Encarcelan a presunto jefe de 'los Zetas' en Monterrey
Consignan al penal de Apodaca a presunto líder de Los Zetas en Monterrey junto a cinco cómplices, acusados de narcomenudeo y portación de armas exclusivas
El Ministerio Público de la Federación informó que consignó al Centro Preventivo de Readaptación Social de Apodaca, en el estado de Nuevo León, a Óscar Manuel Bernal Soriano, señalado como presunto jefe de la célula criminal Los Zetas que operaba en Monterrey.
La consignación se realizó tras su detención junto a cinco presuntos cómplices durante un operativo encabezado por elementos del Ejército mexicano. Según el comunicado oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), a todos se les acusa de delitos graves relacionados con el narcotráfico y la portación ilegal de armas de fuego.
Captura en Monterrey durante operativo militar
La aprehensión de Bernal Soriano y sus presuntos colaboradores se llevó a cabo el pasado 21 de octubre en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con las investigaciones, los implicados fueron detenidos mientras se encontraban en posesión de marihuana con fines de comercio, así como de diversas armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y objetos relacionados con actividades delictivas.
El operativo fue ejecutado por el Ejército mexicano en una zona urbana, en seguimiento a tareas de inteligencia y vigilancia. El aseguramiento incluyó vehículos, radios de comunicación y documentación que podría estar relacionada con la operación financiera y logística de la organización criminal.
¿Quiénes son los detenidos?
Además de Bernal Soriano, fueron ingresados al penal de Apodaca:
- Víctor Manuel Olvera Pérez
- Rosaura Montemayor Muñoz
- Arturo Vélez Vélez
- José Vicente Salazar Vital
- Rubén Guadalupe Esparza
Todos están señalados por la Fiscalía como integrantes de un grupo criminal que operaba en la región metropolitana de Monterrey, realizando actividades de narcomenudeo, cobro de piso y posible tráfico de armas.
Delitos graves: drogas y armas de uso exclusivo
Los delitos por los cuales se les acusa son contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio, así como portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Estos cargos se encuentran dentro de los delitos considerados graves en la legislación mexicana, lo cual implica que los imputados no tienen derecho a enfrentar el proceso en libertad. Según lo establecido por la ley, podrían alcanzar penas de prisión que van desde los 10 hasta los 25 años, dependiendo del grado de participación y de las pruebas que se logren consolidar durante el proceso judicial.
El penal de Apodaca: centro de alta seguridad
El Centro Preventivo de Readaptación Social de Apodaca, donde fueron consignados los seis detenidos, es una prisión de alta seguridad ubicada en el estado de Nuevo León. Este centro penitenciario ha sido escenario de múltiples hechos relevantes, incluidos motines y fugas, y es uno de los recintos más vigilados del norte del país debido a la presencia de internos relacionados con el crimen organizado.
Actualmente, el penal cuenta con una estricta vigilancia militar y tecnología de control interno que busca evitar la comunicación de los reos con el exterior, especialmente con redes criminales activas.
Próximas horas serán clave para definir situación jurídica
El juez federal que lleva la causa judicial determinará en las próximas horas la situación jurídica de los inculpados. Debido a la naturaleza de los delitos y a las pruebas presentadas —que incluyen armas, droga, y testimonios—, se prevé que se les dicte auto de formal prisión, lo cual los mantendría en reclusión preventiva mientras se desarrolla el juicio.
Las autoridades federales destacaron que este tipo de operativos son parte de la estrategia nacional de seguridad para desarticular células delictivas de alto impacto en el norte del país, particularmente aquellas que pertenecen a grupos como Los Zetas, que han operado en Nuevo León desde hace más de una década.
Combate al crimen organizado continúa
La captura de Bernal Soriano y sus cómplices se suma a una serie de acciones coordinadas entre las fuerzas armadas, la Fiscalía General de la República y las autoridades estatales. A pesar de los avances, las autoridades reconocen que la presencia de grupos criminales sigue representando una amenaza para la seguridad en varias zonas urbanas y rurales del país.
Esta operación refuerza el mensaje de que no hay impunidad, y que los grupos delictivos serán perseguidos y llevados ante la justicia.