Diputada rarámuri denuncia discriminación indígena en Poder Judicial estatal

La diputada local de origen rarámuri Edith Palma, reveló que en el sistema de justicia de Chihuahua existe discriminación y violación constitucional al no tener suficientes intérpretes o traductores de lengua tarahumara.

La legisladora aseguró que esta situación ha causado que alrededor de 300 integrantes rarámuris no hayan seguido el debido proceso, pues nunca tuvieron un traductor o un intérprete.

La integrante del Grupo Parlamentario de Morena, exhortó a la gobernadora del estado María Eugenia Campos, para que incorporen la plaza de traductor e intérprete indígena.

Señaló que desde el año pasado el Congreso aprobó el Decreto 509, con el cual "las instituciones de procuración, y administración de justicia, están obligados a asistir a las personas de los pueblos y comunidades indígenas con traductores o intérpretes certificados, y de esa manera quede garantizado su derecho humano de acceso a la justicia".

Detalló que de acuerdo a cifras del Censo Nacional del Sistema Penitenciario del INEGI, alrededor de 637 internos pertenecen a los pueblos tarahumara y tepehuán, cuya población mayoritaria radica en Chihuahua.

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479 indígenas privados de la libertad

El estado de Chihuahua ocupa el sexto lugar a nivel nacional con 479 personas indígenas que están privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social; y según los datos del Informe temático sobre impunidad y sistema de justicia penal 2024 del Examen Periódico Universal de México, el 62.1 por ciento de las personas sujetas a procesos judiciales en el país que se autoadscribieron indígenas, y que solicitaron ser atendidos en su derecho de contar con un traductor o intérprete, no recibieron apoyo al ser puestas a disposición del Ministerio Público. 

Edith Palma Ontiveros, también enfatizó que transcurrido cerca de un año y medio de las reformas constitucionales y legales que llevaron a la creación del Centro de Traductores e Intérpretes del Estado de Chihuahua, se puede observar que todavía no ha sido posible que las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia en la entidad se sometan cabalmente al imperio de la ley.

Pudiéramos estar hablando en datos conservadores, de entre 200 y 300 de ellas a las que no se les garantizó su derecho al debido proceso desde su inicio violentando con ello también el principio de igualdad, y por tanto, el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia”, dijo.

Mientras tanto, el ayuntamiento nombró a la regidora no indígena del Partido Acción Nacional (PAN), Joni Barajas, como encargada de los asuntos indígenas.

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