Crimen obliga a pueblos a huir; Iglesia exige al Estado frenar el desplazamiento forzado

El Estado mexicano está obligado a generar un marco jurídico que permita prevenir y atender de manera integral el desplazamiento forzado de personas, demandó la Iglesia católica.

Esta fue una de las principales conclusiones del Primer Encuentro de Personas Desplazadas y Acompañantes de los Pueblos Originarios y Afromexicanos, realizado hace unos días en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Como segunda exigencia, los participantes pidieron al Estado mexicano reconocer, sin rodeos ni ambigüedades, la realidad del desplazamiento forzado, al advertir que “la gobernanza criminal sobre nuestros territorios sigue forzando a los pueblos a huir”.

El posicionamiento señala que esta situación ejerce violencia, provoca división, obliga a distribuir y consumir drogas y lleva a las comunidades a realizar actos ilícitos en beneficio de intereses criminales.

Somete con amenazas, intimidación, extorsión, miedo, desaparición, trata de personas, asesinatos y masacres”, expone el documento final del encuentro, suscrito por cuatro obispos integrantes de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social de la Iglesia católica.

Las personas desplazadas y los líderes religiosos argumentaron que existe una necesidad urgente de que el Estado mexicano emprenda acciones concretas, debido a que la llamada “narrativa de paz” no borra el dolor ni las desapariciones de mexicanos que se registran en distintas regiones del país.

El reclutamiento forzado convierte a nuestros jóvenes y comunidades, hombres y mujeres, en carne de cañón y chivos expiatorios ante la ceguera, omisión y complicidad de quienes tienen mandato y obligación de proteger al pueblo e impartir justicia”, expuso la Comisión Episcopal para la Pastoral Social.

El documento cuestiona que, mientras las autoridades mantienen y proclaman una narrativa de paz, persisten en los territorios “el dolor, el llanto, la ejecución, la cárcel y la muerte”, particularmente entre las comunidades más vulnerables.

Aunque los participantes advirtieron que el desplazamiento forzado en México “es una problemática dolorosa y constante”, con diversos factores y causas, durante el encuentro decidieron centrar su atención en las consecuencias de la violencia criminal, al considerar que es una de las expresiones que con mayor recurrencia se presenta en tiempos recientes.

De acuerdo con los participantes, la violencia criminal trunca los proyectos de vida de pueblos y comunidades, además de obligar a familias enteras a abandonar los territorios donde han construido su identidad y sus formas de vida.

Frente a esta situación, reivindicaron el derecho de las comunidades a permanecer en sus territorios, al considerar que en ellos se encuentran su identidad, memoria y tejido comunitario.

Todas y todos somos guardianes de la tierra y el territorio; tenemos derecho tanto a quedarnos como a movernos sin ser agredidos y la responsabilidad de protegerla y defenderla del despojo y ecocidio”, plantearon durante la reunión realizada en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, en el ejido Copoya, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Entre los obispos que suscribieron los resultados del encuentro se encuentran Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas; José Hirais Acosta, obispo de la Diócesis de Huejutla, Hidalgo, y presidente de la Dimensión Episcopal para la Pastoral de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos; así como Eugenio Andrés Lira Rugarcía, obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa y presidente de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana.

También firmaron el posicionamiento Engelberto Polino Sánchez, obispo de la Diócesis de Tepic, Nayarit y responsable de la Dimensión Ejecutiva de la Pastoral Social-Cáritas de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), así como el presbítero Gilberto Hernández García, asesor de la Comisión Diocesana de la Tarea Social en la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.

El pronunciamiento de la Iglesia ocurre pocos días después de que la Secretaría de Gobernación reportara la instalación de una mesa permanente de trabajo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, para atender a comunidades de origen tepehuano desplazadas por la acción del crimen organizado.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las autoridades competentes se revisarán las condiciones en las comunidades de origen para definir e implementar acciones que contribuyan a generar condiciones de seguridad para las personas que manifiesten su voluntad de regresar”, informó la dependencia federal.

El gobierno federal señaló que el objetivo es que, cuando las familias así lo decidan, el retorno se realice de manera segura, voluntaria y digna, para permitirles recuperar sus hogares, actividades productivas y formas de vida comunitaria, además de avanzar en la reconstrucción de los proyectos de vida afectados por el desplazamiento.