Debate por transparencia y seguridad de funcionarios divide al Pleno de la Corte

El Pleno de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por seis votos contra tres, que la Fiscalía General de la República (FGR) debe entregar información de dos de sus funcionarias, en cumplimiento a una resolución del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).

Los proyectos elaborados por la ministra Loretta Ortiz Half, a dos controversias constitucionales promovidas por la FGR, generaron el primer debate intenso entre integrantes del Máximo Tribunal, sobre la garantía de seguridad para servidores públicos ante el tema de la transparencia.

Las ministras Sara Irene Herrerías, quien fue fiscal de Derechos Humanos en la FGR, y María Estela Ríos González, ex consejera jurídica de la Presidencia, manifestaron su preocupación de hacer pública la información solicitada ante el riesgo por la inseguridad que se vive en el país.

Estoy de acuerdo, igual con lo que comenta la ministra Loretta, de la importancia del derecho a la información y a la transparencia, pero creo que el derecho a la vida es más importante, y creo que la Constitución pone límites al derecho a la información y a la transparencia. Al derecho a la vida, no hay ningún límite”, expresó la ministra Herrerías.

En sus proyectos, la ministra ponente Ortiz Ahlf planteó declarar infundados los argumentos que la FGR en los que impugnó la resolución del INAI, para dar a conocer el nivel de cargo, sueldo y la dirección a la que están adscritas Verónica Athenea Maldonado Cruz y Lesly Giovana Moreno, funcionarias de la Fiscalía Especializada en Materia de Atención de Delitos Electorales (Fisel).

La ministra ponente planteó que la información de ambas funcionarias la han hecho pública, incluso al participar en foros de la Fisel, por lo no existe motivo para reservarla.

Hay que entender que vivimos una realidad social, o sea, porque hacer un discurso jurídico que no se centre en una realidad que estamos viviendo, se convierte en un mero discurso jurídico que no resuelve la problemática. Hay un clima de violencia en que si los delincuentes o la delincuencia organizada, inclusive la electoral, puede poner en peligro la vida de esas personas”, expuso la ministra Ríos González.

La exconsejera jurídica de la Presidencia manifestó su preocupación por revelar la información que ordenó el desaparecido INAI, ante el riesgo que tienen los servidores públicos.

Bueno, ya hemos visto casos en que el hecho de saber la ruta para la cual se dirigen a su trabajo, ya pone en riesgo a las personas y tenemos prueba de ello”, afirmó la togada.

Al respecto, la tercera ministra que se opuso al sentido de los proyectos fue Yasmín Esquivel Mossa.

Difundir los nombres y otros datos de empleados de una Fiscalía Especializada ello debilita la seguridad pública cuyos fines son salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”, expresó la ministra.

A favor de los proyectos para hacer pública la información solicitada se pronunció el ministro Arístides Guerrero García, quien reconoció la situación de inseguridad del país, pero indicó que la información de los servidores públicos ahora se puede consultar en internet.

“Únicamente para señalar que no se desconoce la relativo a la seguridad o lo que se ha señalado, este clima de inseguridad que puede resultar, pero incluso, en el mismo proyecto se señala que el nombre y cargo de las personas servidoras públicas ya se ha dado a conocer por diferentes medios.

“Es más, si en el propio buscador de internet, se introduce el nombre de estas personas, servidoras públicas, se desprendería que ellas mismas en foros académicos han ostentado el propio cargo…”, dijo el ministro Guerrero García.

JCS