Campo mexicano, entre baches y desperdicio
Casi 40% de la Red Alimentadora de caminos en México está en mal estado; la falta de infraestructura de acopio, refrigeración y comercialización afecta a 4.4 millones de unidades agrícolas
Caminos deteriorados, falta de sistemas de refrigeración y centros de acopio modernos, pobreza extrema y un sistema de comercialización asfixiante son problemáticas históricas que viven las cerca de 4.4 millones de unidades de producción agrícolas en Mexico.
Dichos problemas los reconoce la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sader) en su Diagnóstico integral del Programa Comercio Justo (S318) para este 2026.
En días pasados, al menos 150 productores piñeros de Veracruz lanzaron un llamado urgente ante una crisis de comercialización. Agricultores de Sotavento denunciaron que, aunque lograron una producción, no tienen vías ni compradores para distribuir su cosecha, lo que dejó a familias enteras sin ingresos.
Se trata de sólo un ejemplo de la realidad de quienes trabajan la tierra en México, sector que representa 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
“Los pequeños y medianos productores agrícolas, dedicados al cultivo de productos estratégicos como maíz, trigo y arroz, así como de hortalizas como cebolla, jitomate y chile, además de productos emblemáticos como frijol, café, miel y cacao, obtienen bajos ingresos por la venta de sus productos y enfrentan dificultades para acceder a circuitos comerciales que les garanticen un precio justo”, señala la Sader.
La dependencia subraya que dicha situación no sólo afecta el bienestar económico de los productores, “sino que también restringe su capacidad de reinversión en sus actividades productivas y limita sus posibilidades de crecimiento sostenible a largo plazo, ya que se excluye a los productores directos en los circuitos comerciales formales”.
Caminos rurales, un obstáculo
Uno de los principales frenos para el desarrollo rural es el estado físico de las vías de comunicación. Según datos de la misma Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), reflejados en la Cuenta Pública al cierre de 2024, 61.39% de la Red Alimentadora de caminos se encuentra en condiciones “transitables”, esto es en un estado físico bueno o regular.
Esto significa que 38.1% de la Red Alimentadora se mantiene en un estado físico malo, lo que convierte el traslado de cosechas en una misión de alto riesgo y costo.
Dicha red está conformada por los caminos rurales, que funcionan para “sacar cosechas” desde los poblados rurales hacia las cabeceras municipales, y las carreteras alimentadoras, que conectan a los municipios con las carreteras federales y estatales.
Los caminos rurales se identifican principalmente por tener un solo carril de circulación, siguen siendo de terracería y su construcción muchas veces no incluye obras de drenaje que permitan minimizar daños en la temporada de lluvias.
De acuerdo con el diagnóstico del programa presupuestario K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, en 2018, 40.3% de la red estaba en malas condiciones, por lo que, en seis años, el avance es de apenas 2.2 puntos porcentuales.
Además de un problema logístico, estas carencias se convierten en un factor directo de empobrecimiento para los productores, puesto que los caminos intransitables dificultan que los productos lleguen a los mercados urbanos en condiciones óptimas, castigando especialmente a los productores de cultivos perecederos como el jitomate, el chile y la cebolla, cuya calidad se degrada rápidamente ante los retrasos en el transporte.
La tragedia de la poscochecha
La ausencia de centros de acopio modernos y sistemas de refrigeración obliga a los agricultores a vender sus productos de manera inmediata tras la recolección.
La urgencia de los campesinos es aprovechada por los intermediarios, quienes adquieren las cosechas a precios irrisorios ante la imposibilidad de los productores de almacenar o refrigerar su mercancía.
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el asunto es grave, pues los intermediarios “retienen entre un 50% y un 70% del valor final de los productos agrícolas, dejando a los productores con márgenes de ganancia mínimos”.