Ignacio Peralta enfrenta proceso y el destino de recursos de Colima se desconoce
La gestión de Peralta Sánchez también enfrenta las sospechas de pagos realizados por conceptos de consultoría y asesoría que presuntamente nunca se llevaron a cabo.
Sobre el priista José Ignacio Peralta Sánchez pesan diversos señalamientos de presuntos casos de corrupción y desvió de recursos, durante su gestión como gobernador de Colima, entre febrero de 2016 u octubre de 2021.
Las acusaciones son también para Carlos García Noriega, quien fuera secretario de Planeación y Finanzas durante la administración de Peralta Sánchez, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Un caso se refiere al supuesto desvío, en 2019, de un monto aproximado a los tres millones de pesos para el pago de un servicio de Protección Civil, el que no se ejecutó y del que no se aclaró el destino final de ese monto.
La Fiscalía Anticorrupción de Colima, también investigó el presunto desvío de casi 100 millones de pesos que originalmente estaban destinados para la construcción del edificio del C5i y la remodelación del Palacio de Gobierno, lo que no se realizó.
La gestión de Peralta Sánchez también enfrenta las sospechas de pagos realizados por conceptos de consultoría y asesoría que presuntamente nunca se llevaron a cabo.
La herencia de este gobierno fue que al concluir, en 2021, en Colima se padeció una severa crisis de liquidez lo que impidió el pago de nóminas a burócratas y maestros, lo que motivó auditorías profundas que concluyeron carpetas de investigación.
Vinculados
Peralta Sánchez pasa a la historia como el primer ex gobernador que es vinculado a proceso, junto con su ex colaborador García Noriega, por su presunta participación en los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El pasado 6 de mayo un Juez de Control resolvió la vinculación a proceso, a partir de los elementos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, que intentan demostrar que ambos ex funcionarios participaron en un presunto esquema de desvío de recursos públicos a partir de la simulación de servicios que no se realizaron.
Tras una audiencia de siete horas, el Juez de Control otorgó la medida cautelar para que los imputados sigan su proceso en libertad, presentándose a firmar el libro judicial, y fijó un plazo de cinco meses para que el Ministerio Público presente la investigación complementaria.
“Vamos a buscar agregar una serie de análisis, de referencias de carácter jurídico, pruebas, etcétera, que nos permitan fortalecer los argumentos que hoy se expusieron y demostrar que se actuó apegado a la ley y que no hubo la comisión de ningún delito”, dijo Peralta Sánchez al retirarse de los juzgados.