Sanciona Buen Gobierno a 17 servidores públicos por faltas administrativas y de corrupción
Las medidas incluyen inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de hasta 10 años, destituciones, suspensiones y sanciones económicas que superan los 390 mil pesos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la imposición de sanciones a 17 personas servidoras públicas por la comisión de faltas administrativas graves y no graves en distintas dependencias del Gobierno Federal. Las medidas, aplicadas en coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), incluyen inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de hasta 10 años, destituciones, suspensiones y sanciones económicas que superan los 390 mil pesos.
Entre las infracciones graves resueltas por el TFJA, destaca la inhabilitación por 10 años y una multa económica de 180 mil pesos a José S., adscrito al ISSSTE en Campeche, quien entre 2019 y 2021 usó una cédula ajena para ejercer indebidamente como licenciado en Nutrición. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Edgar M. y Erick D. recibieron cuatro años de inhabilitación por solicitar un cobro indebido de 70 mil pesos a un usuario en lugar de aplicar una multa reglamentaria. Asimismo, en el Banco del Bienestar se inhabilitó por dos años a Alejandro R., imponiéndole una multa de 13 mil pesos tras comprobarse que realizó 15 retiros no autorizados de dinero. La lista de faltas graves la completan María N., del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, inhabilitada por tres meses al intervenir en la contratación nepotista de tres sobrinos, y dos funcionarios del SAT suspendidos 60 días por irregularidades con un Certificado de Sello Digital.
Por otra parte, los Órganos Internos de Control y la Unidad de Responsabilidades en PEMEX determinaron sanciones por faltas no graves. Sobresale la destitución de cuatro elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México por presentar certificados de bachillerato apócrifos para tramitar licencias de portación de armas de fuego. Adicionalmente, se impuso un año de inhabilitación a un funcionario del INAH tras omitir el reporte de inasistencias de un trabajador, provocando un pago indebido de 209 mil pesos.
Respecto a la firmeza de estas decisiones y el debido proceso de los señalados, la Secretaría precisó: "Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas". Con estas acciones, respaldadas en la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la dependencia reafirmó su compromiso de combatir la impunidad y consolidar la ética institucional en el servicio público de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.