Corte “tira” amparo de Cabeza de Vaca; avala orden de captura
La SCJN determinó negar el amparo contra una orden de aprehensión del ex gobernador de Tamaulipas.
Por decisión unánime, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que debe cumplirse una orden de captura en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la sesión de este martes se resolvió el amparo en revisión 435/2025, elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, el que no contó con el apoyo de los integrantes del pleno, en relación con la metodología, pero sí con la resolución de negar la protección de la justicia federal al exmandatario tamaulipeco.
Resolución de la Corte determinó negar el amparo
La resolución de la Corte determinó negar el amparo contra una orden de aprehensión, a partir de fijar el estándar constitucional, que en términos probatorios deben cumplirse para librarla en el Sistema Penal Acusatorio; por lo que no se necesita prueba plena, sino datos suficientes para suponer razonablemente que hubo delito y probable participación de la persona imputada, de acuerdo con el proyecto.
En la discusión, la SCJN analizó si el Juez de Control exigió más pruebas de las que establece la Constitución para ordenar la captura de García Cabeza de Vaca.
FGR solicitó la orden de aprehensión en 2022
De acuerdo con los antecedentes de este caso, en octubre de 2022 la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de aprehensión en contra del ex gobernador, por los delitos señalados.
Posteriormente, en diciembre de 2023, Adriana Yolanda Vega Marroquín, titular del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, amparó a García Cabeza de Vaca y ordenó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, cancelar la orden de captura.
En la discusión del proyecto, las ministras y ministros se pronunciaron en contra de la metodología; se indicó que la Corte no se debía asumir como juez de control ni volver a valorar los datos de prueba.
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