De exsecretario de finanzas de Fausto Vallejo a líder de red de extorsionadores que usaba IA
En 2017 se informó la detención de Luis “N” por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.
Durante años, Luis Miranda Contreras se movió en un terreno donde el dinero público, los funcionarios y las decisiones administrativas formaban parte de su actividad cotidiana. Fue Tesorero General y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013, durante el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa.
Ahora, su nombre vuelve a aparecer en una investigación, pero en un escenario muy distinto. Autoridades de seguridad federal y del Estado de México lo señalan como presunto líder de una red que habría utilizado Inteligencia Artificial para clonar voces de funcionarios y personajes públicos, hacerse pasar por ellos y extorsionar a políticos, servidores públicos y empresarios.
Miranda Contreras fue detenido en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México, junto con Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N”, su hijo; Aimee de Guadalupe “N”, su hija, y Agustín Arturo “N”, identificado como su escolta.
La investigación apunta a una estructura familiar en la que la tecnología habría sido utilizada como una nueva herramienta para un método de engaño que comenzaba mucho antes de la llamada en la que se exigía dinero.
El primer paso: ganarse la confianza
La red, de acuerdo con las indagatorias, no comenzaba pidiendo dinero.
Primero buscaba información.
Los integrantes contactaban mediante llamadas o mensajes de texto a números personales de políticos, funcionarios y empresarios. Para acercarse a sus objetivos se presentaban como secretarios particulares de personajes con influencia y aprovechaban ese primer intercambio para obtener datos sobre agendas, dependencias, funcionarios, operaciones políticas o asuntos económicos.
Uno de los mensajes utilizados para abrir la puerta era aparentemente rutinario...
Mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”.
La frase funcionaba como una presentación aparentemente legítima. Después llegaba la llamada.
El supuesto funcionario decía tener instrucciones “superiores” y planteaba una petición que podía involucrar dinero para “la operación política o agilizar pagos”, la incorporación de una persona a una estructura administrativa o incluso la recomendación de contratar los servicios de determinado proveedor.
El engaño, según las autoridades, se reforzaba con los detalles.
Los números utilizados por los integrantes de la organización tenían fotografías de perfil, logotipos, nombres oficiales o elementos visuales relacionados con gobiernos y organizaciones políticas. El objetivo era que, cuando apareciera la llamada o el mensaje en el teléfono de la víctima, la identidad del supuesto funcionario pareciera auténtica.
Cuando la voz dejó de ser una prueba suficiente
La investigación encontró un elemento que cambia la dimensión del fraude: el uso de Inteligencia Artificial para imitar voces.
Los integrantes de la red habrían utilizado esta tecnología para generar llamadas en las que se escuchaba la voz de los funcionarios o actores económicos suplantados.
Pero el mecanismo no se habría limitado a una llamada.
Las autoridades detectaron también la creación de conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios mediante mensajes de texto y notas de voz, material que posteriormente era enviado a las víctimas para reforzar la apariencia de autenticidad.
Así, el fraude de extorsión se construía en varias capas: un número telefónico aparentemente oficial, una identidad conocida, información real de la víctima y una voz capaz de imitar a la persona que supuestamente estaba dando la orden.
La tecnología, en este caso, habría servido para fabricar una confianza que previamente había sido preparada mediante la obtención de información personal y profesional.
19 teléfonos bajo la lupa
La investigación también dejó una huella material.
Las autoridades identificaron al menos 19 teléfonos celulares, entre ellos equipos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, que presuntamente fueron utilizados para realizar llamadas y enviar mensajes.
Los dispositivos tendrían registros relacionados con las tarjetas SIM aseguradas durante la detención y, de acuerdo con las indagatorias, algunos de esos números coinciden con los que habían sido reportados por víctimas.
La operación, por tanto, no dependía únicamente de una identidad falsa. Había una infraestructura telefónica utilizada para establecer contacto, mantener conversaciones y construir la apariencia de que detrás de cada comunicación se encontraba un funcionario real.
El antecedente que marcó su paso por Michoacán
Antes de esta investigación, el nombre de Luis Miranda Contreras ya había aparecido en un expediente de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.
En 2017, la dependencia informó sobre su detención por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, relacionado con un monto de 26 millones 680 mil pesos en perjuicio del Gobierno de Michoacán.
La acusación estaba vinculada con operaciones realizadas cuando Miranda Contreras ocupaba la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
De acuerdo con la investigación de aquella época, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2012, el entonces funcionario presuntamente autorizó pagos a dos proveedores por servicios de asesoría contable y gestión administrativa y financiera.
Uno de los pagos ascendió a 15 millones 80 mil pesos.
El segundo fue de 11 millones 600 mil pesos.
En ambos casos, la Procuraduría sostuvo que los servicios contratados no fueron recibidos pese a que los pagos sí se habían efectuado.
La suma de ambas operaciones alcanzaba los 26 millones 680 mil pesos.
La dependencia estatal señaló entonces que las indagatorias habían encontrado elementos para establecer la probable responsabilidad del exfuncionario y que, con base en ello, se solicitó una orden de aprehensión que posteriormente fue cumplimentada.
Miranda Contreras fue puesto a disposición del juez correspondiente para que se determinara su situación jurídica.