La mayoría de los países desarrollados tienen un sistema de salud muy eficiente que no exige a sus ciudadanos pagos prohibitivos para cubrir costos médicos, hospitales, traslados, medicamentos, terapias y la burocracia que mantiene funcionando la maquinaria. En varios países, como Francia, los servicios médicos cubren a los ciudadanos y a cualquier persona que se encuentre en su territorio, como turistas, estudiantes, migrantes y desplazados.
Durante muchos años, México fue líder y ejemplo dentro del grupo de países en desarrollo en la implementación de la cobertura universal de servicios de salud. Iniciando operaciones el 1 de enero de 1944, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio a la tarea de garantizar el derecho a la salud, asistencia médica y protección de los trabajadores y sus familias. Sus fondos provienen de la retención de un porcentaje del salario a los trabajadores, los patrones cubren una cuota equivalente y ambas cantidades se mandan a las arcas del gobierno. Existe un modelo similar para los trabajadores gubernamentales: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Incluso la dictadura perfecta sabía que la salud es lo primero para cualquier familia.
La Secretaría de Salud federal se encargaba del mundialmente reconocido programa de vacunación nacional que logró erradicar del país enfermedades mortales o deshabilitantes, como la poliomielitis, la tuberculosis, la difteria, la tosferina y el sarampión. Contaba también con servicios de salud sexual y reproductiva, crucial para quienes están contagiados con VIH y para mujeres embarazadas, así como programas contra adicciones y de atención a la salud mental.
Pero en un país donde más de 50% de los trabajadores son informales, no tienen acceso a servicios de salud públicos. En atención a ello, durante el gobierno de Vicente Fox se creó el Seguro Popular, servicio que cubría a todas aquellas personas que no se encontraban afiliadas al IMSS ni al ISSSTE, y que se afianzó en los sexenios de Calderón y Peña. Muy lejos de la perfección, ya fuera por falta de presupuesto, número de trabajadores de salud y la perenne corrupción, la población en general tenía posibilidades de acceder a servicios de salud, medicinas gratuitas y atención, aun para enfermedades crónicas, incurables, complejas o de alto costo. Aun así, el sistema sanitario funcionó eficientemente. Ejemplo de lo anterior fueron las acciones tomadas ante la amenaza de la nueva variación de la influenza (H1N1) en el año 2009, epidemia que se detectó y contuvo en nuestro país, mostrando la capacidad de liderazgo en prevención a nivel mundial.
Con la llegada de López Obrador y su política de 90% lealtad, 10% de capacidad, el gobierno federal se llenó de zalameros y lambiscones, totalmente incompetentes, pero agradecidos por el hueso que les daban sus amos, comenzando con la destrucción del sistema público de salud en el peor momento. Transformó el Seguro Popular en el Insabi, que terminó desapareciendo por su ineficacia. Tras dos años de su administración, la peor pandemia en azotar a la humanidad en más de un siglo golpeó a México mucho más de lo necesario. Las políticas erróneas y estúpidas implementadas por Hugo López-Gatell, responsable de la dirección sanitaria en esta emergencia, y del mismo presidente, le costó la vida a más de 800,000 mexicanos. Cuando AMLO tomó el poder en 2018 eran 22 millones los mexicanos que no tenían acceso a servicios de salud; en el año 2024, este número aumentó a 44.5 millones (Inegi) y varias enfermedades que se habían erradicado comienzan a amenazar nuevamente, sobre todo a los niños; quebraron y colapsaron al sistema de salud nacional.
El cambio de sexenio no ha mejorado las cosas, al contrario, las ha empeorado: el director del IMSS lleva ocho años en su puesto, no hay a medicinas, las citas médicas tienen retrasos de meses, miles de cirugías postergadas por falta de insumos básicos. Las manifestaciones que, según la Presidenta, no existían, han tomado las principales ciudades del país. La primera línea de defensa en la salud está mal pagada, sobreexplotada y no hay estrategia para resolver en un futuro cercano. ¿De qué sirve tener a una científica en la Presidencia si su primera misión, que es proteger la vida de los mexicanos, no es cumplida?