FGR ubica a Ernesto Ruffo en red de contrabando de combustible
La investigación federal señala que la empresa Ingemar habría sido utilizada para movilizar hidrocarburos mediante ferrotanques con volúmenes declarados por debajo de su capacidad real
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró contar con diversos datos de prueba que vinculan al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel con una presunta red dedicada al contrabando de combustible, operación que habría utilizado ferrotanques y la estructura empresarial de Ingemar para movilizar hidrocarburos.
A través de una ficha informativa la dependencia dio a conocer que de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el imputado figuraba como accionista y secretario del Consejo de Administración de la compañía, por lo que presuntamente tenía intervención en su representación legal, conducción y toma de decisiones.
La autoridad ministerial sostiene que el expediente integra dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información financiera y corporativa, entre otros elementos obtenidos durante la investigación.
Las pesquisas permitieron detectar operaciones consideradas atípicas dentro de Ingemar, empresa relacionada con servicios portuarios, trabajos de dragado y operación de puertos.
El documento señala que la compañía registró movimientos por montos millonarios en cuentas nacionales que no guardaban correspondencia con su perfil fiscal.
Uno de los principales elementos bajo análisis se relaciona con el uso de camiones y ferrotanques con capacidad para transportar entre 30 mil y 112 mil litros.
En entrevistas ministeriales, Ruffo Appel habría reconocido que posee 49 por ciento de las acciones de la empresa y que tenía conocimiento, al menos desde 2024, de irregularidades en la documentación utilizada para importar los cargamentos.
De acuerdo con lo asentado en la indagatoria, unidades con capacidades de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran registradas en los pedimentos de importación como si transportaran únicamente 10 mil litros.
Para la Fiscalía, esta diferencia entre la capacidad de los contenedores y el volumen declarado forma parte de los indicios que permitieron reconstruir el presunto esquema utilizado para introducir combustible al país.
El proceso penal contra Ernesto “Ruffo Appel permanece abierto y será la autoridad judicial competente la encargada de valorar los datos de prueba presentados durante las distintas etapas del procedimiento y resolver conforme a derecho.
La FGR recordó que los registros de una investigación en curso están sujetos a reserva, de acuerdo con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También subrayó que cualquier persona señalada dentro de una causa penal mantiene la presunción de inocencia establecida en el artículo 20 de la Constitución mientras no exista una sentencia definitiva.