Crean comisión para esclarecer casos de violaciones a derechos humanos durante guerra sucia

Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, anunciada el pasado 2 de octubre por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que podría dar paso a la creación de una Fiscalía Especial.

La nueva instancia que tendrá carácter temporal -hasta el 30 de septiembre de 2024- cumplirá funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo conocido como guerra sucia, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención.

La comisión será integrada por los titulares de las Secretarías de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Además, el director del Archivo General de la Nación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

En acompañamiento estarán cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional que contribuyan con el objeto de la Comisión, quienes serán propuestas conjuntamente por un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, un representante de las víctimas, sus familiares y de las personas sobrevivientes, con la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La designación se hará por la presidencia de la comisión en función de las propuestas realizadas por el comité de selección, conforme al procedimiento que para tal efecto se establezca, se explica.

Las personas integrantes de la comisión ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, ni compensación económica alguna.

En el decreto, publicado en la edición vespertina del DOF, se establece que, para el cumplimiento de su objeto, corresponde a la Comisión llevar a cabo investigaciones sin sesgos, con independencia, imparcialidad y competencia.

Podrá acceder a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para consulta, a los repositorios de sus archivos de concentración y documentos históricos, cualquiera que sea el soporte que los contenga, con la finalidad de contribuir con las investigaciones y las acciones de búsqueda que se realicen en el marco del presente Decreto.

De igual manera, llevar a cabo acciones de búsqueda e investigaciones de campo en dependencias y e entidades de la Administración Pública Federal con las personas y en los lugares en los que se presuma se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos.

Asimismo, establecerá mecanismos de colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial Federal y locales; los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y organismos autónomos, para tal efecto, y promover la coordinación y/o colaboración con la Fiscalía General de la República y fiscalías locales, con el fin de coadyuvar en el acceso a la justicia y la verdad a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Una vez agotados los tiempos de investigación, la comisión integrará y presentará al presidente de la República, a las víctimas, sus familiares, a las personas sobrevivientes, un informe final de esclarecimiento histórico de los hechos, procesos, instituciones y responsables que hicieron posible la comisión de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, el cual será de libre acceso a la sociedad en general.

La comisión entregará a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o las que resulten competentes, el informe final para sus efectos conducentes.

SANCIONAR A LOS RESPONSABLES

Sobre la creación de esta comisión, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, garantizó que no habrá impunidad sobre los hechos ocurridos en el tiempo de la llamada guerra sucia, y de ello se encargará un grupo de especialistas independiente que integrará los casos para presentarlos ante la autoridad judicial.

Un comité que impulse todo el proceso de judicialización, de justicia en general para que quienes fueron responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos sean castigados”, advirtió.

Para esta tarea el personal que compondrá la nueva instancia tendrá facultades para indagar en instalaciones civiles y militares en la búsqueda de restos de personas desaparecidas durante este periodo de 25 años.

Esta tarea estará a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda que debe contar con todo el apoyo de todo el Sistema Nacional de Búsqueda, con las comisiones de búsqueda y otras instituciones para hacer no solo búsqueda en campos, en archivos, en panteones, en fosas comunes, sino también búsqueda en sitios que hasta ahora han estado prácticamente censurados para cualquier tipo de investigación.

Esto implica ir a cualquier instalación civil o militar donde se presuma que pueden encontrarse restos o vestigios de las personas desaparecidas”, explicó.

A través de un video, el subsecretario Encinas afirmó que con esta comisión se presentarán resultados puntuales “para garantizar el derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, la garantía de reparación y particularmente que estos hechos no vuelvan a suceder en nuestro país”, sostuvo.

TIEMPOS

La instalación de la comisión se llevará a cabo dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. En su primera sesión aprobará los lineamientos para su organización y funcionamiento.

Las personas expertas serán elegidas en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente instrumento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe realizar las adecuaciones presupuestarias y emitir las disposiciones administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Decreto, incluyendo la disponibilidad de que existan recursos para la creación de una Fiscalía Especializada.

jcs