Construyamos las condiciones para una mayor prosperidad

Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, periodo que coincide con los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS aumentó 14.5%, frente a una inflación acumulada de 7.3%.

Esta ganancia real, sostenida por el esfuerzo de las empresas y el trabajo de sus colaboradores, representa una mejora importante para las familias que cuentan con un empleo formal y plantea el desafío de sostenerla y extender sus beneficios a más personas.

La mejora salarial coincide con señales de recuperación económica, después de un periodo de bajo crecimiento y caída de la inversión. Entre enero y agosto de 2026, la actividad económica acumuló un crecimiento estimado de 1.6%. En julio, la inversión fija bruta aumentó 6% anual y sumó cuatro meses consecutivos de avances. Son señales favorables, aunque todavía insuficientes para generar las oportunidades de empleo y desarrollo que requiere el país.

La recuperación también presenta límites. El consumo privado mantiene un avance débil y una parte del dinamismo exportador se concentra en productos electrónicos y de cómputo con elevado contenido importado. Esto reduce su efecto positivo sobre los proveedores nacionales y el resto de la economía. La moderación de la inflación favorece el poder adquisitivo, aunque persisten presiones en servicios y alimentos.

En el empleo persiste una brecha importante. Durante estos dos años se agregaron 446 mil puestos registrados en el IMSS, mientras que la ocupación informal aumentó en casi un millón de personas. La generación de empleo formal sigue siendo insuficiente y muchas personas buscan por su cuenta una fuente de ingresos, sin la seguridad social ni la protección laboral necesarias.

Al mismo tiempo, se agudizan problemas que comprometen la sostenibilidad de los avances. En salud, el desabasto de medicamentos, la insuficiencia de personal y la saturación de instalaciones dificultan que las aportaciones de trabajadores y empresas se traduzcan en atención oportuna.

En la justicia, los rezagos en la resolución de asuntos y la incertidumbre sobre la protección de derechos y el cumplimiento de contratos afectan las decisiones de inversión. Las empresas destinan recursos a reforzar su protección jurídica y algunas posponen proyectos. Son costos que reducen su capacidad para ampliar operaciones, incorporar tecnología y generar empleo.

Estas dificultades, junto con la presión sobre las finanzas públicas, muestran que sostener la recuperación exige atender problemas que hemos venido señalando en estas páginas. De ahí la importancia de retomar algunas prioridades para orientar las decisiones de los próximos años.

Recuperar la confianza exige mejorar la manera en que funcionan las instituciones. Esa confianza influye en la disposición de las empresas a invertir y hoy muestra señales de deterioro. De acuerdo con #DataCoparmex 2026, el porcentaje de empresas encuestadas que considera que es un buen momento para invertir cayó de 39.5% a 23% en un año.

En el sistema judicial, reducir los rezagos, resolver oportunamente y ofrecer criterios previsibles son requisitos concretos que permitirían recuperar certidumbre para ciudadanos y empresas.

México necesita un entorno en el que la legalidad, la productividad y la responsabilidad tengan ventajas reconocibles. Simplificar obligaciones, aplicar las reglas de manera pareja, crear estímulos fiscales a la inversión y contratar proveedores formales forman parte de ese propósito. También importa que las contribuciones de quienes cumplen se traduzcan en servicios públicos que protejan efectivamente a sus trabajadores y familias.

Elevar la productividad es indispensable para sostener mejores salarios y financiar las necesidades futuras del país. El envejecimiento de la población hará cada vez más importante generar mayor valor por cada persona que trabaja.

El éxito exportador necesita convertirse en capacidad productiva dentro del país. ¿Cuántas empresas mexicanas participan en esas exportaciones y cuánto valor generan? El elevado contenido importado de algunos de los productos más dinámicos refuerza la necesidad de desarrollar proveedores nacionales.

Ampliar la capacidad productiva exige también una mayor apertura del sector energético a la inversión privada. México necesita electricidad y gas suficientes, confiables y a precios competitivos, junto con infraestructura para su generación, transporte y almacenamiento.

La inseguridad también debe medirse por lo que impide hacer. La extorsión limita la libertad de trabajar y disponer del propio patrimonio. Prevenir estos daños exige inteligencia, coordinación y una respuesta decidida de las autoridades.

Las mejoras laborales deben considerar quién absorbe sus costos y cómo puede hacerlo. El diálogo tripartito debe encontrar mecanismos que hagan compatibles los nuevos derechos con la permanencia y el crecimiento del empleo formal.

El gasto público está creciendo más rápido que los ingresos y reduce el margen para atender las necesidades futuras. El déficit se amplió y el superávit primario disminuyó. Posponer los ajustes puede acumular desequilibrios que desemboquen en una crisis fiscal, deterioren la confianza, frenen la inversión y afecten severamente el crecimiento y el empleo.

La democracia debe ofrecer certeza sobre cómo se accede al poder y cuáles son sus límites. Rumbo a 2027, esa certeza exige reglas electorales claras, autoridades imparciales, vigilancia eficaz y respeto a los resultados.

El segundo año ofrece una mejor base que el primero, pero el avance salarial y la recuperación económica requieren condiciones que les den continuidad. El resultado deberá verse en más personas con empleo formal, empresas que decidan ampliar sus operaciones y familias que reciban los servicios por los que contribuyen. Desde el sector empresarial seguiremos impulsando el diálogo y las propuestas necesarias para que esa mejoría pueda sostenerse y alcanzar a más mexicanos.