal en los reclusorios estatales permite que personas privadas de la libertad continúen utilizando medios de comunicación para coordinar o cometer delitos desde el interior de los penales.

Por otra parte, el 96 por ciento de los casos permanece oculto; es decir, la cifra negra, esa cifra también refleja la incapacidad institucional para generar confianza y proteger a quienes deciden acudir ante la autoridad.

Morelos necesita resultados verificables, no únicamente anuncios de operativos o reuniones de coordinación. La administración de Margarita González Saravia debe informar cuántas unidades especializadas funcionan, cuál es su presupuesto, cuántas denuncias han investigado y cuántas sentencias se han obtenido.

Con una tasa de 18.77 víctimas por cada 100 mil habitantes y un crecimiento anual de 114.4 por ciento, la extorsión ya no puede presentarse como un fenómeno marginal. Los datos colocan a Morelos en el centro de una crisis que golpea la seguridad de la población, compromete la continuidad de los negocios y debilita la confianza en las autoridades responsables de combatirla.